El Supremo confirma cuatro años y medio de cárcel para Rato por las 'tarjetas black'
Por apropiación indebida mientras dirigió Caja Madrid.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado una pena de prisión de cuatro años y medio para el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black durante el tiempo que estuvo al frente de Caja Madrid.
La sentencia del alto tribunal confirma la resolución dictada por la Audiencia Nacional el 23 de febrero de 2017, que dio por acreditado el gasto de más de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012, así como el uso personal de los plásticos a sabiendas de que era una práctica ilegal y de que causaron un quebranto al patrimonio de la caja extinta.
Rato "mantuvo y amplió un sistema pervertido desde su origen", sostiene la sentencia. Al considerar insuficiente los límites de gastos que permitían las tarjetas, se decidió facultar a sus titulares a utilizarlas en su beneficio sin necesidad de justificar que se habían empleado en gastos indemnizables, "lo cual, en aquella época estaba fuera de la ley".
Los condenados actuaron como si fueran "dueños del dinero", invirtiendo los importes que consideraron oportunos en desembolsos que ellos mismos decidieron. De ahí que el Supremo reconozca que se perjudicó el patrimonio de la entidad.
Según la sentencia, dadas sus responsabilidades, experiencia y preparación para el cargo, Rato no podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas, pese a lo cual "mantuvo el sistema e incluso lo amplió a otras personas"; primero, a su favor, y, ya en Bankia, de sus más estrechos colaboradores.
Entrará en la cárcel
Al tratarse de una condena de cuatro años y medio por un único delito no hay opción de suspenderla. De este modo, una vez notificada, el Supremo devolverá las actuaciones a la Audiencia Nacional, que emitirá la ejecutoria para el ingreso en prisión.
Aunque la ley no establece un límite en concreto para la entrada, los tiempos para que el condenado comience a cumplir su pena de forma voluntaria suelen ser muy cortos, entre 5 y 10 días. De no hacerlo, se emitiría una orden de búsqueda.
La firmeza del fallo no impide a Rato elevar su causa a instancias más altas. No obstante, aún presentando un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de su honor e intimidad -derechos fundamentales a los que ya aludió durante el juicio-, lo normal es que no se suspenda la ejecutoria.
Un supuesto que se repite de solicitar un eventual indulto al Gobierno, la cual es, a día de hoy, la vía menos factible.
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