Antoni Diéguez, el político que destapó el caso Nóos
Finales de noviembre de 2005. Un gran escenario, telas rojas, una pantalla gigantesca. Por la tarima desfilan Iñaki Urdangarin, Jaume Matas, Rafa Nadal y Samuel Eto’o. Hablan sobre turismo y deporte en Baleares. Entre el público está Antoni Diéguez, un diputado del PSOE autonómico que se ocupa de estos temas en el Parlament.
Eran unos años de grandes fastos, de planes de “faraones”, recuerda en una conversación con El Huffington Post. Tras asistir a varios actos del foro -entregas de premios y seminarios-, no paraba de rondarle por la cabeza lo que había visto. “Parecía un costoso montaje para algo aparentemente inútil. Un foro para decir que turismo y deporte debían ir unidos… Eso en Baleares es una tautología, no se descubría la gasolina en polvo”, relata.
No le cuadraba nada. A los pocos días decidió pedir explicaciones al Govern autonómico. Lo hizo a través de una pregunta parlamentaria por escrito, una solicitud de documentos. Con el tiempo, esa petición se ha convertido en la primera iniciativa política registrada por el caso Nóos. Él nunca se imaginaría cómo acabaría aquello: con el exduque de Palma condenado a seis años y tres meses de cárcel y la infanta multada con más de 265.000 euros y viviendo en el ‘exilio’.
Pasaron diciembre y enero. Al final, obtuvo respuesta. El Ejecutivo autonómico le contestaba haciéndole llegar el presupuesto, que ascendía a 1,2 millones de euros. Eso sí, no adjuntaba las facturas también solicitadas.
"SE ENCENDIERON LAS ALARMAS"
“Eran muchísimos millones de pesetas, entonces estábamos casi todavía con las pesetas”, rememora. Y añade: “A la vista del dispendio, estuve tratando de averiguar qué era eso del Instituto Nóos. Cuando busqué en internet y vi a Urdangarin dije ‘Ay, Dios”. La imagen que tenía Diéguez era que el entonces duque estaba en ese foro “ayudando” y “que lo hacía como un favor, por amistad con Pepote Ballester y que asistía graciosamente para concitar más atención”. “Cuando vi que estaba en el lado del que cobraba y que era una institución en teoría sin ánimo de lucro, se encendieron las alarmas”, apostilla.
Hasta ese momento solo había, confiesa, “una serie de rumores sobre Urdangarin, que obtenía beneficios con algunos contratos, pero nunca había tenido una prueba”. “Pues aquí tenía un documento que indicaba que posiblemente este instituto organizaba sin ánimo de lucro las jornadas, pero que a su vez contrataba a empresas y personas que sí obtenían ciertos beneficios”, explica Diéguez.
En ese momento pensó que había que hacer público ese dato, pero sabía que “en algún momento” saldría el nombre de Urdangarin. “En aquel tiempo era muy difícil hacer la menor crítica a la Casa Real, especialmente en Baleares por la estrecha vinculación y admiración”, reconoce. Decidió hablar con su jefa directa, la entonces portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Francina Armengol, hoy presidenta de la autonomía. Le pidió permiso para ofrecer una rueda de prensa. “Ella no dudó ni un instante y me dijo que sí, que siguiera sin problemas, que había que llevarlo adelante. Asumió ya ese riesgo de ser quien autorizaba esa actuación”, agrega.
El 16 de febrero de 2006 comparecía ante los periodistas para denunciar el derroche de aquel foro y contarlo a la opinión pública. Comenzaba la cronología oficial de este caso. A partir de ese momento los medios empezaron a hacerse eco de los negocios de Instituto Nóos y del coste del foro. La sentencia llegaría once años y un día después.
Esto, añade, provocó “un cierto revuelo en la villa y corte”. “En aquel momento gobernaba el PSOE a nivel nacional. Hubo una llamada, según me dijeron, de Zarzuela a Moncloa para ver qué les pasaba a los socialistas de Baleares”, rememora Diéguez.
Llegado ese punto, revela el exdiputado, le pidió reunirse el entonces secretario de Relaciones Institucionales y de Política Autonómica del PSOE a nivel nacional, Alfonso Perales, para “hacer algunas averiguaciones”. “Cuando se lo estuve explicando con detenimiento, sus palabras textuales fueron ‘adelante, chaval, esto hay que denunciarlo y no se puede tapar, que pase lo que tenga que pasar”.
Dice que ya “no hubo ninguna interferencia más”. “Hay gente que dice que sí, pero no es así”, insiste. La casa real nunca se puso en contacto con él. Eso sí, comenta, que toda esa información estuvo durante los años siguientes más “en el ámbito del corazón”, en el que se hablaba sobre el origen del dinero, el palacete de Pedralbes. Luego llegaría unos años más tarde la fase procesal, cuando el juez José Castro abrió pieza separada por el Instituto Nóos dentro del caso Palma Arena.
Y es que recuerda que Matas gobernó hasta 2007. Luego llegaría al poder el socialista Francesc Antich y se encontrarían muchas facturas sin pagar, que pasaron a la Fiscalía por temas como el velódromo de Palma Arena. Todo esto llegaría a Castro, que inició la investigación y organizó las piezas de este puzle.
Para Diéguez, Castro y el fiscal Pedro Horrach son los verdaderos protagonistas de esta historia. Sobre el juez, comenta: “Es una persona que pone exactamente el mismo empeño si está la infanta detrás como si está delante de un caso de cien euros. Su empeño en llegar a la verdad material de los asuntos es encomiable”.
En esos papeles de la investigación está aquel presupuesto que le mandó en su día el Govern al exdiputado. Le consta que cuando el juez hizo un decomiso de documentación en la conselleria de Presidencia, se encontraron una copia de la pregunta parlamentaria con la documentación del foro y también las facturas, que a él nunca le llegaron a entregar. Estos documentos, explica, “estaban sometidos a un filtro especial”. “Si hubiera tenido en febrero de 2006 aquello, hubiera armado el doble de jaleo”, subraya.
Han pasado once años desde aquella rueda de prensa. En aquel momento, lamenta, no hubo una gran indignación entre los ciudadanos por lo que denunció. Pero hoy dice que le paran a veces por la calle para darle las gracias.
"UN ÉXITO PARA EL ESTADO DE DERECHO"
Vive fuera del Parlamento estos históricos días judiciales. Aquel catedrático de Historia y abogado, que entró en política en 1995 y dejó el Parlament en 2015, ocupa hoy con sus 62 años el cargo de presidente del Consejo Consultivo de la autonomía. Siguió el anuncio de la sentencia a través de la televisión y por internet.
Para él, “ha sido un éxito para el Estado de Derecho llegar a la sentencia”. Considera que hay cosas “positivas y otras son discutibles, como la parte que dice que los foros que se hicieron fueron útiles y que no se tiene que devolver el dinero”. Se queda, eso sí, con la sensación de haber hecho algo “positivo” porque “cuando estás en política, las alegrías son muy pocas”. “Las cosas han cambiado mucho gracias ese pequeño empujón. El verdadero trabajo lo hicieron Horrach y Castro. Lo único que hemos hecho es tocar la primera corneta”, dice.
Y, al acostarse el día que se enteró de la sentencia, pensó: “Ha valido la pena”.
