Los bancos alertan de la "exclusión financiera" de Cataluña si se independiza
Un aviso de gran calado. La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) han alertado de los riesgos que conllevaría la independencia de Cataluña sobre la estabilidad del sector bancario catalán y han advertido de que, si esto sucede, podría producirse una "exclusión financiera".
En una declaración institucional conjunta ante las elecciones autonómicas convocadas en Cataluña para el próximo 27 de septiembre, la patronales bancarias han avisado de que la exclusión de Cataluña de la zona euro comportaría que todas la entidades bancarias con presencia en Cataluña afrontarían "graves problemas de inseguridad jurídica".
Como consecuencia de una ruptura unilateral del marco constitucional vigente, señalan la AEB y la CECA, estas dificultades obligarían a las entidades a "reconsiderar" su estrategia de implantación, lo que podría generar una reducción de la oferta bancaria y conllevaría un riesgo de exclusión financiera y encarecimiento y escasez del crédito.
PRESERVAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL
Las entidades integrantes de la AEB y la CECA -entre las que destacan Caixabank, Banco Santander, BBVA, Bankia, Sabadell y Popular- apuestan por preservar "en todo momento" el orden constitucional y la pertenencia a la zona euro del conjunto de España.
"De otro modo se pondría en grave riesgo el objetivo de las entidades, que no es otro que proteger a sus depositantes y mantener el flujo de financiación a familias, a pymes y a los sectores productivos y generadores de empleo del país", recoge la declaración institucional.
La patronales bancarias aprovechan para hacer un llamamiento a los líderes políticos para que "por medio del diálogo" impulsen las reformas que permitan "seguir progresando en la consecución de mayores niveles de bienestar y cohesión social para todos".
TAMBIÉN AVISAN LOS EMPRESARIOS
Esta declaración se produce el mismo día en el que el Círculo de Empresarios ha presentado otra declaración institucional en la que advierte de los "gravísimos daños" para "la economía española y especialmente la catalana" en caso de que "hipotéticamente prosperase la pretensión separatista".
En la declaración, los empresarios no solo aluden a la salida "inmediata" de Cataluña de los principales organismos internacionales, sino también a la "deslocalización de empresas" y a una caída de "las inversiones, del PIB, de la renta per cápita, del nivel de empleo y, en definitiva, del bienestar social".
Por este motivo, el Círculo de Empresarios apela al "buen sentido de la ciudadanía catalana, que comparte muchas de estas preocupaciones, para que evite con su voto emprender un camino de difícil retorno".
Nació en Barcelona el 31 de enero de 1956 en el seno de una familia ligada a las industrias textil y metalúrgica. Es el mayor de cuatro hermanos.
Antes de llegar a ser presidente de la Generalitat, fue concejal en el ayuntamiento de Barcelona, diputado autonómico y conseller de Jordi Pujol.
En el año 2000 ascendió a la Secretaría General de CiU y en 2002 fue proclamado candidato de la federación a la Presidencia del Govern.
Aunque encabezó la lista más votada, no consiguió acceder a la Presidencia Generalitat ni en 2003 ni en 2006 al unirse los otros partidos en el llamado 'tripartito'.
Artur Mas consiguió ganar las elecciones en 2010 y accedió al Palau. Volvió a revalidar el puesto en las elecciones de 2012.
Si el PP apoyó las políticas económicas del primer mandato de Mas, el diálogo ahora entre Mas y Rajoy es inexistente.
Artur Mas propuso en diciembre del año pasado la celebración de una consulta independentista para el 9 de noviembre de 2014.
Pactó con José Luis Rodríguez Zapatero el nuevo Estatuto catalán, cuyo recorte por parte del Tribunal Constitucional es el origen de la actual situación en la comunidad.
Aunque primero dijo que tenía previsto un viaje a Estados Unidos, finalmente acudió el pasado 19 de junio a la proclamación de Felipe VI.
Ha afirmado que votará 'sí' en la consulta sobre la independencia de Cataluña. El Gobierno sostiene que es un referéndum ilegal.
