El Gobierno lleva al Congreso un presupuesto con el mayor crecimiento social desde 2009
Arranca la tramitación de unas cuentas que no tiene los apoyos todavía y que son clave para aguantar la legislatura.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 han llegado este lunes al Congreso de los Diputados para iniciar su trámite, que será clave en la legislatura de Pedro Sánchez, ya que si no prosperan cobraría fuerza la idea de un adelanto electoral.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha entregado el proyecto de Ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para explicar posteriormente unas cuentas que prevén una recaudación tributaria récord de 227.356 millones de euros, un 9,5% por encima de la cifra lograda en 2018 de acuerdo al avance de liquidación.
Montero se afanará por defender estas semanas unas cuentas que destinan el 57,31% del total del Presupuesto consolidado a gasto social y en las que de cada 100 euros, 42,1 se dirigen a pensiones. Unas cuentas que el Gobierno señala que beneficiarán a las clases media y con menos ingresos y que servirán como antídoto ante los populismos y la extrema derecha. Una ley, ha recalcado la ministra, comprometida con la igualdad y "feminista".
El Gobierno se ha marcado tres grandes objetivos con las cuentas: potenciar las políticas sociales, proteger el crecimiento económico y continuar con la reducción del déficit público.
Y unas cuentas que incrementan significativamente -más del cuarenta por ciento- la inversión territorializada en Navarra, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. De hecho, Montero ha destacado que se cumple con la previsión del Estatut al destinarse un 18,5% para esa comunidad (2.251 millones de euros).
El gasto social: 209.510 millones de euros
El gasto social presupuestado para 2019 ascenderá a 209.510 millones de euros y representa el 57,3% del total, y supone un incremento de 12.599 millones respecto a 2018.
Según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, el gasto en Dependencia incluye la recuperación del convenio especial para cuidadoras no profesionales y el abono por parte del Estado de las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que beneficiará a 180.000 personas.
El incremento en el gasto social es el mayor crecimiento desde 2009, según afirma Hacienda, que en el resumen ejecutivo del libro amarillo destaca iniciativas como la subida del 1,6% de las pensiones generales, y del 3% de las mínimas y no contributivas, así como la supresión del copago farmacéutico para los pensionistas con bajo nivel de renta.
En el ámbito de la dependencia se mejoran las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado, de manera que se incrementan los recursos del programa de Autonomía Persona y Atención a la Dependencia en 831 millones de euros.
En materia de Educación se incrementa en 150 millones de euros la partida destinada a becas y se destinan otros 50 millones para material escolar gratuito en las etapas obligatorias.
Asimismo, se inicia el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital y se elevan las ayudas para comedor para familias en riesgo de exclusión social en 25 millones de euros.
El Estado vuelve a prestar más de 15.000 millones para pensiones
El Estado prestará 15.164 millones de euros a la Seguridad Social para equilibrar su déficit en 2019 y garantizar el pago puntual de las pensiones, la misma cifra que prestó en 2018, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos.
El articulado de la Ley detalla que este préstamo, que no devengará intereses y su cancelación se producirá en un plazo máximo de diez años a partir de la fecha de su concesión, servirá para proporcionar una cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar su equilibrio presupuestario.
Este préstamo será utilizado a lo largo del año para abonar las pagas extra de las pensiones, junto a un importe aún sin determinar que se extraerá del fondo de reserva de la Seguridad Social, en el que quedan unos 5.000 millones de euros.
Los gastos consolidados suben un 5,1%
El presupuesto consolidado de gastos ascenderá en 2019 a 472.660 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1% respecto a las cuentas de 2018, según el proyecto de ley, que recoge unas operaciones no financieras de 345.358 millones de euros, el 73,1% de todo el presupuesto consolidado y un 5,3% más en comparación con el ejercicio anterior.
Las transferencias corrientes, por su parte, es el capítulo con mayor dotación, con un importe de 261.961 millones de euros, que representa el 55,4% de los gastos consolidados, un 5,4% más que un año antes. Si a este importe se le añaden las transferencias de capital, que ascenderán a 9.735 millones (+3,3%), el 57,5% del presupuesto consolidado se destina a partidas a otros agentes, públicos y privados, de la economía.
Por su parte, los gastos de personal ascenderán a 23.372 millones de euros, un 3,9% más que un año antes, y los gastos corrientes de bienes y servicios suman 8.588 millones de euros, un 5,5% más. De su lado, los gastos financieros, que sumarán, 31.449 millones de euros, caerán un 0,5% como consecuencia de los menores intereses de la deuda pública.
El fondo de contingencia y otros imprevistos contará con una dotación de 2.501 millones de euros, un 9,9% más, mientras que las inversiones reales, con un presupuesto de 7.753 millones, crecerán un 2,3%, quinto crecimiento consecutivo desde el inicio de la crisis económica, aunque muy por debajo del aumento del 14,8% del año pasado.
Dentro de las operaciones no financieras, los activos financieros sumarán 35.325 millones de euros, un 12,6% menos; mientras que los pasivos financieros, con 91.976 millones, crecerán un 13%.
Por último, las operaciones financieras alcanzarán los 127.301 millones de euros, un 4,5% más que el importe presupuestado para 2018.
La partida de vivienda sube más de un 40%
La partida destinada a política de vivienda será de 678,69 millones de euros, lo que supone un incremento del 41 % sobre los 481,46 millones de euros que fueron dedicados a esta materia en el proyecto presupuestario para 2018.
El mayor área de esta partida es el destinado a promoción, administración y ayudas para la rehabilitación y el acceso a la vivienda, que asciende hasta los 649,77 millones de euros, con un aumento del 44,3 % respecto al proyecto presupuestario anterior.
La ordenación y fomento de la edificación contará con 27,28 millones de euros, el 7,4 % menos, mientras que el tercer área, el de urbanismo y política de suelo, tendrá 1,64 millones de euros, el 0,1 % más.
En el proyecto para 2019 el Gobierno especifica que la política de vivienda tiene dos ejes (fomento del alquiler y fomento de la regeneración urbana y rural), con especial atención a las personas objeto de desahucio y las ayudas a la accesibilidad universal.
La cifra más alta de la historia en becas
El proyecto contempla una dotación total de 1.780 millones de euros para el programa de becas y ayudas a estudiantes, los que supone 205 millones más que en 2018, "la dotación más alta de la historia", destaca el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La partida destinada al sistema general de becas y ayudas al estudio se incrementa 150 millones en 2019, hasta alcanzar un total de 1.620 millones, con el propósito de que el aumento total de becas para el curso escolar 2019/2020 'sea de 536 millones de euros'.
Además, y de forma adicional con cargo a los créditos de este programa, se financia la mayor parte de la aportación de 34 millones de euros para el desarrollo del programa Erasmus+, las becas para el aprendizaje de lenguas extranjeras y las becas Séneca, que se recuperan en 2019, subraya el Gobierno.
Las fechas clave
Ahora toca la tramitación parlamentaria. El Congreso ha aprobado el calendario de tramitación, que fija el día 13 de febrero como la primera votación en sesión plenaria, donde se decidirá si el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez sigue su curso o es tumbado por la oposición.
Así, en esa sesión plenaria del 12 y 13 de febrero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defenderá el proyecto debatirá con los grupos que hayan pedido la devolución de las cuentas a través de sus enmiendas de totalidad.
Todas ellas se votan en una única votación, pues piden lo mismo: tumbar los Presupuestos y devolver las cuentas al Gobierno. Para superar este trámite y lograr la supervivencia de sus Presupuestos, Sánchez deberá contar con unos apoyos que a día de hoy no tiene atados.
De continuar su tramitación, se abrirá entonces un plazo para que los grupos presenten sus enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos, que se extenderá hasta el día 15 de febrero.
A partir de entonces, el proyecto pasaría a discutirse en fase de ponencia, donde los grupos podrán debatir a puerta cerrada las cuentas e introducir las primeras modificaciones. Para ello, el Congreso ha dado un plazo de dos semanas, hasta el día 1 de marzo.
La semana siguiente, el proyecto llegará a la Comisión de Presupuestos, donde ya en abierto se someterán a votación las enmiendas parciales, sección por sección. Este debate en Comisión está previsto que tenga lugar a lo largo de la semana del 4 de marzo, ya que concluirá a más tardar el viernes 8 de marzo.
Al Senado en marzo
Si consigue superar todas estas fases, el proyecto llegaría al Pleno, que debatirá entre los días 11 y 13 de marzo aquellas enmiendas que hayan sido rechazadas durante las anteriores fases y que aún queden 'vivas'.
En este trámite no habrá una votación conjunta, sino que se irán debatiendo y votando cada una de las distintas partes de la Ley y las cuentas de las distintas secciones presupuestarias, y la no aprobación de las cuentas de un ministerio, sea cual sea, supondrá el derribo de todo el proyecto de Presupuestos. Aquí ya no le vale el empate el Ejecutivo, sino que necesitará sumar más votos a favor que en contra en todas las votaciones determinantes.
En caso de superar las votaciones de las secciones, el Congreso aprobará los Presupuestos de 2019 y los remitirá al Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. El rechazo de la Cámara Alta podrá ser levantado después por el Pleno Congreso, pero con mayoría absoluta.
