Un año de 'cambio' en Zaragoza: buenas intenciones, mucha bronca y poco dinero

Defender los derechos humanos y sociales, luchar contra la desnutrición infantil o parar en seco los desahucios fueron, junto a la redistribución de la carga fiscal o el aumento de la participación y la transparencia, las puntas de lanza de la investidura como alcalde del líder de Zaragoza en Común (ZeC), el abogado y activista social Pedro Santisteve.

Los escaños obtenidos por la izquierda en los comicios del 24 de mayo de 2015, con los 9 de ZeC, los seis del PSOE y los 2 de la Chunta Aragonesista (CHA), sumaban uno más que los 10 del PP más los 6 de Ciudadanos. Se acababan así 36 años de alternancias en el poder municipal de PSOE y PP y convertían al Ayuntamiento de Zaragoza en un "gobierno del cambio".

Un año después, ese Ejecutivo liderado por una confluencia de movimientos sociales, Equo, Puyalón de Cuchas, Piratas de Aragón, Somos y Demos+, manejada por IU y respaldada por el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique —quien también sostiene el Gobierno regional socialista—, ha tenido que encarar graves problemas internos que han provocado cierta sensación de caos y descoordinación entre los ciudadanos.

“Ha sido un año de cambiar de rumbo, muy complicado porque criticamos al anterior Gobierno del PSOE que, a la postre, apoyó nuestra investidura”, resalta a El Huffington Post el portavoz del Grupo Municipal de ZeC y consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, quien reconoce que “la relación es complicada porque hemos venido a cambiar las cosas, estamos siendo honestos y no hacen autocrítica sobre el periodo anterior”.

Con esos mimbres, el ZeC ha afrontado la huelga de autobuses urbanos más larga de la historia de Zaragoza, problemas de endeudamiento durísimos y enfrentamientos con los empresarios de la ciudad por la paralización de grandes proyectos privados.

UNA HUELGA HISTÓRICA

Desde diciembre de 2015 y hasta hace apenas un mes los zaragozanos han tenido que aguantar esperas de más de una hora y media en las paradas de los autobuses municipales. El motivo, una huelga de los conductores y unos servicios mínimos de apenas el 33% impuestos por el alcalde Santisteve que despertaron las iras de la población. “Pusimos esos servicios mínimos porque teníamos una sentencia que decía que un 50% era abusivo”, justifica Muñoz.

Para el Ayuntamiento, el origen de estos “paros parciales” está en la decisión del anterior gobierno socialista de liquidar a última hora 150 empleos, por valor de dos millones de euros, cuando se cambió de concesionaria de autobús. “Las 35 huelgas de autobús desde el 2000 se han resuelto con el Ayuntamiento pagando y nosotros dijimos que no íbamos a poner dinero”, afirma el portavoz municipal de ZeC.

La oposición, sin embargo, sitúa el foco de las protestas en la remunicipalización de muchos servicios públicos promovido por el nuevo Ejecutivo. “Prometieron que muchas concesiones municipales volverían al Ayuntamiento de Zaragoza y que convertirían en funcionarios a mucha gente. Pero claro, cuando llegaron al poder les dijeron que ellos no habían dicho eso”, asegura Jorge Azcón, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Consistorio zaragozano.

Tras cuatro meses de duras negociaciones, el Ayuntamiento y el potente Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT) llegaron al fin a un acuerdo. El portavoz municipal cree que la solución final no ha sido mala: “Tenemos paz social con una concesionaria complicada y hemos logrado un convenio colectivo de cuatro años [...], queda tiempo para que la gente entienda que se puede conseguir un buen pacto sin poner dinero”.

Sin embargo, el jefe de Política de El Heraldo de Aragón, José Luis Valero, cree que el daño ya está hecho: “La huelga afectó a la credibilidad del Gobierno aunque la parte del electorado que llevó al ZEP al poder es bastante estable”.

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ARCAS PÚBLICAS VACÍAS

Cuando Santisteve llegó al poder se encontró unas arcas públicas raquíticas. “Este problema heredado les ata las manos e impide invertir y generar riqueza para llevar a la práctica todas las leyes de emergencia social previstas por el Consistorio”, argumenta Valero.

Ante esta coyuntura, el Ejecutivo de ZeC recurrió a tres ideas: transparencia, dar participación a la gente y priorizar la política social y la vivienda. “Contamos todo lo que había desde el primer momento, hicimos a los ciudadanos corresponsables de las decisiones y reforzamos el presupuesto de derechos sociales en un 15%”, explica el portavoz municipal.

El PP cree que la acción del Gobierno está agravando el problema y denuncia que la capital aragonesa es la única gran ciudad de España que sigue con un plan de ajuste vigente. “Zaragoza es la ciudad más endeudada de España, más que Madrid, con una deuda por habitante de 1.609 euros y un periodo de pago que ha pasado en un año de 60 a 72 días”, clama Azcón, quien se refiere a los datos del interventor para especificar que la deuda está en el 121% frente al 110% que tolera la ley.

Además, según el jefe de Política de El Heraldo de Aragón, la confrontación directa entre los socios de gobierno mantiene bloqueado el Ayuntamiento: “Llevan un año negociando un Plan de Estabilidad entre ZeC, PSOE y CHA y no hay manera”, afirma.

CONTROVERSIA CON LOS EMPRESARIOS

La importante carestía en inversión pública se une, además, a las protestas de algunos empresarios zaragozanos que acusan al Ayuntamiento de paralizar las inversiones privadas. “El outlet de Pikolin, un nuevo hospital del Grupo Quirón, una promoción de 200 viviendas, el alcalde tiene encima de la mesa proyectos por 200 millones”, repasa el portavoz del Grupo Parlamentario Popular municipal, quien asegura que “generarían 2.000 puestos de trabajo y los tienen parados por cuestiones ideológicas”.

El Ayuntamiento niega la mayor con el hospital de Quirón, “que ya ha dicho que no ha hecho ninguna oferta”, y considera que la apertura de nuevas grandes superficies supone el cierre de pequeños comercios dentro de la ciudad. “Estamos haciendo todos los informes oportunos y esas inversiones pueden ser muy engañosas”, asegura Muñoz, quien advierte: “Se acabó el urbanismo de alfombra roja al que viene con un euro y se le abren todas las puertas”.

MÁS GESTOS QUE GESTIÓN

Actos de partido pagados con dinero público, viajes a las ciudades del cambio en campaña electoral a cuenta de las arcas municipales o, incluso, la gomina que el primer edil guarda en su baño privado del Ayuntamiento copan portadas en los medios regionales y locales.

Para el Ejecutivo municipal, estas anécdotas son una estrategia premeditada del bipartidismo contra todas las alcaldías del cambio. “No pueden atacarnos por nuestra política de fondo”, considera Muñoz, quien presume de que el ‘gobierno del cambio’ devuelve a Zaragoza a la primera división de las ciudades al nivel de Madrid y Barcelona.

“Se creen que el Ayuntamiento es suyo”, protesta Azcón, quien acusa al Gobierno de pasarse el día “hablando de que han cambiado el nombre al Pabellón Príncipe Felipe o de que le han puesto la bandera republicana” para esconder la “falta de gestión con gestos”.

FALTA DE TALANTE DEMOCRÁTICO

Durante este año se ha instalado entre los zaragozanos la idea de que, fruto de los desacuerdos internos, muchas cuestiones se resuelven a golpe de decisión del alcalde. “Una mayoría política dice una cosa en el pleno y el Gobierno hace la contraria”, acusa el portavoz del PP, preocupado ante la “falta de talante democrático”.

El Ayuntamiento culpa de esta circunstancia a sus socios socialistas quienes, a su juicio, se niegan a llegar a acuerdos en Zaragoza a los que sí están llegando en otros sitios. “Algunas decisiones tienen un componente político muy fuerte”, asegura el portavoz de ZeC, quien acota las actuaciones del ejecutivo a las facultades que les da el gobierno: “Donde podemos, no renunciamos a nuestro programa”, sentencia.

Sea como fuere, este es un ejemplo concreto más de la que ha sido la tónica general de este primer año de 'gobierno de cambio' en Zaragoza: las intenciones son buenas, pero la bronca y las telarañas en las arcas públicas pesan demasiado.