Medicamentos online e ilegales para una muerte digna
Un fármaco mortal llamado pentobarbital, un zumo y la habitación de un hotel cerca del mar. Dos miembros de la Asociación Derecho a Morir Dignamente han sido condenados a dos años de cárcel, multa y seis meses de inhabilitación acusados de ayudar a morir a una mujer en un hotel de Avilés, en Asturias. Todo ocurrió en marzo de 2012, cuando un miembro de ese organismo en Cataluña entregó a la paciente, que "sufría un trastorno de personalidad con depresión y quería quitarse la vida", unos frascos de pentobarbital, un anestésico que en España se usa en veterinaria. La mujer se tomó ese fármaco mezclado con un zumo en la habitación del hotel, donde murió.
Uno de los implicados es José Mª C., ya fallecido, que supuestamente entregó el pentobarbital a la paciente a cambio de 6.000 euros, una conducta reprobable para la asociación, que presta sus servicios gratuitamente y que se ha desvinculado de la conducta de ese voluntario, del que asegura que actuó “por libre”.
Los condenados son una voluntaria del colectivo y Fernando M., un médico de la organización que envió a José María C. los frascos del medicamento. El organismo afirma que lo hizo porque el otro acusado se los había solicitado porque padecía Párkinson y deseaba tener el producto por si acaso decidía disponer de su vida cuando su sufrimiento fuera intolerable. Pero subrayan que el médico no sabía que José María C. iba a distribuírselos a una tercera persona. En cualquier caso, Fernando M. ha sido condenado, entre otros, por un cargo de complicidad en el suicidio, aunque los sentenciados llegaron a un acuerdo con el ministerio público, de tal forma que, con esta sentencia y al no tener antecedentes, han evitado la entrada en prisión.
"LA MEJOR SUSTANCIA PARA MORIRSE"
En el origen de todo está el pentobarbital, el fármaco que se utiliza en países que tienen despenalizada la eutanasia, como Holanda o Bélgica, y que es “la mejor sustancia que uno puede tomar para morirse”, según explican a El Huffington Post fuentes de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. En España, en cambio, no existe ese producto para uso humano y sólo se puede conseguir con fines veterinarios o comprándolo a través de internet, que es el método que siguió Fernando M. Con todo, afirman que en España casi cualquiera puede conseguir un cóctel letal de 200 pastillas, aunque no es el método ideal.
El problema con el pentobarbital, según aseguran las mismas fuentes, es que comprar medicamentos por internet es ilegal “aunque no es delito penal”. “Lo que es un delito penal es distribuirlo. Nosotros no lo sabíamos, la verdad”, añaden. El colectivo afirma que adquirió el pentobarbital en 2011, cuando les llegó una información de una asociación australiana en la que aparecían los correos de los proveedores del producto, situados en China y en México. “Lo que hicimos fue comprobar si era verdad o una estafa. Porque hay un problema: pones pentobarbital en Google y te salen a lo mejor 10 proveedores, pero nueve son una estafa”, destacan.
El mercado ‘online’ de este producto es un auténtico negocio para quien lo vende. Según la Asociación Derecho a Morir Dignamente, en España a un veterinario le cuesta unos 18 euros, lo mismo que en México. Sin embargo, en internet su precio no baja de los 250 euros. Para adquirirlo, se envía un email al proveedor, que responde con el precio. “A lo mejor te dice: un frasco, 300 euros. Y dos frascos, 500 euros”, aseguran en la organización. El usuario envía el dinero por mensajero y el cartero de Correos lo entrega en el domicilio 15 días después siempre y cuando Hacienda no inspeccione el contenedor en el que va. En ese caso, lo devuelve al origen.
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"HAY MUCHAS ESTAFAS"
“Hay muchas estafas. No se sabe el número porque de esto no se habla. La gente no va a denunciar que le han estafado”, subrayan fuentes de la asociación, que aseguran que los frascos que compraron sólo se los enviaron a José María C, que fue quien los pagó. Posteriormente, aseveran, destruyeron el resto porque “empezó a haber dudas sobre la seguridad del tema”. “Fue una idea que luego vimos que era temeraria”, reconocen.
El verdadero problema para el colectivo es que estos procesos se tienen que hacer de forma oculta en España, un país en el que está penado hasta con cinco años de cárcel tanto el suicidio asistido -la actuación del profesional médico que se limita a proporcionar al paciente los medios necesarios para que sea él mismo quien se produzca la muerte- como la eutanasia -otra persona es el agente activo respecto de quien la solicita-. Sí está permitida la eutanasia pasiva, que consiste en el tratamiento sintomático y la sedación paliativa. Todo ello pese a que seis de cada diez españoles están a favor de regular por ley la eutanasia y más de la mitad apoyaría hacer lo mismo con el suicidio médicamente asistido, según un estudio del CIS de 2009.
En Oregón, por ejemplo, el paciente va al médico, cuenta su situación y, si está de acuerdo, le da una receta, va a la farmacia y compra el producto. “Casi la mitad de los que lo compran no se lo toma. Pero muchas personas quieren tenerlo por si acaso. Sabemos de socios que se lo compran por internet, con todo el lío que conlleva, se les caduca y piden otro. Porque tiene una enfermedad pero van aguantando. No quieren tomar esa decisión ya”, explican desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente.
El colectivo es, en cambio, más partidario del modelo de Holanda o Bélgica, en el que el paciente expresa su voluntad de morir, el médico le pregunta por qué y, si llegan al convencimiento de que no hay una opción mejor, el facultativo pide el informe de otro especialista. Cuando le da el ‘ok’, el médico concerta la cita con el paciente y este fallece.
POR SU CUENTA CON PRODUCTOS QUE SE CONSIGUE
El colectivo subraya que su planteamiento es atender aquellos casos a los que no atiende el sistema sanitario. “Siempre intentamos que la gente recurra a los recursos convencionales. Si es un enfermo terminal, a su unidad de cuidados paliativos; si está en una residencia, pues los geriatras y que planteen cuál es su voluntad...”, subrayan. La asociación de Madrid recibe unos 150 casos al año, aunque de ellos sólo unos 35 requieren “asistencia en el proceso de muerte”. “Cada vez son menos porque lo resuelven bien las unidades de paliativos”, celebran.
Afirman que los casos del pentobarbital fueron puntuales y que el resto son “sedaciones legales a demanda del paciente cuando la situación clínica lo justifica”. “En la mayor parte de los casos, la persona lo hace por su cuenta con los productos que se ha conseguido él. En el resto, lo que solemos hacer es asistencia en el proceso de muerte”, añaden.
Lo cierto es que Fernando M. también ha sido condenado por un cargo de complicidad en el suicidio en grado de tentativa porque, durante la investigación del caso de Avilés, se descubrió que intentó, supuestamente, suministrar medicamentos a un enfermo terminal de Cádiz. Los fármacos fueron interceptados antes de que llegaran a su destino. “Ahí había un conflicto previo con los de paliativos y terminaron rechazando cualquier posibilidad de sedación a demanda”, afirman fuentes de la asociación.
El colectivo subraya que “una sedación con los fármacos enviados por Fernando M. (que nunca llegaron), utilizados de forma subcutánea en la pauta indicada, no provocan la muerte de forma necesaria y directa, porque no es una combinación letal”. Los acusados ya han escuchado sentencia.
