Legalizar la eutanasia: ¿sí o no? Las posiciones de los partidos políticos
El debate de la muerte digna vuelve a estar sobre la mesa. El caso de la niña de 12 años ingresada en estado terminal en un hospital de Santiago de Compostela, cuyos padres han pedido que no se siga alargando su vida artificialmente, reabre un tema que los partidos políticos no se han atrevido a abordar. El impacto de este caso ha hecho que este jueves el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez diera un tímido paso adelante al respecto, mostrándose dispuesto, si gobierna en la próxima legislatura, a abrir un debate sobre la eutanasia para tratar de aprobar una ley con el consenso del resto de partidos. Dar este paso resultará difícil, ya que algunas formaciones lo llevan intentando muchos años sin ningún resultado.
Los padres de la pequeña Andrea abogan por una muerte digna para su hija, lo que supone una retirada de la medicación que la mantiene con vida, para lo cual ya hay regulación en la legislación española y se considera una buena práctica médica. Poco tiene que ver con la eutanasia o el suicidio asistido, que consiste en la ayuda de los profesionales médicos para acabar con la vida del paciente que así lo desee y que sí está penalizado. Destaca el caso de Ramón Sampedro, el primer ciudadano en España en pedir el suicidio asistido, y al que le fue denegado. Finalmente murió envenenado ayudado por su amiga Ramona Maneiro que fue juzgada y absuelta por falta de pruebas aunque cuando prescribió el caso admitió haber cooperado.
En el suicidio asistido la actuación del profesional médico se limita a proporcionar al paciente los medios necesarios para que sea él mismo quien se produzca la muerte. En la eutanasia, otra persona es el agente activo respecto de quien la solicita. En España, ambas conductas se consideran malas prácticas médicas y están castigadas con penas de hasta cinco años de cárcel, a pesar de que, según una encuesta del CIS del año 2008-2009, el 64,5% de la población española está de acuerdo en "ayudar a un paciente a morir para evitar su sufrimiento". ¿Por qué ninguno de los grandes partidos políticos se ha atrevido a abordar el tema? ¿Sería posible la derogación del artículo 143 del Código Penal que castiga esta práctica?
La Asociación Federal por el Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) es una asociación sin ánimo de lucro que trata de promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida. Defiende especialmente el derecho de los enfermos terminales a morir sin sufrimiento, si es lo que desean. El presidente federal de la asociación es el doctor Luis Montes, conocido por el Caso Leganés, en el que fue acusado por practicar la eutanasia a enfermos terminales. En el juicio salió absuelto.
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LA EUTANASIA EN ESPAÑA
"Para entender bien esta polémica hay que hacer un recorrido histórico", explica el doctor Montes a El Huffington Post. “En España la Ley General de Sanidad se crea en 1986 y en ella se incorpora la autonomía y se deja claro que el mejor interés lo tiene el paciente o sus representantes”, señala. Esta ley atribuye a los profesionales sanitarios la tarea de explicar a sus pacientes la situación en la que se encuentran y dar un diagnóstico claro para que estos puedan decidir.
"Aparece así el primer derecho del paciente a renunciar al tratamiento cuando lo considere. Si renuncia, se considera alta voluntaria y se va a su casa", continúa Montes. Esto abre una nueva polémica: la del tratamiento de los síntomas o la medicina paliativa, que consiste en conseguir la máxima calidad de vida para los pacientes sin acortarla ni alargarla.
En el año 2002 se aprobó la Ley de Autonomía del Paciente. "Fue en pleno Gobierno de Aznar, pero la orden vino desde la Asamblea Europea", explica el doctor. En esta legislación se aprueba el derecho a una información veraz, científica y entendible para el paciente, a rechazar al tratamiento y a los cuidados paliativos.
TESTAMENTO VITAL
Las prácticas mencionadas anteriormente se llevan a cabo suponiendo que el paciente se encuentra en un estado en el que tiene competencia para tomar determinadas decisiones. Pero, ¿qué pasa si una persona llega a un punto de su enfermedad en el que no es autónoma o competente? En la Ley de Autonomía del Paciente se regula también el derecho a dejar planificados con antelación los cuidados o el tratamiento de la salud del paciente en lo que se llama registros de instrucciones previas o testamento vital.
"El problema del testamento vital es que cada comunidad autónoma es la que proporciona las facilidades para la redacción del mismo", asevera Montes. "En Andalucía, por ejemplo, hay 50 puntos donde se puede hacer y en Madrid sólo uno, con un horario limitado y teniendo que pedir cita previa", explica, añadiendo que "Madrid es una de las comunidades donde más baja es la cifra de personas que firman testamentos vitales". En el año 2013, el número testamentos vitales registrados en España era 150.000.
LA POLÉMICA
La polémica actual que se erige en nuestro país es a raíz del Código Penal que, según el doctor, "justifica lo que son buenas y malas prácticas médicas". El artículo 143 del mismo "califica las prácticas eutanásicas como delitos de inducción al suicidio de un ciudadano a otro y los actos necesarios para que se lleve a cabo". El punto 4 del mismo artículo señala que si hay una petición del ciudadano para que le ayuden a morir se reducen las penas a entre dos y cinco años de cárcel. “Sin embargo, lo que se denomina eutanasia pasiva, que consiste en el tratamiento sintomático y la sedación paliativa, sí que está permitido”, recuerda.
En estos casos es importante el papel de cada comunidad autónoma, ya que “son las que regulan su propia normativa en las leyes autonómicas de muerte digna”. “El problema”, continúa Montes, “es que las competencias autonómicas son limitadas. No pueden despenalizar la eutanasia porque sí. Lo que hacen es particularizar los derechos de la ley”. Esto ya lo han llevado a cabo algunas autonomías como Andalucía, Aragón o Canarias; y el País Vasco está haciendo los trámites. “Lo que sí pueden hacer los gobiernos autonómicos es pedir que se lleve este tema al Congreso. El País Vasco ya lo ha hecho”, concluye.
ASÍ SE POSICIONAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS
La AFDMD ha reunido en un debate a representantes de distintos partidos y profesionales especializados en la eutanasia para plantear la legalización de la misma. El PP declinó la invitación al acto por "problemas de agenda" y, con Montserrat Domínguez como moderadora, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, PSOE y Equo han explicado su posición.
PSOE
Jose Manuel Freire, diputado y portavoz de la Comisión de Sanidad en la Asamblea de Madrid, lamenta que la pasada legislatura su partido "considerase que había cosas más urgentes que plantear la legalización de la eutanasia". "El planteamiento del PSOE no está claro, hay altibajos" explica, aunque asegura que para él personalmente es “el último derecho a conquistar” y que no entiende por qué su partido “no ha hecho de este tema una bandera”. Cree que “alguien ha valorado que es un tema muy polémico” o que “no se ha hecho demasiada presión”. Estas declaraciones las realizó antes de que Pedro Sánchez se pronunciase este jueves.
Los socialistas incluyeron este tema en su agenda política del 2004, pero "con la legislatura de Zapatero no se hizo nada", reconoce Freire. “Confío en que este tema esté en el programa del PSOE para las próximas elecciones. Yo lucharé por ello”, asegura, recordando la ejemplaridad de la Ley Andaluza 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte.
IZQUIERDA UNIDA
Por el contrario, Ricardo Sixto, diputado de EUPV-Els Verds en el Grupo Parlamentario de Izquierda Plural del Congreso de los Diputados, sí que lo tiene claro: en su partido defienden que haya una regulación "de un derecho a disponer de la propia vida". "Queremos poder decidir sobre este derecho", dice. Recuerda que su grupo parlamentario ya ha presentado una proposición de ley para derogar el 143 del Código Penal. "Queremos abrir el debate en el Congreso, pero con el PP ha sido imposible”, se queja, añadiendo que es una demanda social y un problema de muchos profesionales sanitarios. "La dignidad de las personas debe estar por encima de las concesiones religiosas, reclamamos ese derecho como ciudadanos de un país libre".
PODEMOS
Ana Castaño, representante de Sanidad en el Consejo Estatal de Podemos, ha transmitido el apoyo de su partido al doctor Montes. “Una sociedad como la nuestra, que se hace cargo del bien vivir, debe hacerse cargo también del buen morir”, dice. Según esta portavoz, no dejar decidir sobre la buena muerte a los pacientes ni a sus familiares es “exponer a estas personas al capricho de otro”. Reclama que se haga incidencia en la base cultural para cambiar el mito de Dios nos da la vida y “empezar a hablar de Derechos Humanos”. “Para Podemos, hay que ir un paso más allá de la derogación y empezar a pensar en una ley de disponibilidad de la vida”. "¿Quién quiere morir si tiene una buena vida?" concluye.
CIUDADANOS
Ciudadanos no tiene una respuesta clara sobre el tema. Así lo asegura Daniel Álvarez, diputado y portavoz de la Comisión de Sanidad en la Asamblea de Madrid: "Los políticos debemos escuchar a la población antes de tomar decisiones", señala. Es consciente de que hay “aspectos mejorables”. “Debemos ponernos de acuerdo en las definiciones de eutanasia y plantearnos una postura clara”, concluye. Cuando se le pregunta por qué su partido no lo ha hecho, señala que “hasta ahora no se ha puesto fuego en esto”.
EQUO
"Debemos luchar por un estado laico y leyes laicas. Delito es lo que nos perjudica, no lo que dice Dios que nos perjudica", dice Juvenal García, miembro de la Ejecutiva Federal y una de las personas que se encargó de incluir las propuestas sobre la eutanasia en el último programa marco autonómico de Equo. Tanto él como su partido abogan por, no sólo la despenalización, sino la legalización del derecho a una vida y una muerte digna.
UPyD
Ningún representante de UPyD acudió al acto de DMD, pero Julio Lleonart, diputado del partido y responsable de Comunicación de la Dirección del partido ha explicado a El Huffington Post que están a favor de la derogación del artículo 143 del Código Penal. También abogan "por regular tanto el suicidio activo como pasivo". En sus programas anteriores no hay alusiones al tema pero Lleonart ha aclarado que "en el programa que estamos redactando sí que va a estar incluido".
PP
El Partido Popular no se ha pronunciado sobre el tema. El Huffington Post se ha intentado poner en contacto con algún representante del partido y sigue esperando una respuesta. En el año 2012 rechazaron en el Congreso la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para regular los derechos de la persona ante el proceso final de su vida porque "ya existía normativa sobre la materia en España".
EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
En el debate, celebrado en Madrid no sólo hubo representantes políticos. Antonio Sacristán, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Area 5 de Madrid señala que los profesionales "son los que de verdad están con los pacientes" y pueden "hablar desde el barro". Explica que hay muchos mitos sobre los cuidados paliativos que retrasan la derogación del artículo 143 del Código Penal.
Uno de esos mitos tiene que ver con los síntomas. "Los profesionales no controlamos todos los síntomas ni mejoramos la calidad de vida", dice. Nombra tres tipos de pacientes terminales: los más religiosos, que "viven la muerte como un tránsito hacia una vida mejor". Según Sacristán, estos son pocos casos. En segundo lugar, están los pacientes que niegan el proceso, "que no quieren saber nada" y en tercer lugar aquellos que aceptan lo inevitable. Entre estos últimos, están los que consideran que sus últimas semanas de vida "no son vida" y "piden ayuda para morir". "Ni los médicos ni la sociedad podemos mirar hacia otro lado", dice.
Alerta también de que los cuidados paliativos "no funcionan como antídoto" y que "actualmente se producen demandas de eutanasia que por evidentes razones no se pueden hacer ni aceptar" y que esas peticiones las suelen hacer "personas con buenos cuidados y que pueden pensar por sí mismos y quieren un final digno".
¿QUÉ PIENSA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA?
El politólogo Ignacio Sánchez Cuenca también intervino en el acto. Destaca que "cuando las democracias tienen que tratar problemas morales, los políticos pueden pensar que a fin de evitar conflictos es mejor dejar pasar tiempo". Asegura que el caso español es una "anomalía" y que nuestra sociedad es "excepcionalmente madura" en la aceptación de este tipo de problemas sociales. Lo demuestra con los siguientes datos de la encuesta del CIS del año 2009:
Ante estos datos, Sánchez Cuenca se pregunta: "Entonces, ¿qué pasa en España?". Según él, "la respuesta está en los grupos de interés, no en la sociedad". Aboga por "presionar la neutralización de focos de resistencia". "El problema social está resuelto", concluye.
Puedes ver el debate entero aquí:
