Comienza en Palma el juicio contra la Infanta Cristina por el caso Noos
Llegó el día. Este lunes, la infanta Cristina de Borbón se sienta en el banquillo en el inicio del juicio por el llamado Caso Noos. Tantos altibajos ha tenido el proceso, tantos cambios la instrucción, que había quien ya creía imposible que llegase este momento. Pero aquí está. La hija mediana de don Juan Carlos y doña Sofía tendrá que enfrentarse a la justicia y dar cuenta de su papel en la madeja tejida por su esposo, Iñaki Urdangarín, y su socio, Diego Torres.
Estas son las claves del que es, posiblemente, el juicio más esperado del año.
La hermana del rey Felipe, a la que el monarca dejó el pasado junio sin el título de Duquesa de Palma, está encausada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias -ejerce como acusación particular-, que entiende que Cristina jugó un papel imprescindible para que su marido, Urdangarín, defraudase 337.138 euros en el IRPF en 2007 y 2008. Lo hizo, dicen, a través de la empresa de la que los dos son propietarios, Aizoon, una de las mercantiles pantalla del conglomerado supuestamente urdido por Urdangarín y su antiguo colega, Torres, para defraudar hasta 6,2 millones de euros de origen público.
Manos Limpias pide para la infanta ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de estos presuntos delitos fiscales, siendo la única acusación que apunta hacia esa culpabilidad, ya que la Fiscalía no ve indicios de que haya cometido delito alguno aunque sí, presuntamente, entiende que ella se aprovechó de los fondos supuestamente defraudados por su esposo.
En el juicio están acusadas 18 personas para quienes las acusaciones piden entre dos y 26 años de cárcel. El tribunal juzgará la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarín y Torres, que percibieron unos 3,5 millones de las administraciones valencianas, 2,5 millones del Govern balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid. Se juzgarán los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración pública, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental por particulares, falsedad en documento público por funcionario, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo.
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Vista de interior de la sala en la que se celebrará el juicio.
El juez José Castro, instructor del caso Noos, imputó a la hermana del rey en abril de 2013. La infanta formaba parte de la junta directiva del Instituto Noos, el organismo por cuyas actividades también se investiga al ex jugador de balonmano y a Torres. El magistrado alegó indicios de cooperación o complicidad en doña Cristina en los delitos cometidos por ellos.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó en el escrito de acusación 19 años y medio de cárcel para Urdangarín, y 16 y medio para Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron acceder de forma "directa e inmediata" a los fondos manejados por distintas Administraciones públicas, eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública y desviar así hasta 6,2 millones de euros de administraciones regionales y locales.
En el mismo escrito, el fiscal Pedro Horrach reclamaba que la infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros. Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que Cristina habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarín en el seno del entramado societario, y más concretamente a través de Aizoon.
La Audiencia Provincial de Baleares fijó el pasado octubre que es este lunes, 11 de enero de 2016, cuando debe comenzar el juicio de Noos. La vista dará inicio a las 9.30 horas en un salón habilitado para ello en la Escuela de Balear de la Administración Pública (EBAP) de Palma. Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín son las tres magistradas que forman el tribunal, profesionales que suman 32 años de experiencia judicial y que ya se han enfrentado anteriormente a causas de presunta corrupción.
Como cualquier otro juicio ordinario, la vista oral del caso será pública y, por tanto, estará abierta a la presencia de espectadores, que en la jornada inicial de mañana podrán ser 36 personas. La selección del público se hará por orden de llegada hasta completar las plazas previstas, desde las 8 de la mañana.
Jamás otro miembro de la Casa Real española se ha visto antes en la picota judicial, lo que explica que 600 periodistas de 90 medios de comunicación españoles e internacionales se hayan acreditado para informar del proceso.
Miquel Roca, letrado de la infanta, ha explicado estos días cómo se desarrollará la primera sesión. “Es un día de cuestiones previas y en el que, por lo tanto, no hay más intervención que la de los propios abogados que plantean estas cuestiones previas. A partir de aquí se suspenderá el juicio hasta el 9 de febrero, cuando se habrá notificado la resolución de las cuestiones previas planteadas por las partes”. Tres abogados viajarán de Barcelona a Palma de Mallorca para arropar y defender a la infanta; además de Roca, estarán con ella Pablo Molins y Jesús María Silva, que se irán turnando en un proceso que se espera que dure unos seis meses.
Los abogados de la infanta han reivindicado su inocencia en varios escritos remitidos al juzgado, justificando que ella se limitaba a firmar "sin pedir explicaciones aquellos escritos que, muy ocasionalmente" le pidió rubricar su marido, insistiendo en que ella estaba completamente al margen de la dirección y gestión cotidiana de Aizoon, de la que se encargaba Urdangarín.
Pasada esta primera jornada, los acusados comparecerán para declarar entre el 9 y el 26 de febrero, según el orden propuesto por el Ministerio Fiscal, empezando por el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis Ballester, y los 363 testigos lo harán del 8 de marzo al 17 de mayo. Entre estos últimos están el ex ministro Rodrigo Rato, el ex alcalde y ex presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón o la ex regidora de Valencia, Rita Barberá, todos ellos del PP.
La infanta, según ha desvelado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, se sentará en un extremo de la última fila de los encausados en el juicio. Estará detrás de Ana María Tejeiro, la esposa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y al lado del asesor fiscal Salvador Trinxet, en la tercera de las filas que forman los 18 acusados delante del tribunal. En esta tercera fila se sentará también Urdangarin. Esa posición les sitúa junto a la zona habilitada para el pequeño grupo de periodistas que tendrá acceso a la sala de vistas.
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La infanta y su esposo, paseando por Barcelona.
Así pues, este lunes se expondrán esas cuestiones previas en una sesión con presencia de todos los acusados, incluida la infanta, y en los días posteriores a ese trámite el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma decidirá si juzga a la hermana del rey o la exime finalmente, en aplicación de la llamada doctrina Botín. Los jueces resolverán si se aplica a la infanta la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia del año 2007 referida al banquero Emilio Botín, que establece que, en el procedimiento abreviado, no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, sin que el Fiscal y la acusación particular piden también la condena de una persona.
El debate sobre la doctrina Botín ha sido un elemento teórico clave de la instrucción de la causa y de la posterior transformación del proceso en el juicio. Entonces, tres magistrados de la sección segunda de la Audiencia provincial ratificaron por unanimidad la imputación de la entonces aún duquesa de Palma dictada por el juez Castro y dejaron en manos del instructor la decisión de interpretar en qué medida la doctrina Botín era de aplicación a la infanta.
Añadieron en su resolución que "existe un matiz" que distingue el caso del banquero del de la hermana del Rey: que la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí defienden el "interés público" frente a unos delitos fiscales que atribuyen exclusivamente a Urdangarin, mientras que en el caso de Botín no apreciaban delito.
En el caso también están encausados los antiguos altos cargos autonómicos baleares José Luis Ballester, Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet; los ex responsables públicos valencianos Alfonso Grau, Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado; la ex consejera delegada de Madrid 16, Mercedes Coghen, y el asesor fiscal Salvador Trinxet.
