Incertidumbre en Ecuador

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Mientras escribo este artículo aún no se conocen los resultados definitivos de las elecciones generales llevadas a cabo el 19 de febrero pasado, lo que impide saber a ciencia cierta si habrá una segunda vuelta electoral entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, aunque luego de un jalón de lengua de un perspicaz periodista, el Presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, se haya visto obligado a reconocer que el ballotage -segunda vuelta- era un hecho. Además, con los números como están en este momento es matemáticamente imposible que Moreno alcance los votos necesarios para ganar en primera vuelta.

Ahora bien, el Art. 141 del Código de la Democracia (la ley electoral de Ecuador), señala que el CNE podrá proclamar los resultados de las elecciones no antes de tres ni después de siete días contados desde aquel en que se realizaron las elecciones. Así, el organismo electoral podría entregar resultados incluso hasta el próximo sábado. ¿Por qué entonces la incertidumbre y desconfianza de la gente, que es tanta que ha llevado a un numeroso grupo de ciudadanos a plantarse en las afueras del CNE para vigilar el proceso electoral y exigir resultados inmediatos? ¿Por qué simplemente no esperamos en nuestros hogares que el CNE proclame resultados y los aceptamos con alegría o resignación?

La respuesta es sencilla: porque gracias a la Constitución de 2008 y sobre todo a la creación de una nueva función del Estado, la de Transparencia y Control Social, se estableció un entramado normativo mediante el cual los nombramientos de los principales miembros de los Organismos Constitucionales Autónomos (OCAS), como Contraloría, Superintendencias e incluso Defensoría del Pueblo, dependen del Ejecutivo. ¿Por qué?, porque estos son designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, otro de los organismos que dependen de la Función de Transparencia, mediante concursos públicos en los que, curiosamente, los nombrados son en la mayoría de los casos afines al oficialismo. Esto no es de extrañar cuando los mismos miembros o "consejeros" del CPCCS son simpatizantes del partido de gobierno, siendo incluso su Presidente ex secretario de Estado.

En el caso particular del CNE, éste no es la excepción, y la mayoría de sus miembros simpatizan con el oficialismo, existiendo denuncias incluso de que su presidente, Juan Pablo Pozo, es compadre de Rafael Correa. Esta cercanía se ha evidenciado en casi todo el proceso electoral, en el que el CNE ha sido bastante permisivo con el control del gasto en promoción que ha realizado el Gobierno de sus obras, justamente en tiempo de campaña electoral, lo que ha determinado una cancha inclinada a favor del oficialismo.

Ahora la posición del CNE y de su presidente es complicada. Nadie confía, ni siquiera el oficialismo, en el trabajo de conteo de votos que se está llevando a cabo, desconfianza que se ve ahondada por la celebración anticipada que hiciera Alianza País de su supuesto triunfo en primera vuelta y de las irresponsables declaraciones, tanto del presidente de la República como del candidato oficial, de qué, a pesar de lo dicho por Pozo, las posibilidades de ganar en primera vuelta "siguen intactas", generando más incertidumbre y malestar.

Es difícil prever en que terminará esta situación. Ante tanta suspicacia generada por la ausencia de independencia del organismo electoral y la debilidad institucional provocada por el correísmo nadie puede decir con seguridad si habrá o no una segunda vuelta, y si es que ésta hubiere (que es lo que matemáticamente debería suceder), no hay ninguna garantía tampoco de que la cancha deje de estar inclinada hacia el oficialismo, pero lo que si queda claro es que es deber del próximo Gobierno, sea cual fuere, reinstitucionalizar al país y brindar nuevamente independencia a los OCAS a fin de que exista una verdadera división de poderes, pesos y contrapesos, transparencia y fiscalización. El problema es que, si gana el candidato oficial, eso no sucederá.