El Constitucional avala la privatización del Canal de Isabel II
El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado el proyecto del Gobierno de la Comunidad de Madrid de privatizar el Canal de Isabel II, empresa pública madrileña de suministro de agua.
En una sentencia, desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por cincuenta senadores del PSOE contra dicho proyecto, específicamente algunos artículos de la llamada "ley de acompañamiento" a los presupuestos de la Comunidad, aprobada en diciembre de 2011 por la Asamblea madrileña, que aludían a la privatización de la empresa.
"Mediante un procedimiento que en todo caso se ajustará a los principios de igualdad de trato, publicidad y transparencia", reza el escrito, obliga a que la selección de los socios privados de la empresa mixta se realice de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación, con lo que "no cabe concluir vulneración alguna de los preceptos básicos estatales".
Los socialistas alegaron que vulneraba la reserva de la Ley Estatal para la Regulación de los Contratos Públicos y Concesiones, la legislación estatal dictada en el ejercicio de su competencia sobre el procedimiento administrativo común y la vulneración de los principios de irretroactividad de las normas sancionadoras y de seguridad jurídica.
También desde el PSOE señalaron que se infringía la autonomía local "constitucionalmente garantizada", unos puntos que el Abogado del Estado ya rechazó entendiendo que no se habían vulnerado competencias del Estado y que la disposición impugnada era "conforme a la normativa estatal".
EN MARCHA DESDE 2008
Los planes del Ejecutivo regional comenzaron en 2008, bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre, aunque la crisis los retrasó. Aprobados los presupuestos de 2012, anunció que privatizaría un 49% de la empresa. Además de la oposición de todos los grupos de izquierda, activistas contra la privatización se organizaron en la Marea Azul.
Según el contrato de la nueva sociedad creada para la privatización, de 50 años de duración, se permite la entrada de capital privado en el canal con el fin último de poner en marcha una gestión indirecta. La empresa podrá subir las tarifas según la inflación o por costes adicionales; en caso de no asociarlos a la factura, los asume el Gobierno madrileño.
El Canal produce cuantiosos beneficios que arreglan las cuentas de la Comunidad y varios ayuntamientos pero se declara pérdidas porque sus ingresos no repercuten en sus cuentas.
