Junqueras vuelve a pedir al Supremo que retrase el inicio del juicio

La defensa del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y del exconseller de Exteriores Raül Romeva ha vuelto a pedir al TS que aplace al menos unos diez días el inicio del juicio por el "procés", que está previsto que empiece el próximo 12 de febrero, para tener más tiempo para examinar las pruebas.

El abogado Andreu Van Den Eynde ha presentado un recurso de súplica a la sala del Supremo que juzgará a los líderes independentistas en el que pide un margen de al menos tres semanas entre la fecha en que se notificó el señalamiento del juicio -el pasado viernes 1 de febrero- y el inicio de la vista oral.

De admitirse la petición de esta defensa -en la misma línea de la que ha presentado hoy el abogado de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y del diputado de JxCat Jordi Sànchez- el juicio por el "procés" se retrasaría a, como mínimo, el 22 de febrero próximo.

Van Den Eynde ya pidió al Supremo la semana pasada, antes de que se fijara la fecha del juicio, que dejara un margen de tres semanas entre el señalamiento y el inicio y este martes ha vuelto a insistir en ello argumentando que necesita tiempo para examinar la abundante documentación que las partes han solicitado, como prueba anticipada, antes de que comience la vista oral.

En su recurso, el abogado también impugna la decisión del Supremo de no revelar en su auto de admisión de pruebas la identidad de los testigos protegidos, pese a que, argumenta Van Den Eynde, así lo establece la ley cuando alguna defensa lo solicita de forma motivada.

Para Van Den Eynde, esa cuestión "se vincula de forma directa con el derecho al juicio justo", como "reiteradamente" ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "especialmente preocupado por la gestión que en el proceso penal debe hacerse respecto a los testigos protegidos, sean anónimos u ocultos".

La defensa de Junqueras y Romeva formula también su protesta por la denegación de algunas de las pruebas que planteó para el juicio del "procés" y su negativa a reconstruir los autos por la "desaparición" de un documento, concretamente una inhibitoria -sobre la competencia para enjuiciar el caso- que se planteó en un escrito del 22 de marzo del año pasado.

Para el letrado, "no se entiende qué perjuicio puede acarrear a las partes que se reconozca por la sala el extravío de un documento presentado en tiempo y forma ni qué dificultad existe en resolver la unión a los autos de tal pretensión de la defensa. Los autos deben mostrar la imagen fiel de lo sucedido durante su tramitación", añade el recurso.

Turull, Rull y Sànchez también lo solicitan

Por su parte, la defensa de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y del expresidente de la ANC Jordi Sànchez también ha pedido un aplazamiento de tres semanas.

Asimismo, el abogado de los tres encausados ha solicitado en otro escrito su puesta en libertad para que se pueda garantizar su derecho a la defensa, tras denunciar que en la cárcel de Soto del Real se les está impidiendo el acceso a los ordenadores donde tienen almacenados los miles de folios del sumario, y ello pese a la autorización expresa del propio tribunal para poder utilizarlos.

En el primero de los escritos, el abogado pide la suspensión del inicio de la vista el 12 de febrero debido a que no se ha recibido íntegramente "la abundante prueba anticipada que ha sido admitida mediante auto de 1 de febrero de 2019".

Por ello, el letrado, Jordi Pina, solicita que se dé un plazo de tres semanas a las partes, desde que dispongan de la totalidad de los documentos, "para que puedan instruirse del contenido de dicha prueba".

También las defensas del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, presentaron la semana pasada sendos escritos para pedir al Supremo que les diera un margen de tres semanas para organizarse, entre la fecha del señalamiento del juicio y el inicio de la vista oral.

Como en el caso de Junqueras y Cuixart, el escrito de Jordi Pina emplaza al Supremo a concederle ese margen de tiempo de tres semanas para estudiar la prueba anticipada, con el fin de garantizar "el efectivo ejercicio del derecho de defensa" de sus clientes y del resto de las partes.

En el segundo escrito, la defensa de los tres encausados indica que en la prisión de Soto del Real "se está impidiendo a mis mandantes el acceso a los ordenadores en cuyo disco duro tienen grabados los miles de folios y archivos videográficos que integran el presente sumario", y ello "pese a lo acordado por este Tribunal por providencia de 30 de enero de 2019".

El letrado resalta que ello "comporta una evidente y ya efectiva vulneración de su derecho de defensa y su derecho fundamental a la igualdad ante la ley con respecto al resto de acusados no privados de libertad" y que, ante esta situación, pide a la Sala que "acuerde la inmediata puesta en libertad de mis mandantes".

Según la defensa de los tres acusados, hasta última hora de ayer los acusados no tenían acceso a sus ordenadores personales en la prisión, aunque se les permitió acceder a un equipo informático en la ludoteca del centro penitenciario, que no contiene la causa, por lo que tampoco les era de utilidad alguna para prepararse el juicio.

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