La UE da el visto bueno al plan de compra ilimitada de deuda pública del BCE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este martes que el plan de compras ilimitadas de deuda pública que anunció el Banco Central Europeo en verano de 2012 se ajusta plenamente al derecho comunitario. A este plan se atribuye haber puesto fin a la crisis que amenazaba la existencia del euro.
La sentencia concluye que este programa, que nunca ha llegado a utilizarse, "no sobrepasa las atribuciones del BCE en materia de política monetaria ni viola la prohibición de ofrecer financiación monetaria a los Estados miembros".
El fallo sostiene que "las características específicas del programa no permiten afirmar que sea equiparable a una medida de política económica" y que el BCE ha dado garantías suficientes de que su intervención no tendría el mismo efecto que la adquisición directa de bonos soberanos de los Estados miembros.
La sentencia supone también un aval indirecto al actual programa de compra de deuda que el BCE puso en marcha el pasado mes de marzo, mediante el cual tiene previsto adquirir hasta 60.000 millones de euros al mes hasta septiembre de 2016 para combatir el riesgo de deflación en la eurozona. Este plan choca de nuevo con el Bundesbank alemán.
ALEMANIA, EN CONTRA
El fallo responde a una cuestión planteada por el Tribunal Constitucional de Alemania. Los jueces alemanes remitieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la demanda de 37.000 ciudadanos alemanes contra el programa de compra de deuda soberana del BCE tras declararse no competente en la materia.
El programa logró calmar a los mercados y empezar a reducir las primas de riesgo de España e Italia, que estaban marcando máximos. "Dentro de nuestro mandato, el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente", lo presentó Mario Draghi, entonces presidente de la entidad.
El BCE se ha mostrado satisfecho con la sentencia, ya que siempre ha defendido sus programas de compra de deuda y ha negado que se tratara de financiación de Estados, algo que prohíbe su mandato, que se limita a asegurar la estabilidad de precios. En un comunicado, ha anunciado que "estudia de momento el texto antes de comunicar más".