Por qué las togas y las puñetas no se pueden manchar de vergüenzas

Foto: EFE

¿Por qué los jueces llevan toga, y la magistratura, además, tiene puñetas? La costumbre arranca en la antigua Roma, donde los senadores y altos magistrados llevaban esta túnica, que entonces era blanca, como símbolo de su rango y autoridad. Pero en 1694, el largo luto por la muerte de la Reina María de Inglaterra dejó el negro, y por influencia británica ese color acabó imponiéndose en gran parte del mundo. En la Universidad, la toga y el birrete de los rectores también son negros, expresión de su elevado cargo sobre el colegio de doctores, en el que cada carrera lleva el suyo: Medicina, amarillo; Humanidades, azul celeste; Ingenierías y Arquitectura, marrón; Derecho y Políticas, rojo; Veterinaria, verde; Comunicación, gris perla; Empresariales, naranja.... Jueces y magistrados, como los otros miembros del foro, abogados, procuradores, secretarios judiciales, cubren sus vestidos de calle con togas negras. Lleven vaqueros, pantalones bombachos o de pitillo, vayan sin corbata o con atuendos tan informales que rayan en el desaliño impropio, todos están igualados en la Sala de Vistas por la toga. Es la representación de la autoridad que les confiere impartir justicia en nombre del rey o del jefe del Estado en las repúblicas, cúspide de la soberanía del pueblo. Signo de su responsabilidad, que tiene como cimiento la independencia y la imparcialidad.

Para ejercer de juez, o magistrado, no solo hay que serlo, hay que parecerlo. Es de Ley. Es preciso mantener una distancia con las otras partes que intervienen en la causa. También la imparcialidad es bicéfala, ha de ser objetiva y subjetiva. Para que el justiciable, y la sociedad, a través de la opinión pública, confíe en el juez, éste tiene que tener la apariencia de imparcialidad. "Sin juez imparcial no hay propiamente proceso jurisdiccional", dice la STC 60/1995. Pero antes, la STC 145/1998 había dejado claro que se le exige al juez que sea ajeno tanto a las filias como a las fobias hacia las partes. O sea, imparcialidad subjetiva. El juez puede ser recusado cuando no cuente con estos dos requisitos; y eso significa que en el código ético de la judicatura, quien tenga filias o fobias, ideas preconcebidas sobre un caso, está incapacitado para juzgar y debe ser apartado, primero, de ese caso -si se trata de un hecho aislado-, pero si se es contumaz y el involucramiento llega a convertirse en parcialidad manifiesta -es decir, en la inducción o la realización de la prevaricación-, debe ser separado por el órgano de gobierno de los jueces, sin dilaciones indebidas. La dilación en la limpieza también puede ser tenida por complicidad y prevaricación. ¿Que es con buena intención? No importa. Como suele decirse desde viejo, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Canarias es a la vez reflejo de ese "algo huele a podrido" -no en la Dinamarca shakesperiana, sino en la España recuperada de Rinconete y Cortadillo -y a la vez, nuevamente, tubo de ensayo de que si algo puede ir a peor, irá a peor-. Las Islas ex-Afortunadas son ahora mismo el plató o el casting aturdido y asqueado de un culebrón en el que, no casualmente, también aparece el ex ministro José Manuel Soria López como uno de los elementos de una trama que comenzó a irrumpir coincidiendo con las elecciones del 20-D.

En aquel momento ya se dijo -también en El Huffington Post- que se había abierto una cacería contra una jueza, Victoria Rosell, que había pedido la excedencia para concurrir como candidata de Podemos al Congreso. Soria, enfrentado desde tiempo con el compañero de la magistrada-candidata, el periodista Carlos Sosa, por la incapacidad del político de entender en qué consiste la libertad de prensa, inició un acoso judicial en Las Palmas que llegó hasta el Tribunal Supremo, sin que nadie logre explicar, convincentemente, cómo pudo llegar por los cauces reglados. Los elementos clave de la denuncia, que algunos medios dieron con tanta ingenuidad como imprudencia y debilitada profesionalidad como cierta en sus hechos, fueron facilitados, según se ha ido probando después, por el concurso de un juez afín, Salvador Alba, que indujo y dirigió una declaración manipulada de un empresario al que la jueza Rosell investigaba.

Aquella declaración ilícita y forzada por un magistrado que pervirtió la imparcialidad se convirtió en dinamita para Soria y Alba cuando el empresario hizo pública la grabación en la que se demostraba la manipulación chantajista del magistrado Alba y la presencia en lontananza de Soria, cuya actuación se asemeja cada día más a Moby Dick, la ballena blanca, que hundía a todo el que se le acercaba, hombre o barco. Más tarde, y como lo que mal empieza, mal acaba, el cazador cazado, inevitablemente juez juzgado, decide grabar a compañeros del tribunal: empieza por uno que le sugiere llegar a un acuerdo extrajudicial con el empresario para cortar el escándalo, sigue por compañeros del tribunal hablando desenfadadamente, y a veces, frívolamente, de importantes casos que tienen que resolver.... Las cintas, y la acumulación de desvergüenzas e irresponsabilidades han causado un verdadero escándalo. Muchos jueces confiesan abiertamente su asco, "No somos así; esa es mala hierba que hay que arrancar", ha dicho alguno, otros no comprenden la pasividad del CGPJ.... El presidente del Gobierno de Canarias ha pedido el cese preventivo e inmediato del magistrado, así como Jueces para la Democracia, Podemos... inhabilitado éticamente por la pérdida de su imparcialidad. Y juez que pierde la ética, juez que se pierde.

Pero si grave para la democracia es la amplitud de estos comportamientos, peor es la pasividad corporativa. La falta de reacción de oficio del CGPJ, del Tribunal Supremo, ordenando una investigación urgente como es debido, que empiece por el principio de esta historia: cómo el juez Alba, por ejemplo, llegó a ser sustituto de la jueza Rosell, y para qué, y por qué se deshizo del juez de apoyo con que contaba la magistrada, y si algunas o todas las marrulleras medidas que adoptó estaban contaminadas por Soria. Porque en el ruido de fondo parece adivinarse un guionista, un apuntador, que como en las malas películas de tiros, también acaba muriendo. Los calamares gigantes viven el fondo; no sobreviven en la superficie.

El ex Fiscal general Eligio Hernández recuerda que este es un tema viejo, que ya fue denunciado en el Libro Blanco de la Justicia e 1997. "La sociedad percibe unas cierta sensación de no existencia de responsabilidad de jueces y magistrados. Se suele decir que, cuando un caso concreto es esencialmente grave y aparece en los medios de comunicación, es cuando operan los sistemas de control y de exigencia de responsabilidad, lo que es preocupante. Quizás por ello existe la sensación añadida de que denunciar hechos que se refieren a un juez es inútil (...) y, en cambio, se corre el peligro de que el ciudadano tema que el juez o magistrado afectado se resienta gravemente en su imparcialidad". "Los datos descarnados"- apuntilla Eligio Hernández- es que de los 1.413 escritos de denuncia contra jueces y magistrados recibidos en el CGPJ en 1996, solo en siete se impuso una sanción: "Una simple sanción de advertencia".

Veinte años después, o el Consejo General del Poder Judicial reacciona o la sociedad tendrá que reaccionarlo. Se ha convertido en un peligro por grave omisión del deber de socorro. Y sí, también junto a la preocupación por su pasividad, en un hazmerreir de dimensión europea. Ni las togas, ni los frac, ni la chatarrería en los pechos, ni los solemnes collares, ni los vacuos discursos engolados dan dignidad al que renuncia a cumplir con su obligación moral de defensor de la Constitución y vigilante celoso de las reglas del juego. (To be continued).