La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para Blesa
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años de cárcel para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y para el que fuera director general Ildefonso Sánchez Barcoj, por un delito de administración desleal continuada en relación con sobresueldos en la extinta entidad financiera.
En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid, adelantado hoy por la Ser, el fiscal Conrado Saiz solicita además 8,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a pagar solidariamente entre ambos, que deberán ingresar en la cuenta que establezca Bankia o el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El abogado del Estado que representa al FROB, personado en la causa, se ha adherido a la solicitud del fiscal.
En enero de 2015, la Fiscalía Anticorrupción denunció ante la justicia presuntas irregularidades en las retribuciones recibidas por la cúpula de Caja Madrid entre 2007 y 2010, por el incremento irregular de sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones supuestamente fraudulentos de Caja Madrid durante la época de Blesa como presidente.
AUMENTO IRREGULAR DE RETRIBUCIONES
Según ha podido confirmar Efe de fuentes próximas al caso, el fiscal atribuye a Blesa y a Barcoj la responsabilidad del aumento irregular de las retribuciones, ya que el consejo de administración les responsabilizó de individualizarlas.
Asimismo, destaca el "conocimiento y consentimiento" de ambos en el modo de fijación de la retribución variable de los altos directivos, el exceso de aportaciones al plan de pensiones como "gratificación extraordinaria", y los "pagos indebidos en relación con el cese" del que era su secretario, Enrique de la Torre.
Este percibió 2,89 millones de euros al cesar en su cargo, por lo que el fiscal lo considera partícipe a título lucrativo y propone que devuelva ese dinero; en ese caso, Blesa y Barcoj verán aminorada su responsabilidad civil en idéntica cantidad.
En diciembre de 2014 el FROB advirtió sobre las supuestas irregularidades, después de encargar una auditoría forense a la empresa Price Waterhouse Coopers.
