La Fiscalía no ve indicios para investigar a Fernández Díaz por sus conversaciones
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha considerado que no hay indicios suficientes para iniciar una investigación penal contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por sus conversaciones con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso; en las que hablaban de posibles investigaciones a dirigentes de partidos independentistas catalanes, como Felip Puig o Francesc Homs.
A su juicio, del contenido de las conversaciones difundidas por el diario Público, "no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal por preconstitución falsa de pruebas, por prevaricación administrativa ni por los restantes tipos penales".
La Fiscalía del Supremo ha remitido las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Madrid para que estudie si De Alfonso ha podido cometer un delito de revelación de secretos y a la Fiscalía Provincial de Barcelona por si hubiese podido incurrir en malversación de caudales públicos.
ACUSABAN DE PREVARICACIÓN A DE ALFONSO
El Ministerio Público se pronuncia de este modo sobre las denuncias que interpusieron ERC, PSC y Catalunya Sí que es Pot tras la publicación de la conversación mantenida entre el ministro del Interior y De Alfonso. En concreto, ERC presentó una querella en la Fiscalía de Barcelona contra los dos interlocutores en la que denunciaba que ambos tenían intención de desprestigiar a la formación catalana.
Además, la candidatura de Catalunya Sí que es Pot registró una denuncia ante la Fiscalía contra ambos al considerar que, en el caso del ministro del Interior había incurrido en delitos de "prevaricación mediata o, si es el caso, de partícipe a título de "extraneus", es decir, que respondería de los hechos como inductor o cooperado necesario o bien como simple cómplice.
En el caso de De Alfonso le acusaban de un delito de prevaricación administrativa por cursar instrucciones o dictar resoluciones de inicio, impulso, paralización o concatenación de actuaciones con el fin de perjudicar a una persona, para menoscabar su crédito u honorabilidad.
También creía que debía ser objeto de investigación por ese delito si De Alfonso aceptó instrucción de otra autoridad contraviniendo la ley de la Oac que aclara que su director "no recibe instrucción de ninguna autoridad en el ejercicio de sus acciones".
Además, considera que ha cometido delito de revelación de secretos, ya que la ley el organismo configura legalmente "el deber de secreto", y no ve que sea lícito el contenido de la grabación.
Estos son los audios de las conversaciones de Fernández Díaz y De Alfonso cedidos por Público.es.
