Caos e incertidumbre en la comunidad educativa por la aplicación de la 'Ley Wert'
El nuevo ministro de Educación, Íñigo Fernández de Vigo, se ha encontrado con una herencia envenenada de su predecesor, José Ignacio Wert. La Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la polémica Lomce, comenzó a aplicarse el año pasado en los cursos impares de Primaria y tendría que extenderse desde septiembre a los niveles pares de esa etapa y a los impares de la ESO y Bachillerato. Pero el cambio del mapa político tras las elecciones autonómicas de mayo ha hecho que todos los planes salten por los aires.
La aplicación de la ley, que se produjo con más o menos normalidad el curso pasado gracias al dominio del PP en las autonomías, se ha convertido ahora en un verdadero quebradero de cabeza para el Gobierno. Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Canarias, Cantabria, Navarra, el País Vasco y Cataluña pondrán todas las pegas del mundo para impedir que la Lomce, también conocida como ‘Ley Wert’, se lleve a la práctica tal y como estaba concebida. Y hasta feudos del PP como Castilla y León y Murcia han mostrado sus reparos a la ley, aunque la aplicarán en cualquier caso.
La situación ha sumido en un auténtico caos a la comunidad educativa que, a poco más de un mes para el inicio del curso, no sabe a ciencia cierta a qué desarrollos curriculares va a tener que enfrentarse. Además, se corre el riesgo de que dependiendo de la Comunidad Autónoma se estudie con una ley educativa o con otra.
¿HACIA UNA 'LOMCE LIGHT'?
Las regiones son conscientes de que la ley está en vigor, pero cuentan con mecanismos para aplicarla sólo parcialmente y crear así una especie de ‘Lomce light’, dado que la norma les da buen margen de actuación. Por ejemplo, Aragón piensa recuperar Educación para la Ciudadanía. “Como el diseño curricular les da tantas facultades, pueden hacer el diseño curricular de la Loe [la anterior ley educativa impulsada por el PSOE]. Así que el peligro es la fragmentación y una mayor desvertebración del sistema educativo”, alerta Nicolás Fernández, presidente del sindicato de profesores Anpe.
Para él, los problemas derivan de que la Lomce se aprobó sin el más mínimo consenso político y social y desde entonces el diálogo con el ministerio ha sido inexistente. Ante la incertidumbre, Méndez de Vigo se ha mostrado abierto a dialogar, aunque ha dejado claro que la ley se debe cumplir porque es “una exigencia democrática”. Ha admitido, no obstante, que la norma no se puede aplicar igual en todas las comunidades y ha dicho que "se puede ser flexible".
El ministro está manteniendo contactos con las diferentes regiones y ha accedido a convocar, como reclamaban el PSOE y los actores sociales, la conferencia sectorial del ramo, el máximo órgano de interlocución entre los gobiernos central y autonómicos en materia educativa. Pero tendrá lugar el 13 de agosto, demasiado tarde en opinión de Jesús Salido, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa).
"DEFIENDE UNA LEY QUE NO ES SUYA"
“Poco se puede hacer a 15 o 20 días del inicio del curso. Es una declaración de buenas intenciones, nada más. Lo que tenía que haber hecho es tomar posesión y de inmediato convocar la conferencia sectorial, porque el principal problema de este ministro es la herencia envenenada que ha recibido de la Lomce, una ley que tiene que defender y que no es suya”, critica.
Además, el PSOE y la Plataforma Estatal por la Escuela Pública (integrada, entre otros, por el Sindicato de Estudiantes, UGT, CCOO, CGT y Ceapa) han solicitado al Gobierno que paralice el calendario de aplicación de la Lomce el curso que viene. Pero el Ejecutivo no está por la labor.
“Pedimos que consensúe un modelo lo más unánime posible de implantación de la Lomce. Estamos en el mismo país y no podemos tener tantísimos sistema educativos distintos”, reivindica Jesús Salido, de Ceapa, que alerta de que si hasta ahora se han evidenciado desigualdades en el sistema educativo (“según en la comunidad autónoma en la que vives tienes un tipo de ayudas u otras, mejor o peor acceso a la educación o a servicios…”), ahora se va a dar un paso más con la implantación de distintas leyes educativas en los territorios.
Nicolás Fernández, el presidente de Anpe, cree en cambio que la solución no es aplazar la aplicación de la norma. “Si me dan a elegir entre el desbarajuste de aplicar la ley o el caos de la paralización, prefiero el desbarajuste”, asegura, y avisa de que “el caos supone que en unas comunidades unos alumnos vayan por el diseño del año pasado y otros no”. “Los que empezaron el año pasado en Primaria con la Lomce... ¿El curso que viene vuelven a la Loe o a dónde? ”, se pregunta. “Es un escenario perverso porque queda muy poco tiempo”, admite.
"VÍCTIMAS DEL DESCONCIERTO"
Y, mientras, profesores, padres y alumnos siguen sin saber qué les espera a la vuelta de las vacaciones. “Los profesores tienen incertidumbre y son víctimas del desconcierto. Los directores cumplen, pero hay que darles certezas”, subraya Fernández. Salido, de Ceapa, añade que las familias aún no saben si los libros de textos valdrán o no y que los alumnos de bachillerato todavía desconocen qué asignaturas optativas tendrán, dado que cambian en función de la Logse o la Loe.
“En Aragón, por ejemplo, había institutos que ofertan una doble matrícula: en caso de que se aplicase la Lomce y en caso de que no. Pero aún así han tenido que llamar a las familias. Es un caos porque hay gente que pensaba que tenía todo arreglado y se les está llamando”, señala. Y advierte de que habrá familias que en septiembre se encuentren con que no tienen la optativa que han elegido. Un caos en las aulas.
