EEUU estima que 463 padres inmigrantes podrían haber sido deportados sin sus hijos

Más de 400 padres han sido deportados tras ser separados de sus hijos en la frontera sur de EEUU, según se desprende de un informe que el Gobierno de Donald Trump entregó hoy en una corte federal de San Diego, en California.

El documento da cuenta de 463 padres inmigrantes que ya no están en el país y que fueron separados de sus hijos tras ser aprehendidos en la frontera con México, como consecuencia de la política de "tolerancia cero" con la inmigración ilegal emprendida por la Administración de Trump.

El informe, que se entregó un día antes de una nueva audiencia en la demanda que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha entablado al Gobierno por la separación de familias inmigrantes, refleja que unos 900 inmigrantes que fueron separados de sus hijos cuentan con una orden de deportación.

A tres días de que concluya el plazo establecido por el juez Dana Sabraw para reunir con sus padres a niños de entre 5 y 17 años que fueron "separados impropiamente" de sus progenitores indocumentados tras ser detenidos en la frontera, el Gobierno ha reunificado ya a 879 padres con sus hijos de un total de 1.634 que son elegibles para ello.

El Gobierno señala que otros 538 padres en custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ya han sido entrevistados y su reunificación ha sido aprobada, y están solo a la espera de que les sean devueltos sus hijos.

De los 2.551 niños indocumentados separados de sus padres y que están en dicha franja de edades, la Administración federal considera que 917 no podrán regresar con sus padres de forma inmediata, 130 de ellos porque sus progenitores han rechazado su derecho a la reunificación y 64 porque cuentan con antecedentes criminales. Asimismo, un grupo de 260 se encuentran bajo investigación, a los que se suman más de 400 que ya no se encuentran en el país.

Del grupo de 260 en indagación, el documento de la corte da cuenta de que "muchos de estos niños han sido liberados en circunstancias apropiadas por parte de la ORR (Oficina de Reubicación de Refugiados)", por lo cual la Administración federal anticipa que un total de 1.187 ya podrían haber sido reunidos o liberados.

Hasta ahora, el Gobierno no ha detallado las circunstancias de dichas liberaciones, y se espera que ello sea explicado en la audiencia del martes.

Decisiones apresuradas

A petición de los abogados del Gobierno, el magistrado Sabraw extendió hasta este martes el plazo para que presenten sus argumentos en contra de una orden para frenar temporalmente la repatriación de familias recién reunificadas.

La orden se debe a un temor de ACLU de que estas familias se vean obligadas a tomar decisiones de forma apresurada y la organización ha insistido hoy en su pedido de recibir del Gobierno una lista de los padres que ya han sido deportados así como de quienes han aprobado ser repatriados sin sus hijos.

"Estos padres necesitan urgentemente asesoría con abogados para que no dejen a sus hijos por error en Estados Unidos", señalan los abogados de ACLU en el documento ingresado en la corte hoy, en el cual dicen tener los recursos y alianzas para ofrecer consultas a inmigrantes de manera inmediata.

El juez Sabraw ordenó en junio pasado al Gobierno la reunificación de los cerca de 3.000 menores que fueron separados de sus familias tras cruzar la frontera con México como parte de la política de Trump de "tolerancia cero" con la inmigración ilegal.

Semanas atrás se cumplió la primera parte del plazo dado por el magistrado al Gobierno para reunificar a las familias de los niños más pequeños. El Gobierno debía entregar a 103 menores de 5 años, aunque finalmente esa cifra quedó reducida a poco menos de 60, debido, según el Ejecutivo, a medidas de seguridad con los niños, entre otros motivos.

Nuevo revés

Este balance se conoce a la vez que una jueza del país ha desestimado la demanda del Gobierno contra el estatus de protección temporal para inmigrantes provenientes de Honduras, Haití y El Salvador, sosteniendo que la medida tenía motivos raciales.

La jueza federal del distrito Denise Casper en Boston ha dictaminado que un grupo de inmigrantes y dos organizaciones sin fines de lucro podrían seguir adelante con una demanda que impugna la decisión por parte de la Administración de poner fin a la protección que disfrutan miles de personas de las tres naciones.

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La demanda había citado declaraciones que, según ha señalado Casper, mostraban la "aversión e indiferencia del presidente Trump por los inmigrantes latinos y negros", más recientemente en declaraciones del mandatario en enero diciendo que los inmigrantes de África y Haití provienen de "países de mierda".

El Estatus de Protección Temporal (TPS, según sus siglas en inglés) ofrece protección contra la deportación a inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, incluidos aquellos que entraron en el país de forma ilegal, de países afectados por desastres naturales, conflictos civiles y otros problemas.

El Gobierno estadounidense, bajo la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, ha buscado revocar este estatus especial y expulsar a decenas de miles de inmigrantes protegidos.

Las acciones se conocen en medio de una ofensiva contra la inmigración legal e ilegal por parte del Gobierno de Trump, quien ha prometido fortalecer las fronteras de su país y construir un muro a lo largo del límite entre Estados Unidos y México.