Eliseo Aja: “En crisis como esta es cuando la reforma de la Constitución adquiere mayor sentido”
El primer presidente del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña reconoce que el sistema autonómico requiere retoques pero insta primero al diálogo.
Eliseo Aja (Santander, 1946) fue el primero de los dos únicos presidentes que ha tenido el Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano creado con el Estatuto de 2009 por el Gobierno tripartito entonces presidido por José Montilla. Abandonó el cargo en julio pasado, al ser relevado por Margarida Gil, hasta entonces directora del gabinete jurídico de la Generalitat y esposa de su anterior consejero de Interior, Jordi Jané.
El Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano de ámbito catalán encargado de velar por que las leyes que aprueba el Parlament se adapten a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía, es por lo tanto la instancia que la Mesa del Parlament se saltó a la torera los 6 y 7 de septiembre pasados cuando admitió a trámite y permitió aprobar las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídicas, las normas decisivas para celebrar la consulta ilegal, posteriormente por el TC.
El Consejo de Garantías ya había advertido por activa y por pasiva -a través de un dictamen y varias resoluciones- de la ilegalidad de la reforma del Parlament catalán para facilitar la aprobación de la ley de ruptura sin debate y en apenas dos horas al considerar que la fórmula vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Eliseo Aja ha sido y es miembro de distintas comisiones asesoras de reformas constitucionales y legislativas, especialmente en materia de regionalización, de varios países europeos y latinoamericanos.
Como experto, quizá sea quien mejor conozca cómo fluye el Derecho en las venas de una Cataluña autónoma y no independiente. Como catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y como director del Instituto de Derecho Público de Barcelona y mentor del Foro de la Autonomía, y codirector de su reconocido Informe anual, es, quizá también, una de las voces más autorizadas sobre el actual Estado de las autonomías. Así se titula también su último libro: Estado autonómico y reforma federal (Alianza Editorial, 2014).
¿Cómo valora que la aprobación de la Ley del Referéndum y de la de Transitoriedad se hayan hecho al margen del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña?
Es una vulneración del procedimiento legislativo, doblemente grave porque, además, se descarta la opinión del máximo órgano de valoración jurídica de la propia Generalitat.
Desde su perspectiva de experto, ¿por qué es ilegal la ley del referéndum?
Es ilegal por razones procedimentales y competenciales, ya que no puede ser una decisión unilateral de la Generalitat. Tanto la Constitución como el Estatuto requieren la intervención del Estado.
¿También lo sería celebrarlo?
Naturalmente. Si la ley es inconstitucional, no se puede aplicar.
El referéndum es impracticable en el actual sistema legal, pero hay juristas que defienden su legitimidad.
Primer punto de acuerdo, siempre se puede reformar la Constitución. Segundo punto, efectivamente el principio democrático, al estilo de la famosa sentencia canadiense de la claridad, de 1998, puede orientar esa reforma. Pero es un proceso que ha de pactarse y no exigirse como derecho unilateral, porque no existe tal derecho. Todo el proceso ha pecado de urgencia; no es tan fácil cambiar un sistema de Estados que proviene de la Paz de Westfalia, hace 350 años. Esto no cuenta sólo para España sino para el conjunto de los Estados occidentales. Para conseguir una secesión pacífica se precisa una estrategia mucho más sólida y programada.
La secesión, no obstante, ¿es posible?
La secesión como acto que incide en el derecho internacional siempre es posible, la cuestión es si obtiene suficiente reconocimiento de los demás Estados y la reacción que tenga el Estado de origen, lo que nos lleva de nuevo al carácter pactado o no del proceso.
ERC quiere que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva el derecho a decidir, ¿tan lejos hay que ir?
El TJUE aplica los tratados y el derecho de la Unión Europea, dentro de los cuales no hay nada parecido al derecho a decidir. Por otra parte, no existe vía procesal para que la Generalitat pueda acceder al Tribunal.
¿Tiene sentido resolver un problema político con medidas de control económico como la orden ministerial de no disponibilidad publicada este jueves por el Boletín Oficial del Estado?
Son informaciones recientes y apenas estudiadas, pero mi impresión es que el control del Ministerio de Hacienda no es correcto porque mezcla la persecución de actividades favorables a un referéndum ilegal con medidas de estabilidad financiera que tienen su propio ámbito.
UN DIÁLOGO DE SORDOS
¿Cree que los últimos acontecimientos responden a una "judicialización del procès"?
El aspecto principal del procès es que supone el diálogo de sordos entre los dos Gobiernos. Para uno el referéndum es ilegal y para otros es la base misma de la democracia; para uno su organización es delictiva y para otros se ajusta perfectamente al derecho internacional, etcétera. Habría que recuperar un lenguaje común, como mínimo para entenderse, como fase previa a la negociación.
¿Hay que reformar la Constitución? ¿Solo por Cataluña?
Si, la reforma de la Constitución (salvo en el art. 135) no se ha realizado en 40 años y, mientras, han cambiado muchas cosas. Todo el sistema autonómico requiere reformas importantes y la posición de Cataluña tiene aspectos generales y otros particulares que deben atenderse. La Constitución debe recuperar el carácter de pacto entre todos que tuvo en las primeras décadas de su vigencia. En crisis como la presente es cuando la reforma adquiere mayor sentido.
