¿Qué ha empujado a Esperanza Aguirre a dimitir?
Esperanza Aguirre se va. Deja la presidencia del PP de Madrid porque, aunque se desentiende de quien manejaba la caja y los dineros en su formación, reconoce que puede haber "responsabilidad política" en su propia actuación, por omisión, si se confirma una irregular financiación del partido.
Sin embargo, las investigaciones policiales y judiciales sobre supuesta corrupción en el PPM no son nuevas, sino viejas de años ya. Y Aguirre nunca antes se vio tentada siquiera a dimitir. ¿Por qué ahora? Ella misma, en rueda de prensa, ha explicado que ahora las últimas noticias afectan a una etapa desde 2004 a 2011 en que Francisco Granados fue secretario general del PP de Madrid, a propuesta de ella misma, puesto con su confianza.
Aquí tienes un repaso a los últimos movimientos contra Granados en el marco de la trama Púnica, más un repaso a los casos de presunta corrupción cometidos en el tiempo en el que Aguirre estaba al mando del partido o de la Comunidad de Madrid.
El pasado jueves, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en la sede del PP de Madrid para registrar el lugar en el que trabajaba el exgerente regional de los populares en Madrid, Beltrán Gutiérrez. Este trabajador, que aún está en nómina del PP madrileño, está investigado por cohecho y blanqueo de capitales, en una trama que apunta a una supuesta financiación irregular del partido en Madrid.
Las sospechas se centran en pagos realizados por el consejero de la constructora OHL, Javier López Madrid, al que fuera gerente del PPM hasta octubre de 2014, Gutiérrez; este empleado del PP abandonó el cargo de gerente tras el escándalo de las tarjetas black de Caja de Madrid, con las que había gastado 58.000 euros.
Esperanza Aguirre hizo una primera valoración de urgencia en la que dijo: "No ha habido que yo sepa financiación ilegal en el PP de Madrid". Recordó que la Benemérita ya había estado tres veces en la sede del PP madrileño, como tratando de restarle peso al nuevo registro. En las dos ocasiones anteriores, los agentes acudieron para que se les facilitara los correos del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y las facturas con empresas relacionadas con la red.
Todos esos registros y la labor de la UCO tienen como raíz las investigaciones del Instituto Armado sobre la Operación Púnica, en la que se desarticuló una supuesta trama corrupta encabezada precisamente por Granados.
La proximidad que hubo en tiempos entre Granados a Aguirre es lo que ha acelerado, según la lideresa, su decisión. De hecho, el viernes, en la comisión de investigación contra la corrupción que la oposición ha logrado abrir en la Asamblea de Madrid, defendió su postura de no echar a Gutiérrez y dijo que no hay indicios ni está probado que se produjera una financiación fraudulenta en el partido. Hoy también entiende que esas noticias no están probadas, pero sí que tienen la "gravedad" suficiente como para irse.
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La sede del PP en Madrid, durante el registro de la Guardia Civil.
La causa inmediata del adiós de Aguirre es esta operación de la Guardia Civil dirigida por el juez Eloy Velasco, con el registro en Génova, en la sede del PP, como punto álgido. Se buscaban pruebas de la financiación ilegal del partido mediante pagos de OHL -una de las mayores constructoras del país-, de aproximadamente dos millones de euros, al parecer a cambio de adjudicaciones irregulares.
Las entregas las habría hecho Javier López Madrid, miembro del consejo de administración de OHL y yerno de su consejero delegado, el poderoso empresario Juan Miguel Villar Mir; y las habría recibido Beltrán Gutiérrez, el gerente de la organización política en Madrid que fue mantenido en la sede tras dimitir por las black. Una serie de anotaciones descubiertas en la agenda de Francisco Granados y publicadas por El Español aceleraron el registro.
El caso Púnica se conoció públicamente en octubre de 2014 y desde entonces Francisco Granados, número dos de Aguirre en el partido entre 2004 y 2011, se encuentra en prisión actualmente. La trama, con ramificaciones en numerosos ayuntamientos y organismos autonómicos deMadrid sobre los que Granados mantenía un considerable poder, se dedicó supuestamente a adjudicar servicios públicos a cambio de sobornos. Quien lideraba ese toma y daca era, supuestamente, el empresario David Marjaliza, amigo íntimo desde la infancia del político. La Justicia estima que llegaron a amañarse contratos por un valor de unos 250 millones de euros.
Otro de los escándalos en los que Aguirre no se ha visto directamente implicada por la justicia pero en los que aparecen personas cercanas a su gestión es el de la trama Gürtel. Se trata de una investigación iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada por la Fiscalía en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional, sobre una red de corrupción política vinculada al PP, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia. El empresario Francisco Correa era quien manejaba los hilos, según los datos encontrados. De él nace una rama, el caso Bárcenas, sobre la contabilidad B del PP, no declarada a Hacienda Pública española.
Fue un concejal de Majadahonda, José Luis Peñas, quien dio a conocer el caso al grabar a Correa. Desde que en 2004 perdió el favor de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno y del PP; Correa se dedicó a dar sobornos y regalos a alcaldes y altos cargos del PP, entre otros del madrileño, a cambio de adjudicaciones. Podían ser para sí mismo o para otros, a los que pedía comisiones.
El mayor de los cargos afectados por la Gürtel fue un hombre de la máxima confianza de Aguirre, Alberto López Viejo, que llegó a ser número dos en la Consejería de Presidencia cuando ella era la máxima mandataria regional. López Viejo amañó numerosos contratos a favor de Correa y su gente. Uno de los contratos que no casaban, según se descubrió, también afectaba al PP madrileño: la financiación de manera fraudulenta las campañas de Esperanza Aguirre en 2003, a través de la Fundación Fundescam.
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Ignacio González, cuando era presidente de la comunidad madrileña.
También salpicó a Aguirre el caso de uno de sus principales colaboradores, Ignacio González, que hasta hace pocas semanas ha sido también, de hecho, secretario general del PPM. Fue, además, el sucesor de Aguirre cuando, en 2012, ella decidió dejar la presidencia de la Comunidad de Madrid por "motivos personales".
Poco después de esa sucesión se supo que González se había comprado un ático de lujo en una urbanización exclusiva de Marbella (Málaga). El piso estaba dentro de una investigación por blanqueo de capitales. Una grabación de González pidiendo ayuda a dos mandos policiales para que la historia no saliera a la luz fue la puntilla del pupilo de Aguirre.
Supuestamente, ese ático se pagó con dos transferencias por valor de 1,3 millones de euros, hechas por el productor de cine y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a un testaferro de EEUU. Se investiga como una especie de soborno encubierto.
Espías, también espías hubo en la Comunidad de Madrid. En concreto, se desveló una presunta trama de espionaje que se conoció en enero de 2009, cuando El País publicó información sobre estos supuestos casos orientados a seguir los pasos de adversarios directos de la presidenta Aguirre; después fue la justicia la que empezó a investigar qué pasó, pero el caso fue archivado. La juez responsable del auto explica que aunque se hubieran acreditado los espionajes, no conllevan necesariamente la existencia de un delito.
