Elecciones 2015: Las propuestas de los partidos para reformar la Constitución
La Constitución cumple 37 años en mitad de una campaña electoral. El debate sobre su reforma lleva años sobre la mesa pero, en mitad semejante coyuntura, revive y con sangre nueva, la que aportan las formaciones emergentes que aspiran al Gobierno o, al menos, a un trozo de arco parlamentario. Rozando la cuarentena, surgen las preguntas: ¿vale un texto aprobado en los inicios de la transición? ¿Hay que remozarlo? ¿O hay que rehacerlo desde cero?
Esto es lo que piensan, esencialmente, los principales partidos españoles:
Una niña juega con una bandera de España durante el Día de la Constitución de 2014, en Madrid.
Todos quieren cambio, salvo el Partido Popular. El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha repetido con insistencia que su formación se sumará a un debate si se genera, pero "no propondrá reforma alguna". La razón que esgrime es que “la Constitución del 78 simboliza la libertad, la democracia y el pluralismo político. No es el debate ni es el momento para hacer la reforma. No es la prioridad”. Sostiene que "no lo demanda la sociedad" y que mejoras en derechos o funcionamiento de instituciones, en las que los demás fundamentan su deseo de cambio, se pueden llevar a cabo por otras vías.
El PSOE defiende la reforma ante la "insatisfacción actual de los ciudadanos", que necesitan que se garanticen derechos esenciales hoy en riesgo; hay que "dar respuestas al reto de Cataluña y analizar el modelo territorial" e incluir "realidades" que ahora están presentes en España y eran casi una quimera en el 78.
Una línea parecida a la que defiende Ciudadanos. “Reconocemos las bondades de la Constitución del 78, pero, al igual que yo he cambiado, toda la sociedad ha cambiado; nuestras necesidades son distintas. Y necesita actualizaciones. El derecho va por detrás de la sociedad”, resumía Begoña Villacís en la Cadena SER.
Misma senda que sigue UPyD, que defiende sólo tocando la Carta Magna se podrá estabilizar el modelo territorial, cambiar la ley electoral o mejorar la eficiencia de determinadas instituciones.
Podemos dice sí al cambio de articulado, pero sostiene que ha de hacerse una reforma "profunda", que permita dar respuesta a los cinco grandes acuerdos que plantean a los ciudadanos para "recuperar la democracia real, erradicar la corrupción, tener una justicia independiente y profundizar en los derechos sociales”.
Unidad Popular-Izquierda Unida no se conforma con el cambio. Quiere un proceso constituyente. Empezar de nuevo. Sostiene que una reforma parcial será dirigida de nuevo por las "élites" y apenas pondrá parches, mientras que un debate integral incluirá "a toda la sociedad". "Se trata de cambiar las bases de esta sociedad, la correlación de fuerzas, frente a los que sólo quieren imponer nuevas reglas de juego sobre el terreno conquistado", denuncia su candidato, Alberto Garzón.
Niños en su primer día de clase, en un centro de Madrid.
Todos los partidos que abogan por remodelar el texto constitucional defienden, palabra arriba, palabra abajo, una base clara: es urgente reforzar una serie de derechos esenciales que, si bien el texto del 78 ya los citaba, no quedan absolutamente garantizados y se han puesto en riesgo -y aún más, en peligro crítico- en tiempos de crisis. Esos derechos están en la cabeza de todos: son la educación y sanidad públicas, el derecho a la vivienda, el reconocimiento y cuidado de la dependencia, la libertad religiosa absoluta, la eliminación de la pena de muerte -que todavía hoy se contempla para tiempos de guerra-, el derecho a la protección de datos ahora que las nuevas tecnologías hacen saltar las alarmas (esta propuesta es una de las más novedosas de Ciudadanos)...
Vista del salón de plenos del Senado.
El PSOE apuesta por "transformar" el Senado para que sea una cámara territorial con presencia de los Gobiernos o los Parlamentos autónomos y que no sea sólo cámara de segunda vuelta, sino "con capacidad de tomar decisiones sobre leyes que afectan a las comunidades".
UP-IU propone la "reforma del Senado como verdadera cámara de representación territorial que ejerza de contrapeso y evite abusos por parte del Estado Federal en cuanto al desarrollo de las competencias de los territorios. Será una cámara territorial con potestad legislativa propia".
Sin embargo, Podemos, Ciudadanos y UPyD directamente piden que se elimine esta segunda cámara, que consideran que no cumple verdaderamente con las funciones de representación regional para las que fue creada y que el poder territorial puede tener presencia en el Congreso, en comisiones o grupos de trabajo específicos. Conllevaría un importante ahorro, alegan, además.
Las diputaciones provinciales y forales deben desaparecer para Ciudadanos, IU y Podemos, un proceso paulatino hecho con "coordinación", para que no se resientan los ayuntamientos. Las competencias podrían ser asumidas por consejos comarcales o mancomunidades. Lo mismo exige UPyD, que ha calculado que la eliminación de estas instituciones, junto a la fusión de municipios pequeños, supondría un ahorro de 22.000 millones de euros anuales en toda España.
El PSOE se milita a proponer que se "modernicen" y se "reformule" su papel.
¿Qué hacemos con el Consejo General del Poder Judicial? Mientras los socialistas hablan de "corregir sus funciones" para asegurar que "se cumplan las previsiones constitucionales sobre el sistema de nombramiento de sus integrantes, composición, colegialidad y pluralidad", UPyD pide que se elimine y sus competencias pasen al Tribunal Supremo.
Podemos lo mantiene pero para que cumpla con su misión original: "velar por la independencia del Poder Judicial como servicio público". Pero como ahora no ocurre, denuncia, propone la elección directa de sus miembros por parte de los ciudadanos, revisiones de esa campaña y límites de gasto. Muy similar a la propuesta de UP-IU.
Es común también el deseo de citar expresamente a las actuales comunidades autónomas, no recogidas en el texto actual.
Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante el desfile del pasado 12 de octubre.
El PP no toca en principio la materia, pero el bloque compuesto por PSOE. Ciudadanos, Podemos y UPyD plantean en sus programas la modificación del artículo 57.1, por el que se declara que el varón tiene prioridad sobre la mujer a la hora de heredar el trono. Sí, en el siglo XXI.
Unidad Popular-Izquierda Unida va más allá y, dentro de su reforma integral de la Constitución, reclama que se revise si de hecho es la monarquía parlamentaria el sistema que quieren los españoles o si, por contra, prefieren una república. "La forma política del Estado, la monárquica, fue impuesta. Es evidente que mientras ese asunto no se subsane, el Estado actual seguirá
siendo ilegítimo democráticamente, siendo necesario que la figura del Jefe de Estado se realice por el cauce electoral y no por línea sucesoria", señala su programa.
Otra institución que se proponen edulcorar los programas sometidos al voto el 20-D: e excepción del PP, todos los partidos dejan claro que hay que ahondar en la declaración de España como estado laico, no vinculado a religión alguna pero respetuoso con todas ellas.
Podemos y UP-IU contemplan la anulación del Concordato de 1953 con el Vaticano y de los cinco acuerdos que firmó el Estado español con la Santa Sede en 1976 y 1979.
Quieren suprimir la referencia a la Iglesia Católica en el articulado, como lo propone también el PSOE, que ha tenido en la anulación o no del concordato uno de sus vaivenes clave en los últimos meses. Hoy su programa propone "denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede".
La mayoría de formaciones apuestan por una visión más federalista, en la que "Cataluña tenga su lugar en España y, con la Constitución reformada y utilizando los instrumentos federales, se puede dar una oportunidad para que todos nos entendamos”, sostiene el PSOE. Garzón aún cree que "es posible trabajar en el marco de un estado común porque los problemas de Cataluña son los mismos que los del resto de Europa”, mientras que Podemos habla directamente de derecho a decidir, "aunque no queramos que se vayan".
Ciudadanos no abre esa puerta, una postura que le ha dado muy buenos réditos en las pasadas elecciones catalanas. “Para que se solucione el problema lo mejor es que Cataluña esté enmarcada en una España sin problemas", resume. Su idea es fortalecer las oportunidades del territorio y así, creen, se resolverán las tensiones.
El entonces presidente Zapatero, rodeado de sus ministros y de miembros del PP, en plena negociación de la reforma.
En 2011, el PSOE en el Gobierno y el PP pactaron una reforma exprés del artículo 35 de la Constitución, para "garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país". Una medida insólita para tiempos de crisis que generó una notable polémica porque, ante las presiones internacionales para que España se ajustase el cinturón, no se generó apenas debate en España. Se abrió el melón constitucional, pero sólo un segundo y con un objetivo muy claro.
El PP está dispuesto a mantener lo reformado porque "no se puede gastar lo que no se tiene y tener medidas para el equilibrio de las cuentas parece una magnífica regla de conducta”. Para los socialistas, el control del déficit es una garantía para mantener los derechos, pero denuncia que el PP, desde el Ejecutivo en estos cuatro años, ha hecho una lectura "limitadora", "radical". Por eso plantean reformarlo tras la reforma, para "garantizar derechos sociales", más allá de las estrechuras.
AP-IU quiere derogar el cambio, porque "prioriza el pago de la deuda sobre otros gastos". Ciudadanos entiende que este artículo, tal y como está ahora, deja "demasiada manga ancha" al Gobierno, por lo que quiere retocarlo, sin que por ello haya riesgo de gastar más. "Es cuestión de gastar mejor", señalan. Podemos quiere su cambio, para poder garantizar los derechos esenciales de los ciudadanos.
UPyD se opuso en el Congreso, durante su votación, y ahora quiere acabar con él. "El artículo 135, tal y como quedó reformado, lo que hace es maniatar a los gobiernos e impedir que se pueda utilizar ese recurso para hacer política económica, que es hacer política".
