Jorge Jiménez, a prisión por no indemnizar a un policía: "No hice lo que dice y no daré dinero a quien desahucia a familias"

El 14 de enero de 2016, Jorge Jiménez acudió a Vallecas con otros compañeros de la Asamblea de Vivienda de Moratalaz con el fin parar un desahucio. Bankia dejaba en la calle a Massiel y sus dos hijas (de 18 meses y 3 años), al echarlas de la vivienda que ocupaban desde septiembre de 2014. Jorge y otra treintena de personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) trataron de impedir que la Policía entrase a la casa con una cadena humana, frente a un dispositivo policial "desproporcionado" según la PAH. Varios de ellos fueron identificados. A raíz de ese incidente, Jorge podría ingresar en prisión por supuestamente pisar la mano a uno de los agentes, hechos que él niega. participar en una acción contra un desahucio, acusado de pisar la mano a un policía, hechos que él niega.

Massiel, en ese momento madre soltera en paro, no recibía más que 70 euros al trimestre de ayudas sociales. Tuvo que irse a dormir a casa de una amiga. Según indicaron los activistas que participaron, tuvieron que "formar una cadena y sentarse en el suelo hasta que la Policía la disolvió a la fuerza". Tres personas fueron atendidas por el Samur y una mujer embarazada tuvo que ser trasladada al hospital para que evaluasen sus lesiones. Además, otros dos participantes fueron multados con 200 euros por la Ley Mordaza.

"Aún hay varios policías con un juicio pendiente por esa actuación", cuenta Jorge. Es miembro del colectivo Distrito 14, cuya sede es una sucursal de Bankia ocupada en el barrio de Moratalaz. Allí, varios jóvenes planean acciones positivas para su barrio como protestas contra las casas de apuestas o la concienciación contra la violencia machista durante las fiestas.

"No lo hice y no voy a dar dinero a quien desahucia familias"

Admite estar nervioso por la espera. Está pendiente de recibir la carta de la jueza que le indicaría el día del ingreso en prisión. "Hay una sentencia firme", cuenta a El HuffPost en una mesa de reuniones de su local, cuyas paredes se cubren de murales hechos por ellos mismos de la famosa imagen del 'No pasarán' en Madrid, del símbolo feminista y de la famosa activista por los derechos civiles Angela Davis.

La jueza que lleva el caso, Cristina Díaz Márquez, fue cesada de la dirección general de Política Interior, a la que llegó bajo la dirección de Jorge Fernández Díaz y donde continuó tras el nombramiento de Juan Ignacio Zoido, como cuenta el diario Público. Además, fue la voz del Gobierno de Mariano Rajoy durante la huelga general de marzo del 2012 y en 2009 rechazó reabrir la causa sobre borrado de archivos informáticos de la Moncloa. En julio de 2013, recibió la Cruz al Mérito de la Policía Municipal de Madrid.

Está acusado de atentado y lesiones contra la autoridad y él niega los hechos. "El policía decía que le había pisado la mano", cuenta. Esta es la razón por la que le pedían un año de prisión y 2.400 euros de indemnización para el agente. Una cantidad que, con la sentencia firme, se ha rebajado pero que no piensa pagar: "Lo tengo claro desde el primer momento. Primero, porque no hice lo que el policía dice y segundo, porque no voy a dar dinero a alguien que se dedica a desahuciar familias". Cree que su caso sirve para "poner de relieve que sigue habiendo desahucios, que la PAH es la única que a día de hoy garantiza el derecho a una vivienda digna y que la palabra de la Policía sigue sirviendo para condenar personas".

"Nadie había visto nada"

"Me identificaron en el desahucio y me llamaron al día siguiente. Me dijeron que o me presentaba en comisaría o vendrían a detenerme al trabajo o a casa y me presenté", cuenta. Tras presentarse, le llegó la petición de la Fiscalía, con un año de prisión e indemnización. El juicio tuvo lugar en febrero de este año: "El policía llevó a cuatro agentes que no habían visto nada y testificaron sólo que su compañero les había mandado identificarme". Además, la perito forense "no pudo afirmar que el parte de lesiones presentado por el policía con lo que él narraba, que decía que le había pisado la mano". Esto le dio esperanza para pensar que se archivaría el caso y salió contento del juicio.

Pero no fue así: "En marzo salió la sentencia y me condenaban a 7 meses de cárcel y la mitad de indemnización". Para no ir a la cárcel se deben cumplir tres requisitos: no tener antecedentes, que la condena sea menor de dos años y hacer pago a la responsabilidad civil. Él entrará en la cárcel por no pagar la indemnización, los otros dos requisitos los cumple. "No es lógico", asegura el joven, "éramos una persona por policía, a nadie se le ocurre agredir a uno de ellos y quedarse ahí a que lo identifiquen o lo detengan".

Durante una rueda de prensa celebrada en el Teatro del Barrio, el abogado de Jorge aseguró que esto demuestra que "con la palabra de un policía alguien puede ser condenado. Porque es lo único que hay. De 30 policías ninguno vio a Jorge agredir y el informe pericial no coincide".

Jorge lo tiene claro: "Yo no iría a la cárcel si no hubiera desahucios y mentiras de la policía". Este caso le afecta ya en su día a día: "Me estaba preparando unas oposiciones a las que no podré optar, perderé mi trabajo y mi casa y mi familia está afectada". A pesar de eso, no se arrepiente de nada: "Estoy orgulloso de ser militante de izquierdas de barrio, un miembro de Distrito 14, de llevar más de cinco años acudiendo a los desahucios y echando una mano, cosa que seguiré haciendo al salir de prisión. Además, respeto y admito el trabajo de la PAH y las asambleas de vivienda. El único camino para frenar la represión es la organización".