Francisco Marhuenda, investigado por coaccionar a Cristina Cifuentes

El presidente y el director de La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, han sido citados a declarar como investigados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Ambos están imputados en el marco de la operación por supuestas coacciones en favor de un consejero del periódico, Edmundo Rodríguez Sobrino, detenido este miércoles por ser el hombre en Latinoamérica del Canal de Isabel II y persona muy próxima a Ignacio González.

Casals habría ordenado a Marhuenda que presionara a Cifuentes para no denunciar los abusos e irregularidades detectadas en en Canal de Isabel II o se le haría una campaña de desprestigio.

Edmundo Rodríguez es consejero de La Razón y controla un 23,9% del accionariado de la sociedad editora. El expresidente de Inassa (la matriz del Canal de la que dependen las sociedades suramericanas), fue destituido por Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, después de que se conociera que aparecía en los papeles de Panamá.

Según se desprende de la investigación, Marhuenda llega incluso a comunicar a Edmundo Rodríguez que han publicado noticias falsas contra Cifuentes y gente de su equipo como advertencia para que no denunciara el desfalco cometido en el Canal.

El hombre en América Latina de Ignacio González llegó a Inassa en el año 2006 de la mano de quien entonces era vicepresidente del Gobierno regional y por lo tanto también presidente del Canal. El ya exdirectivo de Inassa fue uno de los espiados en el famoso viaje que González realizó a Colombia a finales del verano de 2008, y que motivó una denuncia judicial del propio González.

Rodríguez Sobrino aparece en los papeles de Mossack Fonseca relacionado con tres empresas radicadas en Hong Kong. Las tres fueron creadas antes de abril de 2012, cuando España dejó de considerar oficialmente paraíso fiscal a esta antigua colonia británica, informa El Confidencial. Tras conocerse que tenía cargos en las empresas Asia Drilling, Luntam Holding e Idra Drilling, Cifuentes le destituyó. Fue entonces cuando también la Comunidad de Madrid forzó al Canal a deshacerse de parte de su entramado de filiales en América Latina, y cerró diez de las 20 empresas allí asociadas.

La Fiscalía Anticorrupción asumió hace pocos meses el caso Canal, por la compra fraudulenta de Emissao Engenharia e Construçoes, una filial en Brasil, por la que pagó 21 millones de euros -un año después, valía cuatro veces menos- y que cerró en julio de 2016. Aquel mes, el Canal de Isabel II procedió al cierre de diez de las 20 empresas del organismo en América Latina, que justificó porque tenían poca actividad o porque la misma no era "razonable y compatible" con la gestión del agua, según explicó el entonces responsable de la empresa pública, Ángel Garrido, quien continúa en el cargo.

La compra de la brasileña Emissao Engenharia se realizó, según fuentes judiciales, a través de una Empresa opaca radicada en Uruguay, que aparece en los Papeles de Panamá, con pagos procedentes de bancos suizos, lo que podría constituir un delito de malversación de caudales públicos.

Acto seguido, Cristina Cifuentes destituyó a Fernanda Richmond, cerebro de la compra de la brasileña Emissao, una empresa que pasó de ganar 7,3 millones en 2013 a perder ocho en 2015.

La red latinoamericana no es el único agujero negro en el Canal durante el mandato de Ignacio González, y, para muchos, la máquina registradora del Partido Popular en Madrid.

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