Fracasa la reunión de los partidos para reducir los gastos de la campaña
Los partidos políticos han fracasado en su intento de alcanzar un pacto para recortar el coste de la campaña electoral al no superar las discrepancias en asuntos como el techo de gasto o el envío postal de propaganda electoral.
Así lo ha anunciado el secretario de Organización de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, cuyo partido había sido uno de los impulsores de la reunión. Aunque ha constatado el "fracaso en toda regla", ha mostrado su "orgullo" por "haberlo intentado" y por haber conseguido, al menos, sentar en la misma mesa a distintos representantes del arco parlamentario, para tratar una cuestión de tanto calado.
Pese al desacuerdo, Esparza ha señalado que existe un compromiso individual de cada partido para reducir los gastos.
LOS PUNTOS DEL DESACUERDO
Una de las principales discrepancias ha radicado en que algunos partidos, como el PP, PSOE y CDC querían recortar respecto al presupuesto real que cada uno gastó en la campaña del 20D, mientas que otros como Podemos y Ciudadanos abogaban por reducir el límite de gasto.
Los que defendían la reducción del gasto real se han comprometido a recortar un 30% sus respectivas campañas, ahorrando sobre todo en publicidad exterior: vallas, banderolas y otros soportes, a los que los partidos pequeños se niegan a renunciar.
Otro de los puntos de conflicto ha sido el 'mailing' o envío de papeletas a los ciudadanos, en torno al cual han persistido las tres posiciones iniciales: la del PP, partidario de que siga como está; la de Podemos, Ciudadanos y los partidos minoritarios, que pedían un buzoneo conjunto, y la del PSOE, que proponía mantener el de cada formación, pero que se haga más barato.
DISCREPAN EN EL CÓMO
Con esta oferta, el PP y UPN esperaban desbloquear las negociaciones de la pasada semana, pues aun cuando todos los partidos coinciden en que, al tratarse de una repetición de las elecciones de diciembre, esta campaña debía ser más austera y conllevar recortes, discrepan sobre dónde aplicar la tijera y quién debe asumir el peso del ahorro.
El Estado subvenciona a los partidos con una cantidad por escaño y voto obtenido en las elecciones, y además se hace cargo del envío gratuito de propaganda electoral, conocido como 'mailing', pagando una cantidad por elector (18 céntimos) a quienes obtengan grupo parlamentario.
El pasado sábado, cuando el Ministerio de Hacienda fijó el importe de estas ayudas, que son las mismas que en diciembre, estableció también el tope de gasto subvencionable de un partido para las elecciones de junio, que se aplica en función de las candidaturas que se presentan y que ronda los 13 millones de euros para el conjunto del país.
Ciudadanos y Podemos, que en diciembre gastaron 4 y 2,2 millones respectivamente, apuestan por aplicar la rebaja a ese tope de gasto, al que ellos ni se aproximan, con lo que el recorte afectaría principalmente a los mayoritarios. En concreto, el partido morado quiere dejar el tope de gasto en tres millones y la formación naranja habla de un rector del 50% (máximo de seis millones). También IU aboga por aplicar el recorte sobre el tope legal, al igual que Compromís y ERC.
RECORTE SOBRE EL MÁXIMO LEGAL O SOBRE EL GASTO REAL
Desde el PP, por contra, recuerdan que el tope de gasto ya se redujo un 15% en diciembre con relación a 2011, y, en aras de la "igualdad", apuestan por aplicar el recorte sobre lo que cada uno gastó en esas elecciones, que en su caso ya fue una cantidad un 20% menos que cuatro años antes.
Populares y socialistas defendieron hace una semana un recorte del 30% sobre lo gastado en diciembre, pero su idea fue rechazada por el resto de partidos.
La idea del PP era eliminar la mayoría de la publicidad exterior (vallas, carteles y banderas en farolas), que representa el 20% de un presupuesto de campaña. Para Podemos, eliminar la publicidad exterior es algo "adecuado" pero supone un avance "tímido".
En cuanto al envío gratuito de propaganda electoral, conocido como 'mailing', tanto Ciudadanos y Podemos como Compromís, ERC e IU quieren que, en vez de abonar esta ayuda a cada uno de los partidos con grupos parlamentario, el Estado organice un envío común de papeletas y sobres electorales, al estilo de lo que se hace con el voto por correo.