Las claves del caso de los ERE
La trama de los ERE es el mayor caso de corrupción que ha sacudido Andalucía. Intrusos, fondos de reptiles, expresidentes imputados, renovación obligada en la cúpula del PSOE, negocios entre empresarios y sindicalistas... Un cóctel explosivo para la Junta en el gran feudo de los socialistas. ¿Te pierdes en esta macrocausa? Ahora que los ex presidentes Chaves y Griñán serán juzgados, te refrescamos todo lo que ha pasado.
¿Qué es el caso de los ERE?
Es la investigación de un fraude masivo relacionado con ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta de Andalucía -a través de la Consejería de Empleo- a empresas en crisis entre 2001 y 2011 para llevar a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE). La instrucción acumula ya cinco años y se han imputado a 275 personas.
¿A cuánto asciende?
La jueza que inició la investigación, Mercedes Alaya, sostuvo que estas transferencias “habría supuesto la ilegal aplicación de fondos públicos por importe de 855 millones de euros”. Eso es el monto total de las ayudas aplicadas en este concepto, que la magistrada entiende que están tramitadas de forma ilegal.
Según la investigación llevada a cabo, el fraude contabilizado hasta ahora sería de unos 152 millones de euros. La Dirección General de Seguros cifró en unos 66 millones de euros por sobrecomisiones, a los que habría que sumar unos 73,8 millones por ayudas a empresas que no reunían las condiciones y algo más de 12 que fueron a parar a los llamados intrusos -personas prejubiladas que no trabajaban en esas empresas-.
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¿Por qué se financiaban con dinero público estos expedientes?
La Junta de Andalucía utilizó este mecanismo principalmente para asegurar la paz social y ayudar a empresas a través de la transferencia de financiación, que es una vía de pago más ágil. El Ejecutivo socialista marcó una política de rescatar a empresas ya desde los noventa tras los graves conflictos en algunas como Astilleros, Puleva, Santana o Cervezas Alhambra.
La jueza Alaya mantiene que este era una canal opaco que no garantizaba el control de esas ayudas, que se entregaban de “forma absolutamente libérrima” para personas y empresas cercanas a UGT, CCOO y el PSOE.
¿Cómo era el procedimiento de las ayudas?
El procedimiento de la transferencia de financiación consiste en que se recoge un fondo en la ley de presupuestos para la Consejería de Empleo y posteriormente se traspasaba a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Idea. A través de ella se abonaba a las aseguradoras las subvenciones de los pagos de los ERE. Al hacerse por este cauces no tenían que pasar las ayudas controles previos, lo que hacía más rápido todo el proceso.
¿Qué es el famoso “fondo de reptiles”?
Se ha denominado así a la partida 31L incluida en los presupuestos andaluces cada año para esas ayudas sociolaborales. Le puso este nombre el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero durante una declaración ante la Policía.
¿Quién es Francisco Javier Guerrero?
La Junta de Andalucía y el PSOE siempre han intentado limitar las responsabilidades del caso de los ERE a la órbita de Guerrero. Él fue el director general de Trabajo entre 1999 y 2008. Es natural de El Pedroso, un municipio en la Sierra Norte de Sevilla, el epicentro de los ERE fraudulentos. Incluyó a cinco personas de su entorno como “intrusos” y consiguió hasta ayudas para su suegra, según la investigación.
Alaya lo acusó de haber recibido 303.588 euros de “procedencia desconocida” y haber aceptado viajes a China y Egipto con la condición de no convocar concursos públicos para los procesos. Su chófer llegó a declarar que se gastaba 25.000 euros al mes, que venían de fondos de la Junta, en cocaína, copas y fiestas.
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Guerrero
¿Qué es la ‘rama política’ de los ERE?
Desde el inicio de la investigación, Mercedes Alaya ha apuntado a lo más alto de la Junta de Andalucía en relación al diseño de un sistema ilegal de ayudas para beneficiar a la órbita del partido y a los sindicatos.
Estos años han sido todo un culebrón judicial, con controvertidos pasos judiciales como las “pre-imputaciones” de Chaves y Griñán por parte de Alaya. Ella no tenía la competencia de imputarlos al ser parlamentarios aforados. Esta figura significa que sus causas deben ser juzgados por tribunales superiores a los ordinarios. Chaves era diputado en el Congreso y Griñán, presidente de la Junta primero y luego senador desde 2013. Por eso, la rama política debía pasar por el Supremo y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -en el caso de los parlamentarios autonómicos-. Esta situación se retrasó al Alaya intentar no desprenderse del caso y enviarlo a los tribunales superiores.
En junio de 2015, el Tribunal Supremo inculpó a Griñán, Chaves y al exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías por un presunto delito de prevaricación administrativa. Ya en octubre, el Alto Tribunal remitió otra vez esta rama política al juzgado de Sevilla al no tener su condición de aforados los implicados por su renuncia a sus escaños.
En total, hay 51 ex altos cargos de la Junta de Andalucía imputados.
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Griñán, en el juzgado
¿Por qué no lleva ahora Alaya el caso en el juzgado?
La jueza lo empezó a instruir hace cinco años cuando estaba en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, pero lo abandonó el pasado mes de junio cuando pasó a ocupar la plaza que había pedido en la Audiencia provincial.
En ese momento, ocupó ese puesto la jueza María Núñez Bolaños, que dividió el caso en varias piezas, una de ellas relacionados con los políticos. Una de las críticas que se había hecho contra Alaya por parte de sectores del mundo judicial es que no hubiera troceado esta macrocausa. La nueva responsable adoptó esta decisión para agilizar el caso y que este año tengan lugar los primeros juicios. Con esta idea de rapidez, la juez Núñez decidió el pasado mes de diciembre ceder varias piezas al magistrado de apoyo del juzgado, Álvaro Martín.
La duración de la instrucción está llevando también a que prescriban las imputaciones de algunos investigados como varios empresarios al haber pasado más de diez años desde que recibieran las ayudas.
¿Qué consecuencias políticas ha tenido?
El caso de los ERE se ha llevado por delante la carrera política tanto de Griñán como de Chaves. Desde el PSOE andaluz siempre se dice que se asumieron las responsabilidades al dejar el primero su cargo como presidente de Andalucía. La sucesión se produjo en septiembre de 2013, cuando asumió la Junta de Andalucía la actual presidenta, Susana Díaz. Griñán pasó a ser entonces senador -por designación autonómica-, lo que provocó críticas por parte del PP al entender que era una manera de seguir aforado.
El expresidente renunció a su escaño en la Cámara Alta a mitad de junio del año pasado después de Díaz fuera investida por segunda vez y se tuvieran que renovar esas plazas por parte de la Cámara autonómica. Además, Ciudadanos presionó en este sentido para dar su apoyo a la socialista. A finales de junio Chaves y Zarrías dejaban también sus sillones en el Congreso una vez el Supremo ratificó la imputación por prevaricación.
¿Y los cursos de formación?
Paralelamente, una comisión parlamentaria investiga el fraude en los cursos de formación en Andalucía por un presunto caso de malversación vinculado a la Junta, que habría pagado por cursos de formación fantasma que nunca se llegaron a realizar. La comisión trata de establecer si existieron responsabilidades políticas en el presunto fraude.
La presidenta Susana Díaz cerraba este martes las comparecencias ante la Cámara andaluza tras las intervenciones de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En su declaración, Díaz reprochó al Gobierno central que no paralizara los cursos de formación después de que la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, detectara las "deficiencias" del sistema.
Se calcula que el entramado de los cursos de formación podría haber defraudado hasta 3.000 millones de euros. Los principales imputados por este fraude son Ángel Ojeda, consejero de Hacienda de 1987 a 1990, y Antonio Fernández, consejero de Empleo de 2004 a 2010.
Mercedes Alaya investiga parte de la marcrocausa, que la Fiscalía Superior de Andalucía repartió entre diferentes juzgados.
