El acuerdo Repsol-YPF, punto por punto
El acuerdo le puede terminar saliendo barato a Argentina. Cierra así uno de los conflictos internacionales que tiene abierto y que hasta EEUU reclamaba por una solución. Argentina necesita inversores para su yacimiento estrella Vaca Muerta para poder reducir los 13.000 millones de dólares por año que gasta en importar gas y petróleo.
Casi dos años después de la expropiación del 51% de YPF que estaba en manos de Repsol, el gobierno argentino, acorralado por otra crisis económica, aceptó compensar a la empresa española con 5.000 millones de dólares. Las 123 páginas del acuerdo a disposición y analizadas.
El jueves 27 de febrero, entre las 10 de la mañana y las dos de la tarde, se firmaron las cuatro copias del Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación entre el gobierno argentino y directivos de Repsol. Pasó tanta agua debajo del puente desde el 16 de abril de 2012 al mediodía, cuando la presidente Cristina Fernández anunció la expropiación, que de los principales protagonistas del conflicto original, tan sólo Axel Kicillof, ministro de Economía argentino, estampó su firma para cerrar un diferendo que, junto con otros factores, dejó al país sin inversiones, sin ingreso de divisas, con menos producción de gas y petróleo y más descrédito internacional.
El gobierno argentino pasó de ser el gran ganador en pos de una epopeya nacional petrolera a un perdedor que busca explicar que su derrota fue con dignidad. El acuerdo fue informado como una "compensación" a Repsol de 5.000 millones a pagarse en varios tipos de bonos de deuda a cancelarse hasta 2033 con tasas de interés que varían entre 7 y 8,75 por ciento. Las autoridades argentinas lo celebraron como un paso importante para recuperar inversiones, como una muestra de que el país honra sus compromisos y como un puente para reinsertarse en el escenario internacional.
De todas maneras, lo más rico del convenio está en la letra chica. La cláusula séptima presiona en tiempo a los argentinos. Establece que para el 1 de mayo, el convenio debe ser aprobado por ley especial del Congreso "de manera plena e incondicionada" y con la norma promulgada y publicada en el Boletín Oficial. Las sesiones parlamentarias en Buenos Aires comienzan el 1 de marzo y se espera que el acuerdo Repsol-YPF sea el primer proyecto de ley a tratar. El Congreso debe autorizar la emisión de la nueva deuda para compensar a la empresa española.
El problema que se plantea a Cristina Fernández es que ya no tiene la mayoría absoluta parlamentaria de otros tiempos. Y la oposición, que celebró el acuerdo pero que aprovechó para reprochar el costoso y desprolijo método de expropiación a los españoles, seguramente hará leña del árbol caído. Varios legisladores recordaron el discurso vehemente y agresivo del ministro Kicillof al momento de la estatización en la que puso en duda el pago de una compensación. Hasta había deslizado el cobro a Repsol -aunque luego el ministro de Planificación, Julio de Vido, lo hizo más explícito- de algún daño ambiental.
Federico Sturzenegger, legislador del partido opositor PRO y economista, fue uno de los tantos que puso el dedo en la llaga. Estimó que el costo total del convenio -incluyendo el pago de los intereses de los bonos- podría superar los 11.000 millones de dólares, por encima de los 10.500 millones de dólares que pedía la compañía española en un tribunal de arbitraje internacional. Otros hicieron cuentas sobre todo lo que podría haber mejorado con semejante cantidad de dólares el país en su inhumano servicio ferroviario en estos últimos dos años, en los que sucedieron dos accidentes con casi 100 muertos en total.
Por todo esto, se espera un arduo debate en el Congreso argentino. Y habrá que ver si los tiempos acordados, se cumplen. Para el 7 de mayo está previsto que las partes levanten las acciones judiciales entabladas relacionadas con la expropiación.
Otro aspecto del acuerdo que muestra la desconfianza entre los firmantes es la cláusula 8 del acuerdo. Establece que el pago del capital y los intereses de los títulos será en DÓLARES (escrito así todo en mayúscula en el convenio) "sin restricción alguna, ya sea cambiaria o de otra naturaleza". También se le exime a Repsol del pago de impuestos por estos cobros. Cabe aclarar, que uno de los graves problemas de la economía argentina es justamente sus restricciones al acceso a divisas -especialmente dólares, este vez con minúscula- ya sea para el ahorro de particulares o empresas que quieran importar o girar ganancias al exterior por la caída de más de 12.000 millones de dólares de reservas del banco central en 2013.
La posición política del gobierno kirchnerista se ha debilitado tanto en los últimos tres meses por una devaluación del peso de 20%, por una inflación por encima del 30% anual y la caída en la actividad económica en general, que el gobierno tuvo que ceder más garantías a Repsol para poder infomar una buena noticia. Por ejemplo, que el Banco Nación ponga como garantía 150 millones de dólares para cubrir el pago de intereses de la deuda nueva a emitirse. Además, los intereses de los bonos se pagarán semestralmente, cuando en general, en un contrato de deuda sin tanto recelo, es una vez al año.
Antonio Brufau, el CEO de Repsol, y gran conocedor de la problemática política local, en la única entrevista a un medio argentino, planteó el deseo de que en los dos países se interprete al acuerdo de la misma manera. "El acuerdo es muy equilibrado, es razonable y me gustaría creer que lo consideren igual desde la óptica argentina. Hay que felicitarse".
Sin lugar a dudas, el acuerdo le puede terminar saliendo barato a Argentina. Los 5.000 millones de millones de dólares a Repsol y lo que reste de intereses a los tenedores de los bonos a 2024 y 2033 será menos de lo que ganará el país. Cierra así uno de los conflictos internacionales que tiene abierto y que hasta EEUU reclamaba por una solución. Argentina necesita inversores para su yacimiento estrella Vaca Muerta para poder reducir los 13.000 millones de dólares por año que gasta en importar gas y petróleo. Argentina necesita del apoyo de España y de EEUU para cerrar la renegociación de su deuda con el Club de París, recientemente retomada. Argentina necesita de gestos como éste para que el gobierno norteamericano intervenga a su favor ante su Corte Suprema y acepte tomar el juicio iniciado por fondos de inversión que todavía reclaman por el default argentino de 2001. Argentina necesita que se destraben sus exportaciones a la Unión Europea de biodiesel, una de las fuentes de ingresos en dólares de la última década.
Y tal vez a partir de 2015, una vez encaminado todo lo antedicho, el próximo presidente argentino pueda buscar nuevos fondos en el mercado internacional a un tasa razonable de entre 3% y 5% como ya lo hicieron países vecinos como Brasil, Uruguay o Bolivia. Ahora, el gobierno de Cristina Fernández dio un primer paso para volver a ser un país confiable. Lástima que fue tarde, bajo presión y se pagó caro durante estos últimos dos años.
Este artículo también se podrá leer en el blog del autor La revancha de Keynes
