La Fiscalía pide cinco años y dos meses de cárcel para Oriol Pujol por el caso ITV

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol, y tres años y cuatro meses de prisión para su mujer, Anna Vidal, por su presunta implicación en el caso de las ITV.

En su calificación previa al juicio, el fiscal Fernando Maldonado acusa al hijo del expresidente de la Generalitat de los delitos de tráfico de influencias, por el que pide dos años; cohecho, por el que solicita un año y dos meses, y falsedad continuada en documento mercantil, por lo que demanda dos años más.

Está acusado de usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV y, además, de cobrar de un empresario amigo por su intermediación con pagos camuflados como trabajos de asesoría a su mujer, que presuntamente ella nunca hizo.

Anna Vidal cobró, de 2010 a 2012, 443.660 euros por servicios contratados y no prestados al empresario amigo íntimo del político y también acusado Sergi Alsina, porque en realidad, según Fiscalía, la intención era camuflar "la inestimable colaboración" de Oriol Pujol por su influencia política.

Alsina fue contratado en 2010 como asesor por una sociedad que quería vender su planta industrial en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) para que le ayudase a buscar un comprador; Alsina, a su vez, hizo pagos los pagos a Anna Vidal, supuestamente por colaborar con él en estos trabajos.

"INTENSA Y DECISIVA"

Sin embargo, la labor de la mujer de Oriol Pujol "se limitó a aportar información manuscrita con apuntes y referencias sobre las empresas candidatas —a la compra—, fácilmente obtenibles en Internet", según el escrito de acusación.

Lo que presuntamente se pagaba era la intervención de Oriol Pujol, que fue "intensa, decisiva y claramente beneficiosa para los implicados gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaba", pues los fiscales creen que intervino en las negociaciones.

"Gracias a la labor fundamental del acusado Oriol Pujol Ferrusola, la operación mercantil para la que fue contratada la empresa del acusado Sergi Alsina Jiménez, tuvo un éxito esperado", concluye el Ministerio Público.

Lo mismo sucedió cuando Alsina fue contratado a finales de 2010 para la creación de un parque de proveedores del sector del automóvil en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona); nuevamente, Vidal cobró de este empresario cuando su trabajo se limitó a aportar información manuscrita "elaborada por otras personas, carente de valor".

FAVORECER A EMPRESARIOS

Por otra parte, Oriol Pujol presuntamente favoreció desde 2010 a un grupo de empresarios del sector de las ITV: sugirió activamente que la Generalitat contratase a Josep Tous, para solucionar el complejo mapa y diseñar el plan territorial de las estaciones de ITV.

Supuestamente aprovechó su doble condición de presidente de CiU en el Parlament y de secretario general de CDC: según los fiscales, su interés para designar a Tous era por el también interés de Alsina de que Tous favoreciese los intereses privados de otro empresario acusado, Ricard Puignou, en la negociación sobre las estaciones.

El supuesto plan era el siguiente: Alsina y el también acusado Sergi Pastor constituyeron una sociedad para que presuntamente fuera beneficiada por el reparto de estaciones aprovechándose de acuerdos con Tous y de "las influencias políticas de Oriol Pujol".

Según Fiscalía, el político también pudo tener un porcentaje de la sociedad, aunque la difusión en la prensa de que les investigaban hizo que no consiguieran sus objetivos.

EMPRESARIOS ACUSADOS

La Fiscalía pide tres años y cuatro meses para Anna Vidal por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de cohecho; para Sergi Alsina, seis años y dos meses por tráfico de influencias, falsedad documental continuada y dos delitos de cohecho, además de una multa de 250.000 euros.

También solicita un año de cárcel para Ricard Puignou y Josep Tous por cohecho; la misma pena de prisión para Sergi Pastor, en su caso por supuesto tráfico de influencias y una multa de 250.000 euros.