¿No te interesan los Derechos Humanos? Pues mira esta lista
El discurso del odio y la demonización que se ha impuesto en muchos países del mundo, incluidos los democráticos, supone una grave amenaza para la subsistencia de los derechos humanos. Así de claro lo ha denunciado este miércoles Amnistía Internacional (AI) en su informe anual.
La organización ha denunciado cómo 2016 ha sido "un año en el que el uso cínico de una retórica del 'nosotros contra ellos' en discursos de culpa, odio y miedo ha adquirido prominencia global a una escala nunca vista desde la década de 1930". Pero no sólo se advierte sobre este asunto en el documento: se alerta sobre el riesgo de un "efecto dominó" en la pérdida de compromisos con los Derechos Humanos, sobre el mundo está "más dividido y es más peligroso".
Si todo esto sigue sin inmutarte, sin hacerte reaccionar sobre cómo se están menoscabando derechos básicos en el mundo... Lee esta lista con sólo algunos de los ejemplos del aumento y del impacto de la retórica venenosa y las campañas nacionales de represión del activismo y la libertad de expresión.
Se detuvo y encarceló por imprecisos cargos, como "insular al Estado", a personas que se mostraban críticas, defensores de los DDHH y activistas de los derechos de las minorías. Las fuerzas de la coalición dirigidas por Arabia Saudí cometieron graves violaciones del derecho internacional, incluidos presuntos crímenes de guerra en Yemen, según denuncia Amnistía Internacional.
Las fuerzas de la coalición bombardearon escuelas, hospitales, mercados y mezquitas, matando e hiriendo a miles de civiles con armas semiautomáticas suministradas por los gobiernos de EEUU y Reino Unido, se recoge en el informe.
El documento sentencia cómo, "en lugar de investigar los homicidios de activistas, periodistas y titulares de blogs o brindar protección contra ellos", las autoridades del país han llevado a juicio a medios de comunicación y oposición por, entre otras cosas, publicaciones en Facebook.
Sobre este país en el informe se recoge que persisten las medidas "enérgicas" contra profesionales del derecho y activistas. Entre ellas se cita la detención en régimen de incomunicación, la emisión de confesiones por televisión y hostigamiento a sus familiares.
Amnistía Internacional denuncia cómo las autoridades han impuesto prohibiciones de viaje, restricciones económicas y congelaciones de activos para "menoscabar, difamar y silenciar" a grupos de la sociedad civil.
La ONG hace una referencia explícita a lo que ha considerado una campaña "caracterizada por la retórica discriminatoria, misógina y xenófoba", que ha suscitado gran preocupación en relación con la solidez de los futuros compromisos de EEUU con los DDH dentro y fuera de sus fronteras.
Aquí se asegura que existe un gobierno "cada vez más intolerante con las voces disidentes" que se valió de la legislación antiterrorista y del estado de excepción para "reprimir a periodistas, a defensores de los DDHH, a la oposición política y, en particular, a manifestantes, contra quienes hizo uso de fuerza excesiva y letal".
El presidente Duterte prometió matar a decenas de miles de personas sospechosas de estar implicadas en el comercio de drogas y se produjo "una oleada de ejecuciones extrajudiciales", según denuncia Amnistía Internacional.
La ONG muestra su preocupación sobre el estado de los DDHH en el país. De hecho, ha elegido París por primera vez, y no Londres, para presentar su informe anula. Lo ha hecho así por la relación entre el momento que vive Francia, inmersa en un estado de emergencia tras los ataques terroristas vividos y bajo riesgo de una victoria ultraderechista en las próximas elecciones presidenciales, y el mensaje del documento de este año.
Se refiere en el texto a cómo Francia, en virtud de ese estado de emergencia, ha llevado a cabo registros domiciliarios o prohibiciones de viaje y detenciones.
Berta Cáceres y siete activistas más de los DDHH fueron víctimas de homicidio, denuncia esta ONG.
Alertada por la política de Orban, Amnistía Internacional denuncia cómo la "retórica" del gobierno "propugnó una divisiva modalidad de política de la identidad y una sombría visión de la fortaleza de Europa. Esto se tradujo en una política de represión de los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
Las autoridades aplicaron represivas leyes para restringir la libertad de expresión y silenciar las voces críticas, denuncia Amnistía Internacional. Se alerta, además, de cómo se han usado leyes opresivas para intentar silenciar a activistas estudiantiles, figuras del mundo académico, periodistas y defensores de los DDHH.
En este país se ejerció "una fuerte represión de la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y de religión", denuncia Amnistía Internacional.
La organización Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que tome "acciones inmediatas" para abordar la "cada vez más deteriorada" situación en Birmania, donde miles de musulmanes rohingya huyen de la discriminación y la violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. De cara a la próxima sesión del consejo, que comenzará el próximo 27 de febrero, la organización ha señalado que casi un año después de la llegada de la Liga Nacional para la Democracia (LND) al poder la situación de los Derechos Humanos en el país ha empeorado.
Al menos 69.000 personas se han visto obligadas a trasladarse desde el norte del estado birmano de Rajine a Bangladesh tras los ataques registrados el 9 octubre, donde murieron nueve agentes fronterizos.
El aumento de la violencia en la zona, donde según varias ONG se están produciendo crímenes contra la Humanidad y violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, ha levantado la polémica a nivel internacional.
Reino Unido tampoco se libra de las críticas en este campo: tras el Brexit “han aumentado los delitos de odio” y la nueva ley de vigilancia aprobada en el país, que ha ampliado “considerablemente los poderes de las agencias de inteligencia y otros organismos para invadir la privacidad de las personas a escala masiva”, denuncia esta ONG.
Amnistía Internacional también ha puesto el foco sobre África por los "graves abusos y violaciones de los DDHH" contra la población civil, especialmente en Chad, Malí, Níger, Nigeria, Camerún, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, República Centroafricana y República Democrática del Congo. "La violencia sexual y de género fue generalizada y se reclutó a menores como niños y niñas soldados", recalca.
El pasado año en Rusia se intensificaron las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica y continuó la persecución judicial de los críticos del Gobierno, constata el último informe de Amnistía Internacional.
Las autoridades endurecieron el control sobre la sociedad civil y las ONG con nuevas normas legales, en particular leyes contra el extremismo, "haciéndose un uso excesivo" de ellas "hasta el punto de violar el derecho a la libertad de expresión", según Amnistía Internacional.
En particular, las nuevas leyes "obligaban a los proveedores de tecnologías de la información a guardar registros de todas las conversaciones durante seis meses y de los metadatos durante tres años".
La impunidad reinó en Siria en 2016, cuando la cifra de muertos en el conflicto superó los 300.000 y cuando todas las partes cometieron "crímenes de guerra, otras violaciones graves del derecho internacional humanitario y abusos flagrantes contra los derechos humanos", según Amnistía Internacional.
En su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional explica que "las fuerzas del Gobierno sirio y de su aliado ruso perpetraron ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles y bienes civiles mediante bombardeos aéreos y de artillería, causando miles de víctimas".
Entre los aliados del régimen de Bashar al Asad figura asimismo la organización libanesa Hizbulá y grupos armados y milicias de otros países, que también cometieron abusos.
Además, "se tuvo constancia de que las fuerzas gubernamentales habían utilizado también agentes químicos y que mantuvieron asedios prolongados que cercaron a la población civil y limitaron su acceso a bienes y servicios esenciales".
Hubo convincentes indicios de uso de armas químicas por parte del gobierno de este país, denuncia Amnistía, que también sentencia que en otras partes hubo detenciones arbitrarias a personas sospechosas de criticar u oponerse al gobierno.
Los persistentes combates, en los que se cometen abusos y violaciones del derecho internacional de los DDHH y humanitario, continuaron teniendo consecuencias devastadoras para la población civil desde el punto de vista humanitario.
La corriente del "discurso del odio" ha llegado hasta Asia, donde "en países como Australia y Tailandia los gobiernos agravaron el sufrimiento al devolver a personas a países donde corrían peligro de sufrir violaciones de DDHH", denuncia esta ONG. Además se han usado poderes de excepción y leyes sobre la difamación y la sedición para restringir la libertad de expresión.
El presidente turco, Recep Tayyip Erodgan, consolidó su poder y, tras el fallido golpe de Estado de julio de 2016, "emprendió una campaña de represión masiva" de funcionarios y miembros de sociedad civil, denuncia Amnistía Internacional.
"El retroceso del Gobierno en materia de derechos humanos se aceleró drásticamente tras la intentona golpista", sentencia.
Aprovechando el estado de excepción impuesto tras el intento de asonada, el Gobierno "intensificó su represión de las voces disidentes" -agregó AI- con 40.000 detenciones y 90.000 despidos de supuestos simpatizantes del clérigo exiliado Fethullah Gülen, exaliado y ahora acérrimo enemigo de Erdogan.
También fueron sometidos a prisión preventiva 118 periodistas y cerrados "de forma arbitraria y permanente 184 medios de comunicación" y 375 ONG, entre ellas humanitarias y de defensa de los derechos de las mujeres, según el informe.
Los opositores presos, las detenciones arbitrarias y la impunidad protagonizaron de nuevo la vida en Venezuela en 2016, bajo estado de excepción y en medio de una escasez creciente de alimentos y medicinas, según Amnistía Internacional.
En su informe anual denuncia que continuaron los encarcelamientos de antichavistas en Venezuela, donde más de un centenar de personas estuvieron detenidas por razones políticas el año pasado. Recuerda que a mediados de año se ratificó en apelación la condena a casi 14 años de cárcel al líder opositor Leopoldo López por la violencia registrada durante una protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro en 2014, pena confirmada de nuevo hace unos días por el Supremo.
Amnistía indica que, al concluir 2016, no se habían aplicado las decisiones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, entre ellas las referidas al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y el exregidor municipal de San Cristóbal Daniel Ceballos.
Todo en medio de la impunidad, pues sólo se habían iniciado 77 juicios de las más de 11.000 denuncias en 2015 por delitos contra el derecho internacional y violación de derechos humanos.
También destaca los lentos avances para llevar ante la justicia a los supuestos responsables de la muerte de más de 40 personas, tortura y malos tratos durante las protestas de 2014, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad.
