Las claves para entender el veto a la candidatura de Lula

El próximo 7 de octubre, Brasil está llamado a elegir a un nuevo presidente, el sucesor de Michel Temer. Pero hay un problema: el candidato favorito en todas las encuestas no es ya ni siquiera candidato. Luiz Inacio Lula da Silva, el que fuera presidente durante dos mandatos (2003-2010), ha visto cómo el Tribunal Electoral decidía el pasado sábado que no puede presentarse al estar condenado a 12 años de prisión por un caso de corrupción.

Su formación, el Partido de los Trabajadores (PT), ha anunciado diversos recursos y sigue haciendo campaña con su rostro, insistiendo en que es un cabeza de lista limpio, perseguido políticamente, víctima de un "golpe", alguien inocente que no tiene que buscar sustituto. Y es que tampoco lo tienen, porque el número dos de Lula, hoy, no levanta pasiones y no garantiza ni pasar a la segunda vuelta en las elecciones, que debe celebrarse el 28 del mismo mes.

A continuación tratamos de darte las claves para entender una coyuntura que tiene en vilo al país, en la que se mezclan los anhelos de acabar con la corrupción, las dudas sobre la justicia patria y la confianza inquebrantable hacia el líder más querido de su historia reciente.

¿Lula, candidato?

El pasado sábado, el Tribunal Superior Electoral de Brasil decidió -por seis votos contra uno- anular la candidatura presidencial de Lula (72 años), al frente del PT. El motivo alegado para tomar esta decisión fue que se trata de un aspirante condenado en segunda instancia. Desde 2010 hay una ley, la llamada "de ficha limpia", impulsada por el propio expresidente, que impide que una persona con una condena ratificada por dos tribunales se postule a cualquier cargo electo. Fue una de las medidas estrella en su combate contra los corruptos, precisamente.

Sin embargo, su partido ha emitido un comunicado en el que sostiene que esa norma tiene excepciones que se pueden aplicar y no se está haciendo. "El artículo 26-C de esta ley dice que la inelegibilidad puede ser suspendida cuando haya un recurso plausible" de la persona juzgada, y Lula tiene dos recursos vivos en la justicia contra sendas sentencias condenatorias: la que primero le impuso nueve años de prisión y la que luego elevó la pena a 12 años por aceptar sobornos a cambio de tratos de favor a empresas en contratos públicos.

"Es mentira -abunda la nota- que Lula no podría participar en la elección porque está preso. El artículo 16 bis de la Ley Electoral prevé que un candidato sub judice (en fase de juicio) puede efectuar todos los actos relativos a la campaña electoral, incluso utilizar el horario electoral gratuito en la radio y en la televisión y tener su nombre mantenido en la urna electrónica. De ahí que el PT afirme que "en Brasil hay una justicia para Lula y otra para todos los demás".

Entre los altos mandos de su formación y también entre la militancia de base empezó a darse por seguro, el mismo sábado, que Fernando Haddad, el compañero de fórmula de Lula como candidato a la vicepresidencia, sería el nuevo líder del partido, en ausencia del antiguo sindicalista. Sin embargo, el propio Haddad fue el encargado de anunciar, el lunes, que la batalla judicial de Lula por defender su candidatura no ha acabado y que van a "adoptar todas las medidas jurídicas necesarias para garantizar el registro de la candidatura" del expresidente.

Para defender a su cabeza de cartel, el PT ha anunciado ya dos recursos extraordinarios con los que apelar tanto al Supremo Tribunal Federal (por la vía penal y por la electoral) como al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta corte, hasta ahora, ha sido hostil a Lula y ha negado uno a uno todas las peticiones de su defensa para lograr su libertad de la cárcel de Curitiba, donde se encuentra desde que se entregó el pasado abril. Pocas posibilidades tienen, pues, de prosperar estas nuevas reclamaciones, pero es una postura pactada con el propio Lula, a quien la cúpula del partido visitó en la cárcel y le dio cuenta de la decisión judicial.

Los recursos deben resolverse en 10 días, por lo que a mediados de septiembre se sabrá si prosperan, si Lula mantiene posibilidades de presentarse a las elecciones o si, definitivamente, hay que buscar una alternativa. Haddad, que fue alcalde de Sao Paulo (12 millones de habitantes, la ciudad más poblada del país) y ministro de Educación en las eras de Lula da Silva y Dilma Rousseff, es quien tiene todas las papeletas de suplir a Lula si llega ese momento. "Lula es inocente, así que no aceptamos a ningún otro candidato", resume aún la presidenta del partido y senadora Gleisi Hoffman.

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En su pelea, el expresidente brasileño cuenta con una importante ayuda de personalidades que creen en su inocencia y que defienden su salida de prisión y su concurrencia a los comicios. Lógicamente, es la izquierda la que más lo arropa.

Entre los líderes que han roto una lanza por él se encuentran la expresidenta chilena Michelle Bachelet (nueva alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos), el exmandatario francés Francois Hollande, el presidente boliviano Evo Morales y hasta 29 senadores estadounidenses, entre los que está el demócrata Bernie Sanders. Los legisladores estadounidenses mandaron una carta en la que sostienen que "los hechos del caso del presidente Lula hacen parecer que el principal objetivo de su encarcelamiento es prohibirle participar en las elecciones".

Las encuestas están con él, pero sólo con él

Por el momento, el Partido de los Trabajadores sigue intentando que, a cinco semanas de las elecciones y con la campaña ya abierta, con lo espacios televisivos en marcha y la cartelería en la calle, siga siendo el rostro de Lula el que lo llene todo. Cuanto más se le vea, más posibilidades de calar en el votante, entregado al expresidente pero no así, necesariamente, ni a su formación ni a su posible sustituto (sea quien sea). No obstante, en este contexto de indefinición, ya tienen el primer revés: el Tribunal Superior Electoral les ha vetado una campaña de radio en la que se decía: "comienza ahora el programa Lula presidente".

Desde que ingresó en prisión en abril y hasta que fue proclamado candidato formal, el pasado 15 de agosto, Lula ha sido siempre, sin duda, el candidato del PT. Su gente no ha dejado la puerta abierta a nada más. No se lo pueden permitir. Lo dicen las encuestas. Desde inicios de 2017, Lula siempre logra una intención de voto de entre el 39 y el 42%, según los sondeos. El dato ha permanecido estable incluso cuando se iban sucediendo las condenas y con su entrega final, entre miles de fieles que coreaban su nombre. Hoy, lograría un 40% de los votos si se presenta a la presidencia.

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Sin embargo, si no es candidato, si el PT tiene que optar por Haddad o cualquier otro nombre, ese apoyo no pasará del 17%. Es algo en lo que coinciden las encuestas de medios de todo tipo, corriente y simpatía política. El voto en Brasil es, pues, personalista, no de partido. Lula es el favorito si se presenta. Su gente no será más que tercera fuerza si no lo hace. Con Lula ausente, el vencedor de los comicios se espera que sea el ultraredechista Jair Bolsonaro (roza el 20% en las encuestas), seguido de la ecologista Marina Silva (15%). Bolsonaro y Silva serían los que pasarían a la segunda vuelta, un fracaso estrepitoso para el PT. Eso sí, los mismos sondeos sostienen que la líder verde daría la vuelta al marcador y ganaría la presidencia si ese momento llega.

La abstención o el voto en blanco, que con Lula de candidato oscila entre un 14 y un 19%, llegaría también a un 32% si él no concurre en esta cita electoral. O Lula o nadie, piensan no pocos brasileños. Pesan más sus años de Gobierno revolucionario y transformador que el hecho de que sea el único presidente condenado en el país.

La tensa espera se ha visto, además, sacudida por el ataque contra Bolsonaro durante mitin electoral en la noche del jueves; fue y sometido a una delicada cirugía tras ser apuñalado, pero su vida no corre peligro. El atentado ha provocado una gran conmoción en el país y ha llevad a los demás candidatos a cancelar sus agendas de campaña provisionalmente.

Haddad no levanta pasiones

No sólo es que Lula encandile; es que Haddad no lo hace ni por asomo. Joven, dinámico, con don de gentes, este hijo de inmigrantes libaneses y formado en Derecho representa un ala moderada del partido. Suyo es el mérito de una de las banderas de los Gobiernos de Lula y Dilma: la democratización de la educación, sobre todo de la superior, con la inauguración de 126 campus universitarios y el establecimiento de becas y cuotas que, por primera vez, permitieron que los negros, los indígenas y los pobres accedieran como nunca antes a las facultades.

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Pero sobre él también sobrevuela la sombra de la sospecha. La Fiscalía brasileña presentó el martes una nueva denuncia contra él por corrupción, tras una confesión realizada por el empresario Ricardo Pessoa, expresidente de la constructora UTC Ingeniería. Según la denuncia, la empresa habría pagado una deuda de 2,6 millones de reales (alrededor de 626.500 dólares) de la campaña de Haddad en 2012, en la que el político disputaba la alcaldía de Sao Paulo.

El dinero, de acuerdo con la Fiscalía, fue entregado en 2013 por el cambista Alberto Youssef, un nombre conocido en las investigaciones del caso Petrobras, mediante contratos ficticios firmado con tres empresas gráficas. En el marco de esa investigación, la Fiscalía ya denunció el pasado agosto al exministro de Educación por enriquecimiento ilícito, informa EFE.

¿Por qué está Lula en prisión?

Lula está en una celda aislada porque los jueces han concluido que fue el beneficiario de un apartamento (un triplex) en Guarujá, una de las zonas playeras más populares de Sao Paulo. 240 metros cuadrados de polémica. Supuestamente, le fue entregado por la constructora OAS a cambio de lograr contratos con Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), la petrolera de propiedad mayoritariamente estatal. El que fuera obrero metalúrgico siempre ha defendido su inocencia, en este caso y en los otros seis procesos que aún tiene abiertos por supuesta corrupción. Todo es fruto de una "persecución judicial", denuncia.

Su equipo sostiene que no hay nada en firme que justifique su castigo ni su entrada en prisión. Los jueces, en cambio, hablan de "hechos probados", aunque es cierto que en el proceso no ha habido ni pruebas flagrantes, ni documentos firmados, ni grabaciones reveladoras ni nada parecido.

Básicamente, pesa sobre él la confesión del empresario Leo Pinheiro, a quien por su colaboración se le rebajó su pena de ocho a cinco años dentro del llamado caso Petrobras. Este constructor testificó que le había regalado el piso a Lula a cambio de un trato de favor en contratos públicos. Antes de que él lo dijera en público, el caso triplex había estallado en la prensa local y había llevado a que la policía acudiera al domicilio de Lula da Silva para llevarle a declarar, por orden de Sergio Moro, el juez estrella del momento en Brasil, a cargo de la causa general denominada Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, que también ha salpicado a toda América Latina. No había nada más contra el exmandatario.

Sobre esa declaración se erigieron dos sentencias, una dictada por un único juez, a nueve años de pena, y otra ratificada por tres más y elevada a 12 años y un mes. Los cuatro creen "probado" que el piso fue un pago. Sin embargo, las dos sentencias constatan que no se ha podido acreditar que tajada se llevó OAS al ponerle un apartamento a Lula, qué contrato logró por enchufe.

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Los abogados del preso más famoso de Brasil siempre han declarado que no hay documento alguno que acredite esa transacción ilegal, que hay escritura ni contrato de venta o compra a nombre de Lula, no consta que él fuera el dueño, desde luego nunca vivió en este ático y no tuvo "ni las llaves", como ha enfatizado Lula insistentemente. ¿Qué le liga al apartamento, entonces? El líder del PT ha confesado que visitó el piso una vez, con miembros de su familia; que algunos allegados suyos fueron una vez más a verlo, pero siempre con la intención de revisarlo para comprarlo legalmente. La mujer de Lula, Marisa Leticia, fallecida el año pasado, lo quería. Al expresidente no le gustaba. Le veía "500 defectos". Así que pisaron ese suelo, sí, pero nada más, sostienen.

El apartamento pertenecía a un complejo de viviendas llamado Solaris que estaba edificando una cooperativa cercana al Partido de los Trabajadores. Sin embargo, la firma quebró y vendió las casas. OAS se lo quedó todo. Acabó vendiendo hasta el último apartamento, salvo el triplex, que nunca se puso en catálogo. Pinheiro defiende que hizo una serie de reformas para adaptarlo al gusto de los Da Silva, aunque si nadie fue a verlas fue, dicen las sentencias, porque el contratista fue arrestado antes de que diera tiempo.

Aparte del interés por comprar ese piso por parte de los Lula, los vincula con el conjunto residencial otra cosa: que dieron la entrada para uno de sus pisos, pero no el de la polémica, sino uno de 80 metros cuadrados. La esposa de Lula reclamó que le devolvieran el dinero (209.000 reales, casi 54.000 euros), pero sólo una vez que el promotor, Pinheiro, había sido arrestado. Claramente incriminatorio, según los jueces.

En uno de los registros en el hogar de Lula se encontró además un borrador de contrato sobre el apartamento triplex, pero sin firma ni compromiso alguno. Como explica El País, llegó a influir en el criterio del juez Moro el hecho de que entre los vecinos de la zona se comentase que Lula era el dueño del recinto. "Los rumores condenan", lamentó públicamente Fernando Haddad al conocer la sentencia.

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