Rousseff, a un paso de un juicio que le puede costar el cargo
La Cámara de Diputados de Brasil ha votado a favor de abrir un juicio político a la presidenta del país, Dilma Rousseff. Una vez se han pronunciado todos los diputados, 367 de ellos se han mostrado a favor de celebrar un 'impeachment' contra la mandataria, superando el número necesario para aprobar la medida, que era de 342.
La acusación se fundamenta en unas maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
La propia Rousseff ha negado esas acusaciones, al tiempo que su defensa las ha calificado de meras "faltas" administrativas que no bastarían para una destitución, por lo que han repetido hasta el hartazgo que Brasil está frente a "un golpe de Estado".
"NO HAY ARGUMENTO"
Tras la votación, ese mismo discurso fue repetido por el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien insistió en que "no hay un argumento que ponga en tela de juicio la honestidad de la presidenta".
Cardozo dijo que Rousseff recibió el resultado con "indignación y tristeza", pero garantizó que el varapalo de hoy "no abatirá" a la mandataria y dio a entender que el Gobierno aún podría intentar una anulación del proceso ante la Corte Suprema, pese a que el tribunal avaló esta misma semana su legalidad.
Rousseff no tiene "apego a cargos" y "dedicó su vida a luchar por la democracia", por lo que "si alguien cree que se curvará frente a lo que pasó hoy, se equivoca, pues ella luchará así como luchó contra la dictadura para evitar que haya otro golpe de Estado", garantizó el abogado general.
"CRIMEN DE RESPONSABILIDAD"
Esa constante advertencia sobre esa posible "ruptura democrática" cayó, sin embargo, en el saco roto de la Cámara de Diputados, en la que una mayoría calificada coincidió en que esas maniobras contables suponen un "crimen de responsabilidad", que es como la Constitución define las causas para la destitución de un mandatario.
Una vez superado el trámite en la Cámara de Diputados, el Senado deberá instalar dentro de unas 48 horas una comisión especial, que analizará las acusaciones y emitirá un parecer que será remitido al pleno de sus 81 miembros.
Ese procedimiento se puede demorar unos quince o veinte días, por lo que el pleno de la Cámara Alta deberá ser convocado alrededor del 10 de mayo para decidir sobre la apertura del juicio político, que será iniciado si lo respalda una mayoría simple de 41 senadores.
EL PROCESO
Si así fuera, en el mismo momento en que se apruebe el proceso, la mandataria deberá separarse del cargo durante los 180 días que tendrá el Senado para el trámite.
Su puesto, entonces, sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que hace dos semanas rompió con el Gobierno y se posicionó a favor del "impeachment".
Si el proceso acaba con la destitución, Temer deberá completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019, aunque también está bajo amenaza de un juicio político por acusaciones similares a las que pesan contra Rousseff.
En casi todo el país, la votación llevó a decenas de miles de personas a las calles, en las que pese a que se temía que pudiera haber brotes de violencia, casi no hubo incidentes y los pocos que hubo no llegaron a mayores.
