Las 5 claves del acuerdo de paz entre Colombia y las FARC
El apretón de manos que ayer recogieron los periodistas gráficos en La Habana, acompañado de sonrisas y de camisas inmaculadamente blancas, está llamado a ser el principio de la solución para el conflicto interno de para Colombia. El acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, auspiciado por Cuba, tiene que poner fin en seis meses a un enfrentamiento viejo de cinco décadas.
Pero ¿qué es realmente lo que se ha acordado? Aquí te damos las claves de un entendimiento que, sin excesos, puede calificarse de histórico.
Por encima de todo, el pacto Colombia-FARC se ha alcanzado porque ha habido acuerdo para establecer un mecanismo de justicia para los crímenes cometidos en el marco de este conflicto, que ha dejado más de 220.000 muertos y más de siete millones de afectados, según datos verificados por Naciones Unidas.
La denominada "Jurisdicción Especial para la Paz" tendrá competencia sobre todos los actores implicados, tanto guerrilleros como miembros de las fuerzas de seguridad colombianas, políticos y empresarios que tengan que responder de sus acciones. El tribunal especial que se creará ex profeso tendrá especial empeño en revisar las denuncias más graves, como secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, tortura, violencia sexual y reclutamiento de menores. Su función será "obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones".
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El presidente de Cuba, Raúl Castro, aprieta las manos del presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño.
Se establecerán tres tipos de penas. Las primeras son para aquellos que reconozcan su responsabilidad en determinados delitos y oscilarán entre cinco y ocho años pero no de cárcel ordinaria, sino de "restricción efectiva de libertad en condiciones especiales", que están por afinar pero que excluyen el ingreso en una prisión convencional. Los condenados deberán cumplir labores de reparación y resocialización en las zonas en las que causaron el daño.
En segundo lugar, se contempla la posibilidad de que aquellos que no confiesen de inmediato sino que asuman su responsabilidad de forma "tardía" durante el juicio tengan igualmente condenas de entre cinco y ocho años, pero estos sí en cárceles normales.
Para quien no se arrepienta ni confiese ni asuma responsabilidad alguna, al fin, se plantean condenas de hasta 20 años si se le declara culpable.
Habrá además una amnistía, "lo más amplia posible", centrada sobre todo en "delitos políticos y conexos", reza el comunicado leído en Cuba. No serán objeto de esa amnistía los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves, como la toma de rehenes, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.
Quienes sean sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz serán indagados y procesados por una corte de 35 jueces, divididos en siete salas y tribunales. Habrá un 20% de magistrados extranjeros, como manera de velar por la integridad total del proceso, a modo de observadores.
De hecho, todo el proceso contará con una supervisión internacional, aún por definir.
El grado de flexibilidad de las condenas ha sido uno de los mayores caballos de batalla de los negociadores. Hasta qué punto es cesión, hasta qué punto es conquista. La definición de las "condiciones especiales" de las penas para aquellos que reconozcan sus crímenes ha logrado desatascar el proceso. Lo que dice el acuerdo es que los condenados tendrán que cumplir con labores de "reparación y resocialización", y que tendrán lugar en la zona donde hayan cometido sus crímenes. "Por la noche no estarán encerrados en una cárcel", ha aclarado Enrique Santiago, abogado español que asesora a las FARC, a la BBC. Entre las actividades de reparación que se contemplan inicialmente están los "programas de desarrollo agrícola, o de quitar minas, o de construcción de escuelas".
Esta vía no convence al expresidente Álvaro Uribe, quien ya ha dicho que "el hecho de que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo, promotor de nuevas violencias".
Human Rights Watch, aunque muestra prudencia ante al anuncio de acuerdo y su desarrollo, avisa de que es "difícil imaginar" que esta salida sea tan justa como la que pueda aplicar la Corte Constitucional de Colombia o, incluso, la Corte Penal Internacional. Evitar la Corte de La Haya era, precisamente, una de las líneas rojas de la negociación, para ambas partes.
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Un grupo de colombianos de Medellín observan el mensaje del presidente Santos en televisión.
El objetivo clave será delimitar todo el proceso judicial, eterno problema en las negociaciones. Toca consensuar el proceso global de abandono y entrega de armas y cómo se garantizará la seguridad de los guerrilleros, una vez que se desarmen.
El proceso deberá ser refrendado, implementado y verificado antes de darlo por acabado. "La última palabra la tienen los colombianos. Serán ustedes, a través de la refrendación popular, quienes decidan si aceptan los contenidos de este acuerdo", ha aseverado el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Las FARC empezarán con su desarme no más de 60 días después de firmado un acuerdo final, sostiene el Gobierno de Bogotá.
El acuerdo de La Habana es importante, además, por otro pequeño gran motivo: se fija, al fin, una fecha concreta para el acuerdo último, El 23 de marzo de 2016. "A más tardar ese día", según Santos. Nunca antes se había marcado con rojo un día en el calendario, un ultimátum para las dos partes en litigio.
Ahora existe el riesgo, claro, de que se retrasen las negociaciones, no se logre el consenso en el tiempo previsto, haya que pedir una prórroga más o menos corta... Pero el hecho de que se ponga un día implica que, esta vez sí, el compromiso de Gobierno y guerrilla con la paz no tiene vuelta atrás.