Larga vida al sistema español de pensiones, si mejoran los salarios
¡No nos toquéis las pensiones sino los sueldos! Este es el grial de la eterna juventud del sistema español de pensiones para los expertos consultados por El Huffington Post: la recuperación de los salarios y, por ende, de las cotizaciones que de ellos se derivan con destino a las arcas de la Seguridad Social.
Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social por segunda legislatura, ha inaugurado este martes los debates y trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo para una reforma del sistema que garantice la viabilidad de un modelo que es pilar del estado de bienestar en España.
Comparece a petición propia y lo hace a las puertas de diciembre, cuando el sistema de pensiones español está a punto de ascender su particular cuesta de fin de año: en el último mes de 2016, coinciden los pagos de las mensualidades corriente y extraordinaria de Navidad de casi diez millones de pensionistas.
El reto principal de la Comisión del Pacto de Toledo es explorar caminos para devolver el equilibrio financiero al sistema, ahora muy dañado, con un déficit histórico que rozará este año el 1,7% del PIB, hasta los 19.000 millones. El desfase será algo inferior en 2017, hasta el 1,4% del PIB, algo menos de 16.000 millones.
El gasto en pensiones de 2017 superará los 136.000 millones, por encima de los 135.449 millones que se desembolsarán este año, casi el 40% del presupuesto. Mientras el gasto constituye una preocupación común al conjunto de países desarrollados, los ingresos -la savia del sistema- son un dolor de cabeza muy español.
9.447.945 DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS
El modelo español, vigente desde 1996, funciona. Así lo aseguran los expertos consultados. El modelo como tal, pero no su cuenta corriente, que ya está en números rojos. ¿Cómo cubrirá el Estado las 9.447.945 pensiones contributivas registradas en octubre, a una mensualidad media de 907,77 euros? Más de la mitad (5.764.058) corresponden a jubilación, 2.362.301 son de viudedad, 940.553 por incapacidad permanente, 341.091 de orfandad y 39.942 a favor de familiares. Los datos los proporciona el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Pero este modelo peligra cuando se combinan desempleo (18,9%, según la última EPA) y devaluación salarial (descenso del 0,8% del salario por hora entre 2008 y 2014, según el nuevo Indicador de Precios del Salario), como es el caso actual.
En España, el número de pensionistas crece al tiempo que el de los afiliados y cotizantes a la seguridad social adelgaza con motivo de la crisis (un 13% y un 8% respectivamente desde 2008), la destrucción de empleo consecuente y la devaluación salarial con la que se hizo frente a la crisis. Pescadilla que se muerde la cola pero que no se alimenta. Y, aunque bien es cierto que la economía volvió a crecer en 2014, la mejora tuvo difícil trasvase al empleo (medio millón de nuevos contratos al año desde entonces) y los salarios (caída del 0,7%); empleo y salarios, los motores del sistema de pensiones.
HOJA DE RUTA HACIA LA SOSTENIBILIDAD
El Gobierno quiere reformar el sistema, pero no dice cómo, solo que seguirá la senda reformista. Hasta la fecha ha deslizado dos únicas propuestas: compatibilizar el cobro del cien por cien de la pensión con un empleo y pasar la de viudedad a asistencial. Dos ideas que han levantado críticas. Primero, de empresarios y sindicatos que consideran que esta compatibilidad es insolidaria con el desempleo juvenil. Segundo, de organizaciones, sindicatos y oposición que ven discriminación de género (la mayoría son viudas y no viudos) y una bajada encubierta en el tránsito de contributivas (el 58% de la pensión del cónyuge fallecido, 650 euros de media) a asistenciales (400 euros de media).
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“Los 17.000 millones de déficit que arrastra el sistema son los mismos 17.000 millones que quedan en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social”, explica al teléfono Héctor Maravall, exdirector general del Inem. “Lo que indica que la hucha de las pensiones se quedará a cero en 2017 si el Gobierno vuelve a tirar de ella”, agrega. La hucha, como su nombre indica, contiene un ahorro para hacer frente a contingencias puntuales pero no corresponde al presupuesto real de la Seguridad Social. Que se acabe el Fondo, por tanto, no exime al Estado de garantizar las pensiones, una obligación constitucional, insiste desde el Consejo Económico y Social su presidente, Marcos Peña.
GRAN ACUERDO NACIONAL
Báñez explicará en su comparecencia de este martes las medidas previstas por el Gobierno para atajar el déficit y dará cuenta de las últimas disposiciones del Fondo de Reserva. Lo que ha entrado, lo que ha salido y lo que saldrá de la hucha. Esa misma tarde, el Pleno del Congreso debatirá y votará una iniciativa del PP que propone un gran acuerdo nacional que revitalice el Pacto de Toledo y elabore nuevas recomendaciones.
Las reformas de 2011 y 2013 fueron duras para los sindicatos, que no quieren oír hablar de nuevas operaciones de calado. Apuestan, en cambio, por los matices. En el cóctel que proponen valoran: recuperar los salarios, para aumentar la base de cotización; reducir el desempleo, para elevar la masa salarial; acabar con las exenciones y ayudas al empleo que solo favorecen a las empresas y acompañar las medias con una inyección de ingresos vía impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado, acotada en el tiempo y hasta que el sistema gane músculo.
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La última reordenación del sistema fue elaborada por un grupo de 12 sabios y contó con el único en voto en contra de Santos Ruesga. Catedrático de Economía Aplicada de la UAM, propone a corto plazo aumentar ingresos vía impuestos. A medio plazo, insiste en una reordenación del sistema con la supresión de las subvenciones al empleo - “Que en la práctica son subvenciones a las empresas”, aclara en conversación con El Huffington Post-, que ahorraría entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Y, a largo plazo, destopar (eliminar los topes) las cotizaciones máximas que, en la práctica, “tendría igual resultado que aumentar las cotizaciones pero con un efecto más progresivo”. Aunque, a su juicio, tiene el problema de que a medio plazo equilibraría ingresos y gastos.
Los sindicatos coinciden en la necesidad de combinar vías de ingresos. “Rectificar la situación financiera, con un aumento del empleo y de los salarios, por un lado, y crear impuestos específicos por la vía de los Presupuestos Generales del Estado”, explica Carlos Bravo, responsable de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO.
Desde UGT, Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, apunta en la misma dirección: “Impuestos vía Presupuestos, como en el resto de países de Europa”.
También para el catedrático de la Universidad de Sevilla Jesús Cruz Villalón, una de las medidas más importantes que deben contener los Presupuestos de 2017 es la financiación de las pensiones públicas. Pero solo para salvar el momento, matiza. “Hay quien calcula un ingreso por encima de los 7.500 millones de euros por destopar la pensión máxima”, coincide también.
El exsecretario de Estado de Seguridad Social (2004-2011) Octavio Granado expone en una conversación vía correo electrónico con El Huffington Post las líneas maestras de su receta para resolver la carencia de ingresos: "Para empezar, devolviendo a las pensiones todo el dinero que se pierde en reducciones de cotización que debería pagar el Estado; luego concentrando en las pensiones todas las cuotas que ahora se dedican a políticas que deberían financiar los impuestos (formación...) y por último devolviendo la protección de la que se ha privado a los colectivos más vulnerables (cuidadores familiares, parados de larga duración mayores de 52 años...)", escribe.
Héctor Maravall, por su parte, "revisaría a fondo la importantísima red de bonificiaciones, reducciones, exenciones que lastran los ingresos y cuya utilidad en la creación y mantenimiento del empleo son cuestionados".
Desde un planteamiento distinto, Ignacio Conde Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y autor de ¿Qué pasa con mi pensión? (Península, 2014), es proclive a calcular la jubilación teniendo en cuenta todas las cotizaciones realizadas durante la vida laboral de un trabajador, como se hace, por ejemplo, en Suecia. El sistema en ese país se basa en cuentas nocionales de aportación definida. Estas cuentas se nutren de las aportaciones del trabajador durante toda su vida laboral, y sus respectivos rendimientos que dependen de un tipo de interés social definido por el sistema. Cuando llega la jubilación, el trabajador recibe una prestación en función de lo acumulado en su cuenta, del tipo de interés aplicable a sus aportaciones, la edad a la desea jubilarse y de la esperanza de vida de su generación. Se llaman nocionales porque no contienen dinero real, sino que son registros contables de las aportaciones realizadas. De hecho es un sistema de pensiones reparto, no de capitalización.
Luis Fernando Medina, economista y filósofo del Instituto Juan March vinculado a la Fundación Alternativas, propone también "un modelo más simple y, por ende, más eficiente, equitativo y financieramente viable", define. El sistema actual, se queja en su contribución al último Informe sobre la Desigualdad en España de la Fundación Alternativas, cuenta con una gran profusión de regímenes, exenciones y topes a la tributación.
En 2022, por cada diez personas en edad de trabajar habrá seis potencialmente inactivas. En 2040, por cada persona en edad de trabajar habrá otra en edad de no hacerlo. Y en 2050 los mayores de 65 años representarán el 37% del conjunto de la población, según datos del Ministerio de Empleo.
