Corrupción, la nueva bandera política en América Latina

La lucha contra la corrupción se empieza a esgrimir como uno de los discursos más protuberantes en los seis países latinoamericanos que este año celebran elecciones presidenciales. Una bandera que corre el riesgo de convertirse en una bomba incendiaria que debilite las instituciones, abra espacio a nuevos populismos y termine socavando aún más la democracia.

El caso Odebrecht es como si hubiera estallado una poderosa bomba atómica en Brasil que aún mantiene sus efectos devastadores en la región. Uno de sus impactos más notorios es la forma en que afectó a la credibilidad y la confianza en los políticos. Desde 2016, cuando estalló el escándalo, es como si todos los días se supiera de un nuevo pago, un nuevo fraude, un nuevo implicado. El factor común: la participación de políticos en todo el entramado. De ahí que no es raro que anunciar el cese del flagelo se haya vuelto una forma para atraer más a los electores en los seis países que tienen elecciones presidenciales este año, Brasil, México, Colombia, Venezuela, Paraguay y Costa Rica.

Agitar esta bandera obviamente busca atraer a los desencantados del sistema, que en la región es un volumen alto de personas y cuya participación podría inclinar de manera sustancial la balanza. El riesgo es que en muchos casos blandir ese discurso pasa por que el candidato asegure que todo está perdido y que él o ella son la única salvación. Lo primero con un efecto aún más devastador en la confianza sobre lo público y lo segundo impulsando nuevos caudillismos, algo que le ha hecho mucho daño a la región.

El caso más difícil de leer es el del mismo Brasil. Allí Lula Da Silva es el protagonista de la campaña electoral de este año. Precisamente él, cuyos mandatos presidenciales coinciden con la confección y detonación de la bomba de Odebrecht. Inmerso en procesos judiciales, acusado de ser partícipe del entramado de corrupción y con una condena que se amplió de nueve a doce años de prisión por corrupción, mantiene un respaldo popular que lo tiene encabezando la intención de voto en este país.

Lula alega su inocencia, aduce que hay falta de pruebas y que todo es un entramado político corrupto en su contra. Las condenas judiciales han exacerbado el deseo de Lula de volver por tercera vez a la presidencia y caldeado los ánimos de sus seguidores, en un país que cada vez se divide más y que enfrenta un incierto futuro político.

En México, el segundo país más grande de la región, la bandera anticorrupción la blandea Andrés Manuel López Obrador, quien desde la izquierda ha sido candidato presidencial en dos periodos anteriores.

Su discurso en contra del PRI, el partido político que por más tiempo ha tenido el control del país y del que forma parte el actual presidente Enrique Peña Nieto, pasa por evidenciar los múltiples escándalos en que este último ha estado involucrado. Que van desde el escándalo de los conflictos de interés entorno a la construcción de su residencia familiar auspiciada por un poderoso contratista del Estado hasta sus supuestas relaciones directas con los principales protagonistas del caso Odebrecht, que en ese país aún no tiene significativos avances judiciales. López Obrador ha fortalecido su popularidad al asegurar que ese dinero de la corrupción sería la clave para mejorar los servicios públicos. Sus detractores no dejan de señalar que hay cierto populismo en sus promesas.

En Colombia, los debates políticos para la definición de los candidatos presidenciales han estado a la par de la llamada Consulta Anticorrupción, que busca llevar a las urnas medidas como reducir el sueldo a los congresistas, cárcel a los corruptos, contratación transparente obligatoria en todo el país, presupuestos públicos con participación ciudadana, rendición de cuentas de su asistencia, votación y gestión, hacer públicos los ingresos injustificados y un máximo de tres periodos en contrataciones públicas.

Esta bandera ha impulsado a los grupos políticos que buscan formar una coalición en torno al candidato Sergio Fajardo, cuya imagen se ha fortalecido en la medida en que las revelaciones de los casos de corrupción salpican a personas de los movimientos más tradicionales o con más poder que el suyo. El país, marcado por unos acuerdos de paz que intentan aplicarse desde 2016, ha estado sacudido, además de por el escándalo de las constructoras brasileñas, por el del llamado Cártel de la Toga, que tiene entre rejas al exfiscal anticorrupción y que ahora es el primer delator de magistrados de las más altas Cortes de Justicia que aceptaban sobornos para amañar fallos judiciales.

Paraguay, por su parte, es el segundo país más corrupto de América Latina según Transparencia Internacional. Allí el presidente Horacio Cortés descartó optar a la reelección el año pasado en medio de fuertes protestas, tras haber propuesto una enmienda constitucional, y los candidatos presidenciales están prometiendo luchar contra el contrabando, narcotráfico y el lavado de dinero, lo que produce consecuencias directas en el desempleo, la pobreza y la desigualdad con respecto a jóvenes y mujeres.

Costa Rica ha sido el primero de los países en votar. Este 4 de febrero se celebraron las elecciones y aún está por determinar quién será su nuevo presidente.

El resultado preliminar del escrutinio indica que será necesaria una segunda ronda de votaciones entre el evangélico Fabricio Alvarado y el oficialista Carlos Alvarado. Con el 94% de las mesas escrutadas, el predicador evangélico del conservador Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, obtuvo 24,91% de los votos, seguido por el progresista del oficialista Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, con el 21,66%. En caso de segunda ronda, esta se celebrará el 1 de abril.

Según la Encuesta de Opinión Sociopolítica que realizó el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica en octubre de 2017, dos de los temas de coyuntura más importantes son la corrupción y el desempleo, a pesar de mantenerse entre los países con menos percepción de corrupción de América Latina.

Esto se debe a que hace un año se reveló "El Cementazo", un escándalo sobre cemento chino donde se cuestionó el préstamo de 55 millones de dólares por parte del Banco de Costa Rica a la empresa Sinocem en condiciones irregulares, lo que hizo que el 65% de los costarricenses opinaran que la corrupción ha aumentado en los últimos meses, según el Barómetro de Corrupción Global de Transparencia Internacional.

Venezuela celebrará comicios adelantados. Será en abril de este año cuando se someta a las urnas un proceso que tendrá a un poderoso Nicolás Maduro que ha acomodado a su antojo todo el sistema en función de su figura, dejando fuera cualquier opción política contraria. Esto llevó al llamado Grupo de Lima, compuesto por los cancilleres de 12 países y Estados Unidos, a rechazar las elecciones que —según aluden— carecen de transparencia y credibilidad.

En gran parte del continente americano se confirmará este año si la lucha anticorrupción como bandera logró posicionar mejores dirigentes o si abrió las puertas de la región a nuevos escándalos de corrupción que no permitan la consolidación de la democracia.

*Este análisis fue hecho por Connectas, aquí puedes consultar el link del texto original.

El artículo ha sido adaptado de la edición mexicana del 'HuffPost'.