¿Tendrán que pedir los ciegos y los sordos un dictamen médico para casarse?
Si no hay una rectificación, a partir de junio, ciegos y sordos tendrán que pedir autorización médica para contraer matrimonio. Se trata de la reforma del artículo 56 del Código Civil, que incluye a los discapacitados "sensoriales" entre aquellos que deben presentar un dictamen médico sobre su aptitud para prestar conocimiento. La noticia ha dado lugar a la indignación de organizaciones como la ONCE o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que defienden que un discapacitado visual o auditivo no necesita permiso médico para casarse.
A la vista de la polémica, el Ministerio de Justicia dictó una resolución el pasado 23 de diciembre en la que aclaraba los criterios de interpretación del nuevo artículo, señalando que se debe interpretar de manera estricta y en relación a los supuestos en los que la discapacidad "afecte de forma evidente e impeditiva". Pero las asociaciones de discapacitados, algunos abogados y partidos de la oposición, sostienen que esto no es suficiente y que debe haber un cambio de raíz en el propio Código Civil. Según fuentes de la ONCE, la modificación afectaría a todas las personas que deseen contraer matrimonio de los 72.000 invidentes y del millón de sordos que residen en España.
Las asociaciones de discapacitados visuales y auditivos han subrayado que la nueva redacción del Código Civil es "contraria" a los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que afirma en su artículo 12 que las personas con capacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, en todos los aspectos de la vida. Además, en su artículo 23 explica que "los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones que los demás".
Esto lo ha confirmado el Ministerio de Justicia, que el 23 de diciembre emitió una circular a la que ha tenido acceso El Huffington Post y en la que aclara que sólo tendrán que pedir un dictamen médico aquellas personas que tienen una discapacidad que afecte de manera "evidente e impeditiva, aún proporcionados los apoyos precisos, a la capacidad para prestar el consentimiento, y lógicamente no a aquellos supuestos en que la discapacidad afecte tan solo a los medios, canales o soportes de emisión de ese consentimiento o nada tenga que ver ni guarde relación con la aptitud para prestarlo". Por lo que ciegos y sordos quedarían excluidos.
"SE ESTÁ CUESTIONANDO NUESTRA CAPACIDAD"
¿Cuál es el problema entonces? La ley es la ley. Y el Código Civil tiene un rango de ley más alto que la circular del Ministerio de Justicia. Es decir, el valor del artículo 56 es mayor que el de la resolución del Ministerio. Por lo tanto, como confirma el abogado de Derecho Civil Alberto Julio Martín Villena, del bufete 'Alfil', en la práctica sí que pueden seguir pidiendo esos informes a cualquier discapacitado mental, intelectual y sensorial. Es más, es lo que dictamina la ley.
Por eso la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, lamenta que no haya habido consulta previa con los discapacitados antes de realizar esta modificación. "Hay muchos avances ya de las personas discapacitadas y de repente se está cuestionando nuestra capacidad en el ámbito más personal", explica. Ella opina que la circular "no es suficiente" y que se necesita "que el cambio sea de fondo, de raíz". Por eso reclama que se modifique de nuevo el Código Civil aclarando esta cuestión.
A raíz de esto, el PSOE ha emplazado al Gobierno a presentar en tres meses un proyecto de ley que modifique el artículo 56. Los socialistas lo han exigido así en una proposición de ley registrada este miércoles en el Congreso para acabar con una normativa que tildan de "humillante" y "lesiva" para el colectivo de discapacitados, según el portavoz de Políticas de Discapacidad del PSOE, Joan Ruiz. Opina también que la circular del Ministerio de Justicia no puede estar por encima de la ley vigente y que "la mejor manera de modificar una situación así es hacer una nueva o cambiarla". Mientras tanto, los afectados siguen pendientes de que se resuelva esta modificación, que lleva su tiempo por el trámite parlamentario.
