Tres elecciones anticipadas en ocho años: cómo Islandia no aguanta los líos de sus políticos
Desde el colapso financiero de 2008, los ciudadanos de este país han demostrado que votarán una y otra vez lograr un Gobierno moralmente aceptable.
Islandia, ese país que demostró al mundo que se puede luchar y ganar para conseguir que la política sea transparente y sincera, vuelve este sábado a las urnas. Lo hace por segunda vez en un año —por tercera vez en ocho— y el motivo se repite también por segunda vez: un escándalo que ha vuelto a salpicar a los jefes de gobierno.
En la retina de buena parte del mundo quedó grabado cómo este país del Atlántico Norte de casi 340.000 habitantes se vio seriamente afectado por la crisis de 2008, que dejó tambaleando su economía, obligó a nacionalizar los principales bancos y, tras las mayores protestas en décadas, se llevó por delante al Ejecutivo y permitió que la izquierda gobernase por primera vez en solitario.
Superada la fase de ajuste, Islandia recuperó la normalidad hasta que en abril del año pasado empezó el caos. El primer ministro centrista Sigmundur David Gunnlaugsson dimitió por su relación con los papeles de Panamá, al revelarse que había depositado casi 4 millones de dólares en bonos de bancos islandeses en una sociedad en las Islas Vírgenes. Con su salida del Ejecutivo la situación no mejoró: la nueva coalición de gobierno de centroderecha surgida de las elecciones anticipadas de octubre de 2016 se deshizo hace un mes por otro escándalo.
En este caso la polémica volvió a estar relacionada con el primer ministro, esta vez el conservador Bjarni Benediktsson, a su padre y a un amigo de éste condenado por abusos sexuales a su hijastra menor de edad. Bjarni Benediktsson ocultó que su padre había recomendado que le fuera "restituido el honor" a su amigo, un procedimiento legal que permite a personas condenadas por delitos graves presentarse por ejemplo a elecciones o ejercer la abogacía, lo que generó que uno de los socios menores rompiera la coalición de gobierno por falta de confianza.
... Y MÁS POLÉMICAS
Por si todo este embrollo fuera poco, hace algo más de dos semanas, en plena campaña, el diario islandés Stundin reveló que el jefe del Ejecutivo pudo haber usado información privilegiada para deshacerse de sus activos —valorados en 1,3 millones de euros— en el fondo de inversiones del banco Glitnir, poco antes de que fuera intervenido por el Estado en 2008. Documentos filtrados al diario insinúan que Benediktsson habló con los ejecutivos del banco en los días previos, cuando era diputado y miembro de la comisión de Finanzas del Parlamento.
El afectado ha asegurado que allí no se discutió la intervención bancaria, que él desconocía, y que no hizo nada ilegal, aunque la comisión independiente que investigó delitos financieros concluyó hace años que había sospecha razonable de violación de las leyes de información privilegiada en la venta de activos del fondo.
Después de que Stundin siguiera difundiendo nuevas revelaciones del caso, el holding que controla Glitnir interpuso un requerimiento para frenar la publicación alegando uso de información confidencial, una petición que fue aprobada por el Comisionado del distrito de Reikiavik, a falta de ser confirmada por los tribunales.
La prohibición ha sido criticada por partidos, asociaciones de prensa y por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y cuenta con fuerte oposición popular: según un sondeo reciente, siete de cada ocho islandeses están en contra.
UNA CAMPAÑA DE PERFIL BAJO
El nuevo escándalo ha ocupado buena parte de la atención en la campaña islandesa, donde la discusión también ha girado sobre cuestiones como la política fiscal y la inversión pública en sanidad, consolidada la recuperación económica en el país.
La posible adhesión a la Unión Europea, aparcada hace 3 años cuando el anterior Gobierno de centroderecha retiró la solicitud enviada en 2009, ha tenido un papel residual en campaña, aunque podría ganar actualidad en caso de un triunfo de la oposición.
Varios partidos de centroizquierda son favorables a celebrar un referendo sobre las negociaciones con Bruselas, paralizadas desde 2013, incluso formaciones contrarias al ingreso en la UE de Islandia, que forma parte del Espacio Único Europeo desde 1993 y participa en el convenio de libre movilidad de Schengen.
La opción de la consulta cuenta con apoyo mayoritario en la población, aunque los contrarios al ingreso siguen siendo mayoría: según un sondeo reciente, el 60% prefiere que Islandia continúe fuera de la Unión Europea.
