La Mesa del Parlament da luz verde al debate de la resolución independentista
La Mesa del Parlament ha desestimado las peticiones de la oposición y ha dado luz verde a la tramitación de la resolución independentista, sin fijar una fecha para el pleno que la debatirá, aunque podría ser el día 9, según ha informado la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell.
"Continuarán todos los trámites normales", ha confirmado Forcadell en rueda de prensa. Esta decisión de la Mesa llega después de la reunión celebrada por la Junta de Portavoces esta mañana y en la que no ha habido acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP -partidarios de seguir la tramitación- y PSC, Ciudadanos y Catalunya Sí que es Pot -que no reconocían la convocatoria al no estar todavía constituido el grupo parlamentario del PPC-.
Será otra reunión de la Junta de Portavoces, la del próximo viernes, la que decidirá el día del pleno para aprobar la resolución independentista, que Forcadell ha dicho que "podría ser" el lunes 9, descartando que sea el viernes 6.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado antes de esta decisión que su partido, el PSC y el PPC presentarán este miércoles recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional si se sigue adelante con la tramitación de la resolución separatista.
La intención del bloque independentista es debatir el texto -que pretende iniciar la "desconexión" con España- antes del debate de investidura. La aprobación del texto podría allanar el camino para un acuerdo entre Junts y la CUP para la investidura del presidente de la Generalitat.
FORCADELL: "NO HEMOS HECHO NADA ILEGAL"
Forcadell ha dicho que la Junta se ha reunido porque este martes "acaba el plazo para cumplir la reconsideración" de la resolución que pidieron PSC, C's y PP, y la Junta no ha admitido esta reconsideración, por lo que la resolución sigue su trámite.
Ha defendido que pidió un informe jurídico a los letrados de la Cámara que le aconsejaron convocar la Junta de Portavoces para hoy y ha alegado que el "derecho a participación" de los populares se ha "respetado", porque se invitó a asistir a la reunión a los once diputados populares, aunque finalmente han descartado acudir.
"No hemos hecho nada ilegal", ha añadido Forcadell, que, en todo caso, ha opinado que C's, PSC y PPC tienen derecho a presentar recursos de amparo al Tribunal Constitucional, como prevén hacer mañana.
Forcadell ha explicado que a partir de este momento se abren dos días para las enmiendas a la propuesta de resolución, plazo que termina el viernes, cuando se convocará otra reunión de la Mesa y de la Junta para convocar la fecha y el día del pleno extraordinario.
La presidenta de la Cámara ha descartado que el pleno sea el viernes porque "no hay tiempo material", pero ha dicho que podría ser el lunes 9, cuando también está previsto el primer pleno de investidura del presidente de la Generalitat.
De esta manera, se celebrarían dos plenos en un mismo día, uno extraordinario el lunes por la mañana para aprobar la resolución independentista y el segundo por la tarde, con el debate de investidura. La votación para investir al president se celebraría inicialmente el martes.
EL GOBIERNO: "SE ESTÁN CRUZANDO LAS LÍNEAS ROJAS"
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha pronunciados sobre la situación y ha explicado que el PP, PSC y Ciudadanos recurrirán en amparo al TC la convocatoria de la Junta de Portavoces del Parlament al considerar que supone una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de los parlamentarios y los ciudadanos.
Antes de presidir en la sede del Instituto Cervantes la presentación de las obras ganadora y finalista del Premio Planeta 2015, la vicepresidenta ha calificado esa decisión como un "atropello a la ciudadanía" por parte de algunos partidos que "están cruzando todo tipo de líneas rojas de lo que es una democracia" y del respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas.
El Ejecutivo considera que en este caso ha habido una vulneración de los derechos fundamentales de los parlamentarios y de los ciudadanos, por lo que, según ha avanzado, los servicios jurídicos del Estado están analizando todas las posibilidades" e inmediatamente se presentarán esos recursos de amparo.
"España es un Estado de derecho y el Tribunal Constitucional (TC) es garante de esos derechos fundamentales y libertades públicas", ha señalado antes de asegurar que, por ello, el Gobierno está coordinando la actuación con el resto de los partidos para "hacer valer ese respeto a los derechos fundamentales".
