El drama de los bebés robados llega por primera vez a juicio

Por primera vez en España y en toda Europa, este martes se ha sentado en el banquillo a un ginecólogo acusado de robar niños a recién paridas para dárselos a otras familias. Se llama Eduardo Vela y, aunque ahora sostiene que no recuerda nada, el ministerio fiscal cree constatado que entre los años 1961 y 1981 ejerció como jefe médico en la clínica San Ramón de Madrid, con "control total y disposición sobre los partos y nacimientos que allí se producían".

Entre esos alumbramientos estaba el de Inés Madrigal, una mujer nacida en 1969 que hace apenas ocho años se enteró de que su madre no era su madre, de que ella, siendo bebé, fue "regalada" a la que siempre creyó su familia biológica. Su pelea ha sido la primera en llegar a los tribunales, a la Audiencia de Madrid, un caso que renueva las esperanzas de los demás bebés robados para que se haga justicia. Venganza no quieren; respuestas, sí.

Estas son las claves de un juicio revolucionario y de una infamia que nuestro país aún no se atreve a atajar.

Quién es quién

La mujer que ha puesto esta pica en Flandes es la presidenta de SOS Bebés Robados Murcia, Inés Madrigal. A los 18 años supo que era adoptada, después de soportar comentarios y habladurías en el patio del colegio. Sin embargo, no fue hasta 2010 cuando, tras leer en El País el caso de dos bebés robados, se planteó que ella podía ser otra de las víctimas. Indagó, preguntó. Y supo. Su madre -"porque es mi madre, ella y la que no conozco, las dos son mis madres", repite- le contó cómo se la habían entregado en un hospital madrileño y que los papeles que tenía los había firmado un doctor llamado Eduardo Vela. "Busca", la animaba. Así, en ocho años, gracias al abogado Guillermo Peña, ha logrado armar el caso. Madrigal fue la primera víctima de la trama en comparecer en el Congreso y explicar su situación. Ahora, mientras afronta el juicio, espera el resultado de unas pruebas de ADN para comprobar si puede ser la sexta hija de una familia de Coria del Río (Sevilla), hasta donde la han llevado sus pesquisas. El matrimonio ya ha fallecido, pero sus hijos siguen tratando de aclarar si tienen una hermana perdida.

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El doctor Eduardo Vela es el procesado en este caso. Tiene 85 años y la fiscalía pide para él 11 años de pena por sustracción de un menor de siete años (ocho años), más suposición de parto y falsedad en documento oficial (tres más). La acusación particular eleva la pena a trece años. Se le reclama además una indemnización de 350.000 euros. Se le acusa de quedarse con la niña Inés y entregarla a una pareja elegida por un mediador, un cura jesuita. Trabajó como ginecólogo en la clínica San Ramón, de la que fue director. En diciembre de 2013 ya declaró como imputado por la denuncia del robo de Inés, desmarcándose de la trama y negando su participación en los hechos. No obstante, reconoció su firma en el certificado de nacimiento, pero alegó que "firmaba cosas sin mirarlas". Ha intentado aplazar el juicio de forma indefinida alegando que sufre una enfermedad degenerativa, pero los médicos forenses han acreditado que estaba en condiciones de ir a declarar.

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La madre adoptiva de Inés se llamaba Inés Pérez y era estéril. Su hija la tuvo que denunciar junto al doctor para poder sacar adelante el caso y estuvo imputada hasta su muerte, en diciembre de 2016. Le dio tiempo durante el proceso previo a narrar cómo recibió la niña y cómo el doctor Vela le recomendó que simulase el embarazo con cojines para que nadie comentase cuando tuviera al bebé con ella, pero la mujer no lo hizo. Le pidió que no fuera a la peluquería, que se mostrase ante la gente con desgana o con náuseas. Pérez tuvo un careo con el médico en el que, narra su hija, "llegó a levantarle la muleta". "¿Cómo puede decir que no conoce a la mujer a la que entregó una niña? ¿Es que lo había todo el tiempo?", se preguntaba. Ella sí que reconoció sin duda a Vela como quien le dio a la pequeña. "Era excepcional. Gracias a ella estoy aquí", dice su hija.

La historia la completa Sor María Florencia Gómez Valbuena, una monja que colaboró con Vela en la citada clínica y que fue la primera persona a la que un juez abrió diligencias en España por un caso de niños robados. En 2013 llegó a ser citada a declarar como imputada, aunque se libró de tener que ir ante el juez por motivos de salud. A los cuatro días de aquella cita murió.

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Lo que han declarado ahora

En el juicio iniciado hoy y que debe finalizar mañana se han escuchado dos voces principales: la de Madrigal, pidiendo justicia, y la de Vela, diciendo que no sabe de qué le preguntan.

Yo no sabía", "no recuerdo" o "esto no es mío", esas han sido las respuestas más repetidas por parte del ginecólogo. A la mayoría de las preguntas que le realizó la fiscal, se ha limitado a contestar que no recordaba nada y tampoco ha reconocido su firma en los documentos de registro de la bebé, a pesar de que sí lo hizo durante la fase de instrucción, hace menos de cinco años. Tampoco ha podido precisar si en su clínica se tramitaban adopciones o quiénes exactamente rellenaban los libros de registro de nacimientos, porque su tarea era puramente médica. "Alguna monja, quizá", ha dicho, lacónico.

Vela, que sí aceptó haber sido director médico del centro, no pudo desvelar si existía un protocolo concreto cuando ingresaba alguna mujer para dar a luz, y si por ese centro sanitario pasaban monjas, ni las camas con la que contaba ni el personal que trabajaba en él. También declaró que no se llevó documentos cuando se cerró el centro hospitalario (en 1982) y precisó que no sabe dónde fueron a parar. La ausencia de papeles es esencial para seguir el rastro de sus supuestos robos de bebé.

Haciendo largos silencios, diciendo que no escuchaba bien, mostrándose débil, ha acabado por responder que no dio nunca bebés a nadie. "¿Recuerda a Inés Pérez? Le suena este nombre. Recuerda que se hizo un careo en el juzgado con esta señora, que le decía que usted le había dado a la niña", le ha insistido la fiscal. "No le he dado una niña a nadie", le ha replicado el acusado. Además, ha dicho que no le suena "de nada" el caso que lo tiene en el banquillo.

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En la jornada de hoy también han prestado declaración tres enfermeras de la San Ramón, un socio del doctor Vela y la esposa de este, Adela Bermejo. Ninguno recuerda nada que remotamente se parezca a un robo de bebés.

Inés Madrigal, por su parte, ha narrado lo que su madre le contó, que les dijeron que había una chica joven embarazada, "de buena familia", que el bebé sería para ellos, y que debía no arreglarse y simular los "síntomas" de un embarazo. Ha enfatizado que la firma del galeno es la que aparece en su falsa acta de nacimiento y que fue un cura, el "padre Félix", quien hizo de mediador en la transacción. Se ha quejado, eso sí. de la salud "selectiva" de Vela, que parecía recobrar fuerzas cuando quien preguntaba era su defensa.

Antes de entrar a la Audiencia, ante las víctimas congregadas en la entrada para mostrarle su apoyo, la demandante ha dicho que no le mueve la venganza, que este es ahora "el caso de todos" los niños robados en España y que, aunque tiene pocas esperanzas de que se haga plena justicia, espera que de su batalla salga "algo que pueda ayudar a los demás". "Queremos que la sentencia reconozca que estas cosas se hacían", resume.

¿Puede prescribir un caso así?

En las cuestiones previas a la vista, la defensa del acusado, liderada por el abogado Rafael Casas, ha planteado que los delitos que se juzgan están prescritos, algo que ha rechazado la fiscal, el abogado de la acusación, Guillermo Peña, y el tribunal. "No ha cesado la situación ilícita. Es un delito de efectos permanentes", ha expuesto el letrado Peña en su alegato. La presidenta del tribunal ha subrayado que esa cuestión se resolverá más adelante, una vez que se dicte la sentencia tras la celebración del juicio, lo que aumenta la incertidumbre sobre el proceso.

Y es que ese es el principal talón de Aquiles de los casos de niños robados: la supuesta caducidad del delito, más allá de las complicaciones para armar unas demandas sobre papeles destruidos o ocultados. Las asociaciones de víctimas sostienen que entre el 40 y el 50% de las denuncias no prosperan porque los jueces entienden que el caso ha caducado, pese a que hay una circular de la Fiscalía General del Estado aclarando que es una doctrina jurídica asentada que un delito como el de detención ilegal que se puede imputar a estos doctores, enfermeras y funcionarios, es "imprescriptible" mientras dure el engaño. "Yo soy robada y no he prescrito", gritaba esta mañana a Vela una de las mujeres concentradas ante la Audiencia de Madrid, según cita EFE.

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Una trama gigante

Este primer juicio es, como dicen las asociaciones, la punta de la punta del iceberg de una trama que lleva actuando más de 60 años. Según los cálculos de estas entidades y de abogados como Enrique Vila, uno de los más implicados en la defensa de las víctimas, se han dado unos 300.000 casos, concentrados sobre todo entre los años 60 y los 90. Hay algunas investigaciones que localizan los primeros casos en mujeres republicanas a las que les arrancaban sus hijos ya al inicio de la Guerra Civil, en 1936.

En realidad, es un mercadeo a cambio de dinero o favores que se ha dado en dictadura y en democracia, en maternidades públicas y privadas, en cualquier rincón de España y de fuera, ya que no son pocos los casos verificados de hombres y mujeres que ahora están en el extranjero pero han descubierto que fueron paridos y robados en nuestro país. Por ejemplo, se conocen casos de parejas alemanas que iban expresamente a la Casa Cuna de Tenerife buscando niños rubios y con ojos azules.

Estas mismas asociaciones redondean en 3.000 las denuncias interpuestas hasta el momento, que afectan a profesionales de 175 hospitales del país y que empezaron a interponerse de forma masiva a partir de 2010. De ellas, sólo la de Inés Madrigal ha sido por ahora admitida a trámite. Hay 261 en trámite. Hay otras 2.000 largas que han sido archivadas, bien por esa caducidad mal entendida, bien por falta de pruebas o porque se ha optado por denunciar sólo delitos como falsedad documental o suposición del parto, que sí prescriben claramente. Se calcula que hay hasta 6.000 casos de bebés robados documentados en España.

En la parte positiva, gracias al trabajo callado de las víctimas y su entramado asociativo, se han facilitado una veintena de reencuentros, tras procesos de reconocimiento de ADN pagado de su bolsillo, ante la falta de ayudas públicas.

Falta ayuda

Como enfatiza Inés Madrigal, su drama no es político, sino "una cuestión de derechos humanos" que la justicia tiene que reparar. Mientras cuajan estos procesos, tan difíciles de armar, tanto ella como las demás víctimas lo que piden es un poco de atención por parte de las autoridades. Se duele del "bofetón" que para ellas supuso que el que fuera ministro de Justicia con el PP, Alberto Ruiz-Gallardón, anunciase una oficina de atención a las víctimas que iba a censar a todos los posibles bebés robados para poner en común sus causas y buscar vías de solución con bases de datos para cruzar y un banco de ADN, pero que nunca ha estado plenamente operativa, cuyas pruebas debían pagar los propios solicitantes a 200 euros mínimo la prueba y que no daba garantías a los afectados.

Por eso, quien quiera emprender un proceso de investigación sobre sus orígenes, debe pagarse ahora los análisis de ADN por su cuenta, algo que familias humildes, como eran muchas de las que sufrían estos robos, no pueden afrontar aún hoy. "Queremos respuestas sobre nuestras raíces. La Constitución reconoce el derecho de todos a saber y el derecho a la igualdad. Nosotros queremos salir de la indefensión en la que nos encontramos", concluye Madrigal.

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La trama de los bebés robados en España (Cuatro).