JxCAT y ERC negocian la manera de mantener a Puigdemont en Bruselas sin incurrir en malversación de fondos públicos
La solución pasaría por un 'Consell de la República', una fundación privada que diseñaría una hipotética república catalana.
A pesar de las declaraciones públicas, ya hace días que JxCAT y ERC constataron que no iba a ser posible investir a Carles Puigdemont. El president cesado no se arriesgará a desplazarse al Parlament y la posibilidad de una investidura telemática también ha quedado descartada. Más allá del reparto de las Consellerías y del control de los medios de comunicación, los partidos independentistas han estado buscando una fórmula que posibilite mantener a Puigdemont y otorgarle un papel político sin incurrir en ningún tipo de malversación de fondos públicos.
La solución que se ha planteado es una institución llamada Consell de la República, que lideraría Puigdemont desde Bruselas. La forma jurídica de esta institución sería una fundación privada o un think tank focalizado en diseñar cómo debería ser una hipotética República catalana. De esta manera, Puigdemont podría tener un sueldo sin depender del erario público.
Todavía no están claras las atribuciones ni la forma que tendría este llamado Consell de la República en Bélgica, pero las fuentes consultadas descartan un papel simbólico de este organismo. Aseguran que va a jugar un "papel político activo" y servirá para denunciar internacionalmente la "situación política" en Cataluña. También es la única fórmula que han encontrado para mantener el pulso con el Gobierno de Rajoy sin arriesgarse a más procesos judiciales: un Govern "técnico" y autonómico en Barcelona. Otro "republicano" en Waterloo.
El acuerdo entre JxCAT y ERC, que todavía se está acabando de cerrar, implica también varias acciones para dotar de "legitimidad política" este Consell de la República en Bélgica.
PROCESO CONSTITUYENTE
La primera es una resolución parlamentaria que se votará este jueves en el Parlament en la que se denuncia la "destitución ilegal e ilegítima del presidente de la Generalitat y su Gobierno". La misma resolución recuerda que Puigdemont continúa "disponiendo de mayoría parlamentaria" suficiente para ratificarle como presidente.
La segunda acción, según fuentes independentistas, pasa por un acto solemne de reconocimiento a Puigdemont en Bélgica al que se desplazarían todos los diputados independentistas.
La intención es que este Consell de la República en Bélgica lidere el llamado "proceso constituyente" que pide la CUP. Este "proceso constituyente" implicaría diseñar la constitución de una hipotética República catalana y los partidos secesionistas quieren implicar en este proceso a una base más amplia que el independentismo, apelando a entidades sociales y a otros espacios políticos.
Puigdemont lleva días reuniéndose con personalidades de la cultura y la sociedad civil catalana en su domicilio belga: se ha visto con el cantante Gerard Quintana, con el editor Joan Sala y el miércoles pasado se reunió con una delegación de Súmate, la entidad independentista para castellanohablantes.
MANTENER LA EXCEPCIONALIDAD
La opción de que el Consell de la República lidere este proceso, sin embargo, no convence a día de hoy a los anticapitalistas porque ven difícil implicar a la ciudadanía y al tejido social catalán si se hace desde Bruselas. La CUP ya ha advertido que cualquier acuerdo entre JxCAt y ERC deberá pasar por su proceso asambleario antes de ser ratificado.
Respecto al "Gobierno efectivo" que se quedaría en Barcelona, las 14 consellerías se repartirán a medias entre ERC y JxCAT. Los republicanos finalmente han aceptado las intenciones de JxCAT de proponer para la presidencia a candidatos encausados y así mantener la excepcionalidad y alejar la idea de una legislatura corriente.
La primera opción como presidenciable es ahora mismo Jordi Sànchez, si bien en el independentismo son conscientes de que difícilmente podrán investir a un candidato que se encuentra en prisión preventiva. Ante este escenario, el nombre que ha tomado más fuerza -una vez se constate que el Supremo no permite investir a Sànchez- es el de Jordi Turull, también investigado por la causa del 1-O y que podría ser inhabilitado durante los próximos meses.
