1-O: El gran fracaso

Lo que viene después del 1-O es una gran fractura y un cóctel de sentimientos: frustración, indignación, decepción, ira... Ninguno de ellos servirá gran cosa para restañar la convivencia; todos, eso sí, señalan que este domingo España y Cataluña han vivido un gran fracaso conjunto. No la justificación para la independencia de la que habla el Govern y tampoco la escenificación inútil que el Gobierno, por boca de Mariano Rajoy, desdeña. Un referéndum sin garantías, cuerpos policiales enfrentados entre sí, escenas de tensión, cargas policiales para hacer cumplir las órdenes judiciales y casi 1.000 heridos. No hay victoria concebible en este panorama triste.

No hay victoria del Govern, que ha persistido en su proyecto secesionista hasta situarse al margen de la ley y amanecer este domingo con un cambio radical de sus propias reglas de juego para la consulta que la justicia declaró ilegal. A las 8 de la mañana, una hora antes de que se abrieran los colegios electorales, el Govern se sacó de la manga un censo universal que permitiría a cualquier ciudadano votar en cualquier centro electoral y hacerlo sin necesidad de sobre. "Con la papeleta doblada es suficiente", puntualizó Jordi Turull, portavoz de la Generalitat.

Si las dudas sobre la legitimidad del referéndum eran evidentes, ante la ausencia de garantías básicas, como la inexistencia de una junta electoral, este último movimiento del Ejecutivo de Puigdemont ha rebajado hasta lo imposible su validez. Sólo unas horas después de que los centros electorales abrieran sus puertas, y ante el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir la cita, se produjeron las imágenes que descartaban la consulta como justificación para una hipotética declaración de independencia: la gente votando, sin identificación, en urnas colocadas incluso en la calle; personas mostrando que ha sido posible votar una, dos, y hasta cuatro veces.

Muchos ciudadanos catalanes se habían movilizado, en los últimos días y desde las primeras horas de este domingo, para que los centros designados como electorales permanecieran abiertos frente a la orden judicial de cierre. Los Mossos tenían la instrucción de presentarse en los colegios y evitar el despliegue de la logística necesaria, pero su actuación ha quedado en entredicho al cabo de la jornada. Varios sindicatos policiales han criticado al cuerpo por su "pasividad" y al menos seis juzgados de Cataluña han abierto diligencias para investigar si han incurrido en dejación.

Los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional que han acudido a los centros para impedir la votación no sólo se han enfrentado a las personas allí concentradas; en algunos casos, también han forcejeado con efectivos de la policía autonómica catalana. Decenas de locales en toda Cataluña han sido marco de escenas similares: tensión, cargas para romper el cerco humano, confiscación de urnas... Sólo algunos centros electorales han sido cerrados, 92 según la última cifra ofrecida por el Ministerio del Interior. En el resto, más de 2.000, se ha votado con relativa normalidad durante toda la jornada.

El Gobierno ha cumplido con lo que Rajoy ha dicho que era su "obligación con la ley y sólo con la ley", pero a costa de secuencias de violencia y heridos. El manual de movilización de las entidades independentistas incluía una instrucción clara: fotografía los heridos, comparte las imágenes en redes sociales, interpela con ellas a personajes destacados de la comunidad internacional. La indignación creada por algunas de las escenas vividas en los centros de votación ha hecho que fuese sencillo seguir la orden... En la multiplicación de esas imágenes, algunas de ellas puros bulos, ha sido donde el Gobierno ha perdido la batalla de la imagen.

El balance ofrecido por el departamento de Salud de la Generalitat arroja un número desolador: 844 heridos, la mayoría por contusiones y crisis de ansiedad. Hay también 19 policías y 14 guardias civiles atendidos, pero la cifra ha sido suficiente para despertar en la comunidad internacional las dudas sobre la calidad de la democracia española. Si el Govern no puede leer victoria en lo ocurrido este domingo, tampoco puede hacerlo el Ejecutivo de Rajoy: el durísimo editorial de Libération lo hacen imposible, o el título de Die Zeit sobre los incidentes: Bloody Sunday. Son sólo dos ejemplos.

La tesis represiva ha sido el núcleo del relato en el bloque independentista, de Puigdemont a la CUP, pasando por Oriol Junqueras y Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona ha hablado de "estado de sitio" en Barcelona, de "gravísimas vulneraciones de los derechos fundamentales" y de una "brutalidad policial injustificada". El argumento fundamental del Ejecutivo ha sido el mantenimiento del imperio de la ley y la radicalidad de Puigdemont: "La democracia le viene grande", dijo a mediodía la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría. Todos, los unos y los otros, han hablado desde un convencimiento: el de estar protegiendo la democracia.

Esa era, ha dicho Rajoy, su obligación. Justo después del cierre de los centros en Cataluña, ha puesto fin a un silencio de días con una declaración en La Moncloa: "Tenían todos los motivos para renunciar a su sinrazón y no han querido hacerlo. Esperemos que lo hagan ahora y no se empecinen en el error". Carles Puigdemont ha amenazado con la declaración de independencia antes incluso de comenzar el recuento y el recuento ofrecido por la Generalitat habla de un 90% de apoyo para el sí a esa independencia.

El presidente Rajoy quiere convocar a todas las fuerzas políticas para reflexionar "juntos" sobre un futuro que deben afrontar "juntos". Pero hacer las cosas juntos parece a estas alturas una quimera.