Chaves: "Me cuesta creer que intencionadamente se estableciera un sistema ilegal"

El que fuera presidente del Gobierno andaluz socialista durante 19 años, Manuel Chaves, ha afirmado hoy que en virtud de su cargo "conocía que en el Gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales" pero "cómo se daban yo no lo sabía, no correspondía a mi ámbito político de decisión".

Chaves, que se enfrenta a 10 años de inhabilitación en el juicio de la pieza política del caso ERE por prevaricación, ha comenzado a responder al fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y en varias ocasiones ha subrayado que como presidente del Gobierno andaluz conocía que se daban ayudas sociolaborales como en el ámbito educativo u otros, pero "cuál era el procedimiento, con qué requisitos o quiénes eran los beneficiarios no entraba en mi ámbito político de decisión".

En un tono a ratos nervioso y a la defensiva, pero firme, casi sin mirar ni un papel, ha sostenido que "en el contexto de confianza de un equipo de Gobierno" existía la convicción de que "cualquier ayuda" que se daba estaba conforme a ley. "Para mí es muy difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley", ha repetido reiteradamente. Más tarde ha afirmado que, si hubiera leído cada epígrafe supuestamente revisado ya por su equipo, "me habría pasado todo el tiempo de mi presidencia leyendo".

Una y otra vez ha subrayado que los detalles de cómo se daban las ayudas "no formaban parte de mi ámbito de decisión política" y "nadie" le informó de la necesidad de cambiar el sistema por agilidad.

Chaves ha defendido que durante sus años de presidente se reunió con muchos comités de empresa y sindicatos ante grandes crisis laborales porque "era mi responsabilidad" y "lo anormal es que un presidente del Gobierno no se hubiera reunido con el comité de empresa de Santana o Delphi" ha ejemplificado, tras subrayar que dichas reuniones eran "un acto de normalidad democrática". Santana es una empresa automovilística de (Linares) Jaén y Delphi, una multinacional de automoción de Puerto Real (Cádiz), que sufrieron crisis laborales con enorme impacto en su zona de implantación.

El exdirigente socialista ha subrayado que la directriz política era que, ante estas crisis, se creara primero una mesa de negociación para tratar de salvar a la empresa en primer lugar y paliar los efectos en los trabajadores pero de nuevo ha insistido en que los acuerdos concretos a los que se llegaba en ese marco de negociación, que seguía las líneas de los acuerdos de Concertación Social con los agentes sociales, no formaban parte de su competencia.

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"¿Cómo se daban? No lo sabía"

Chaves ha dicho que, si tras las reuniones con sindicatos y empresas y la negociación de un plan industrial (que podía contener ayudas sociolaborales), el el plan fallaba, "había normas" para establecer y conceder ayudas a los trabajadores. "Yo sabía que se daban ayudas sociolaborales, de la misma manera que se daban becas. ¿Cómo se daban?. No lo sabía, pues no correspondía a mi ámbito político de decisión", ha expresado. "Cómo se hacía, los requisitos, las ayudas, los beneficiarios, etc. no los sabía", ha añadido.

De otro lado, ha señalado que las ayudas "extraordinarias", cuya excepcionalidad se establecía en función de "la intensidad de la gravedad" de la crisis de la empresa, eran como las que daba el Gobierno.

Chaves ha indicado que conoció las transferencias de financiación -instrumento utilizado para allegar fondos de la partida 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para pagar las ayudas investigadas concedidas por la Dirección General de Trabajo-, siendo ministro. "Nunca conoció" el convenio marco de 2001 entre Empleo y el ente público IFA para que éste pagara las ayudas con fondos que la consejería que las concedía le enviaba mediante transferencias de financiación.

Tampoco conoció los diferentes borradores de decretos y órdenes para regularlas que no salieron adelante y nadie la planteó la "inexistencia de una base reguladora", pues "siempre he partido de que había una normativa que permitía dar esas ayudas" a trabajadores afectados por crisis laborales.

Chaves ha afirmado desconocer los informes de la Intervención de la Junta alertando del uso "inadecuado" del sistema de transferencias de financiación para que IFA/IDEA pagara las ayudas, que según la Fiscalía buscaba eludir la fiscalización previa. Sin embargo, "adecuado o inadecuado", dichas transferencias de financiación "estaban en la ley de Presupuestos" y "una ley no puede ser ilegal", ha defendido Chaves, que cuando estalló el caso ERE en 2011 era vicepresidente del Gobierno central.

Ha rechazado, además, que la fiscalización previa sea "un control de primera División" y el control financiero permanente al que se sometían las cuentas de IFA/IDEA de "Segunda División", tras defender que en la mayoría de administraciones la tendencia es a ir implantando más el control financiero permanente.

En cuanto a las modificaciones presupuestarias para incrementar los fondos del programa de ayudas sociolaborales que pasaban por el Consejo de Gobierno ha señalado que no se debatían ni analizaban pues era un asunto "de trámite" ya que llevaban los informes correspondientes.

850 millones

Chaves, que cuando estalló el caso en 2011 era vicepresidente el Gobierno central, se sienta en el banquillo junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que del 2001 al 2011 se repartieron más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles. Como la mayoría de los acusados, Chaves, que presidió Andalucía entre 1990 y 2009, anunció ya que responderá a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, de su abogado defensor, Pablo Jiménez de Parga, y del tribunal.

Antes de entrar a la sala, el expresidente ha estado departiendo en los pasillos sobre todo con el que fuera su sucesor, José Antonio Griñán -que declaró el pasado miércoles- y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, entre otros acusados.