No determina el voto de nadie, no hace que la balanza electoral se incline a uno u a otro lado y, sin embargo, la desclasificación de documentos, el fin de los secretos de estado aplicados por sistema, es un asunto troncal para determinar la transparencia de un estado, su salud democrática. ¿Apuestan nuestros políticos por la luz y los taquígrafos o por el oscurantismo? ¿Está justificada la clásica alusión a la "seguridad nacional" para mantener cientos de miles de documentos en la sombra? ¿Acaso no es madura la democracia española como para encajar ciertas verdades del pasado? ¿O es sólo una estrategia del poder para quedarse con el mango de la sartén?

Mientras en los países más desarrollados se liberan informaciones pasadas dos o tres décadas y, de hecho, es intenso el debate sobre la necesidad de acortar los plazos de espera, España aprobó en 2013 una Ley de Transparencia que poco ha cambiado. Idílico parece su artículo 12, que afirma que "todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública", pero las ilusiones se disuelven dos artículos más adelante, en el 14, que introduce hasta 12 límites al "derecho de acceso" que, en la práctica, suponen un cerrojazo informativo en toda regla. Nada escapa a esas excepciones.

A ello se suma que la base real de esa legislación sigue siendo la Ley de Secretos Oficiales de 1968, es decir, del franquismo, levemente remozada diez años después -no incluía hasta ese momento los fondos reservados-. Hace falta un mandato expreso del Estado para permitir que se conozca un documento. Ni unos ni otros, azules o rojos, han tenido por costumbre ser magnánimos al respecto.

Así que los papeles oficiales en España son secretos de por vida, eternamente. Cuando cumplen 50 años, ya se consideran documentos históricos, pero no hay ni una línea que diga que, pasado ese tiempo, y con la nueva etiqueta que se les asigna, puedan ser abiertos a investigadores o periodistas o ciudadanos en general. Nadie afirma que sean públicos y, en la práctica, no salen a la luz ni con medio siglo de vida.

De nada han servido reclamaciones como las que más de 300 especialistas hicieron hace dos años, exigiendo el desbloqueo inmediato de 10.000 documentos de la dictadura franquista. Su petición cayó en saco roto.

34 años después de aprobada la Constitución -el texto que dio el refrendo democrático definitivo a España-, se produjo el primer intento de desbloquear documentos. La iniciativa la tomó la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón (PSOE), quien planteó la desclasificación de unos 10.000 documentos referidos a acontecimientos de entre los años 1936 y 1968. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero entendía que esos papeles ya no presentaban peligro alguno para la seguridad nacional. Ahí hay respuestas a preguntas sobre la Guerra Civil, la postguerra, la dictadura, las relaciones con la Alemania fascista o el Marruecos colonial...

Conquistada la mayoría absoluta por parte del PP, el sucesor de Chacón, Pedro Morenés, paró máquinas. No saldría ni un papel de su escondite. La razón: su desclasificación suponía un "extraordinario trabajo", generaba "ruido mediático" y había cosas más importantes que abordar. Fin.

Exteriores, en la presente legislatura bajo mando popular, también añadió otro buen puñado de documentos a la categoría de "secretos". La orden no fue siquiera publicada en el BOE. Se supo sólo cuando varios investigadores llamaron a esa puerta y la encontraron cerrada. Dos años después...

LO QUE EXIGEN LOS EXPERTOS

El profesor Fernando Velasco, director de la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, encabeza el movimiento de profesionales que, desde dicho foro, ha elaborado un documento de propuestas -lo tienes, íntegro, al final de esta noticia- para que, de cara a la campaña electoral, los partidos tomen conciencia de que también éste debe ser un debate nacional.

Reclaman que, para empezar, la Inteligencia y la seguridad se convierta en "objeto sistemático de debate y escrutinio público", lejos de ser una materia sombreada de secreto. Los cambios y la evolución de esta parcela son necesarios en un contexto de "revolución" política como el que vive España, sostienen. La "regeneración" es obligada, insisten, y por eso los secretos oficiales y lo que tras ellos hay deben dejar de ser un "arma arrojadiza" entre partidos.

España es "una excepción en nuestro entorno" y por eso y por beneficio "democrático" propio, hay que optar por el aperturismo, defienden en la Cátedra. Lejos de ver fantasmas en una mayor transparencia sobre estos documentos, su progresiva salida a la luz "prestigiarán" el papel de la Inteligencia nacional. Siempre, claro, hay que garantizar que el proceso sea "serio, riguroso y responsable". Nadie busca desvelar cotilleos o usar basura contra el adversario. Es una cuestión de salud democrática.

Entre las propuestas concretas que aportan los expertos -reflexión sobre el asunto en el debate político general, investigación comparada de la situación en otras naciones, creación de una especie de defensor sobre esas cuestiones-, una central: la creación de una Comisión de Inteligencia.

¿Y EN NUESTRO ENTORNO?

En España, por tanto, no hay una ley que regule la desclasificación de documentos y tampoco existe un mecanismo de desclasificación automática que permita levantar el secreto una vez haya transcurrido un periodo determinado, por corto o largo que sea. Nada que ver con lo que ocurre en otras naciones.

Los suecos son pioneros en la materia, con la ley más antigua que se conoce sobre acceso público, de 1766. El derecho a la información es, de partida, uno de los cuatro pilares de su constitución; la Ley de Libertad de prensa, que la incluye, es una de sus normas fundamentales. Allí todo documento es considerado público y cualquier persona -un particular, un profesional, quien sea- tiene derecho a pedirlo sin dar explicaciones. Hay excepciones mínimas, porque a veces pueden catalogarse como secretas algunas frases sueltas o párrafos de un documento, pero nunca un expediente completo.

Se rigen por el llamado Principio de Acceso Público, que "ofrece al pueblo el derecho a estudiar los documentos públicos, un derecho que puede ejercer cuando lo deseen". Cada tipo de documento tiene una caducidad, que va desde los 40 años de los casos relacionados con seguridad nacional, la diplomacia o determinados intercambios económicos a los 70 máximo que se aplican, contrariamente al caso español, a materias que nada tienen que ver con los políticos y la gestión: son más proteccionistas respecto a los documentos que tienen que ver con la salud de los suecos, su seguridad personal y su sexualidad.

La decisión en este caso la toma el NARA (Archivos Nacionales y Administración de Documentos, por sus siglas en inglés). La rutina en este país es que los documentos clasificados pasen a ser públicos a los 25 años, de manera automática. Si el papel en cuestión contiene una fuente sensible, puede poner en peligro a la Inteligencia nacional o explica demasiado a las claras la construcción de un determinado armamento (sobre todo, de destrucción masiva), la cosa cambia. Entonces el secreto dura 50 años.

Hay que esperar pero la norma norteamericana deja claro que ningún documento, por importante que sea, puede permanecer secreto indefinidamente. La desclasificación es "sistemática".

Lo habitual en el Reino Unido es que los documentos se pasen 30 años a la sombra, un tiempo que las autoridades consideran suficiente para que ya no hagan daño en el presente de la nación. Todos los documentos gubernamentales adquieren carácter público transcurrido ese tiempo, salvo si el departamento al que corresponden de mantenerlos en secreto decide hacerlo por más tiempo. Las razones que se suelen aducir para extender el plazo son de relaciones internacionales y seguridad, en su inmensa mayoría. El debate es intenso actualmente para reducir los tiempos medios a 20 años.

Londres tiene no una sino dos dos normas que regulan esta materia: la Ley de Registros Públicos y la Ley de Libertad de Información.

En Francia el caso es ligeramente diferente. Existe una comisión consultiva del secreto de defensa nacional que revisa los casos y decide qué se conoce y cuándo se conoce públicamente.

Y, pese a ello, tampoco hay secreto por los siglos de los siglos. Un decreto de noviembre de 2011 explica que un documento clasificado puede pasar a ser público al cabo de 50 años -desde la fecha en que se emitió o que consta en la carpeta del documento, que a veces varía y, más, en documentos de las grandes guerras-. Si se declara expresamente, algunos informes pueden tardar 75 o 100 años. La única excepción es que nunca se sacarán a la luz documentos relacionados con la construcción de armas de destrucción masiva.

Propuestas de Inteligencia del SISD