España rechaza las cuotas de asilo de inmigrantes en la UE
El ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, pidió este lunes que se revisen los criterios para el reparto de cuotas de demandantes de asilo en la Unión Europea (UE) por considerar que no son justos y que la tasa de desempleo no está suficientemente considerada.
"No estoy de acuerdo con los criterios que se han manejado, hay que darle otra vuelta a ese tema para fijar la capacidad de un Estado", señaló García-Margallo a su llegada del Consejo de ministros europeos de Exteriores que se ha celebrado en Bruselas y en la que han acordado establecer una misión militar naval para contribuir a desmantelar el modelo de negocio de las redes criminales que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo aunque dejan claro que será necesario el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU o el consentimiento de las autoridades libias para poder actuar en sus aguas territoriales o para poder deshacerse o inutilizar las embarcaciones utilizadas por las mafias.
El ministro dijo que el esfuerzo solidario que deben hacer los países tiene que ser "proporcionado, justo y realista", y recalcó que "los criterios que maneja la Comisión Europea no lo son".
LA TASA DE PARO COMO ARGUMENTO
En su opinión, "la tasa de paro es capital para saber cuál es la capacidad de integración de un país en condiciones de dignidad", un criterio que a su juicio está "muy infrarrepresentado" en el reparto de cuotas.
La Comisión Europea planteó el pasado miércoles un sistema temporal de cuotas para distribuir entre los Estados miembros a los demandantes de asilo que ya están en la UE en casos de emergencia, cuando como en la actualidad se produzcan llegadas masivas a las costas europeas, así como un mecanismo para absorber a 20.000 refugiados de países terceros.
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España sería el cuarto país de la Unión Europea que más demandantes de asilo debería aceptar de los que ya se encuentran en territorio comunitario, un 9,1 % del total, tras Alemania, Francia e Italia, y el quinto en absorción de refugiados de terceros países (1.549 del total de 20.000 ofrecidos por la UE para 2015 y 2016).
Los criterios de distribución tendrán en cuenta factores como la situación económica (el PIB y la tasa de desempleo), la población y los esfuerzos realizados previamente por cada país en la acogida de demandantes de asilo. "Comprometerte a integrar inmigrantes a los que no puedes dar trabajo es un mal servicio", consideró García-Margallo.
"ESFUERZO GIGANTESCO"
También pidió que Bruselas tenga en cuenta el "esfuerzo gigantesco'" que España ha hecho en el control de la inmigración ilegal, pues este país tuvo un incremento "masivo y muy rápido" en los años de bonanza económica.
"El esfuerzo que hace España para controlar la inmigración desde Marruecos, Mauritania o Senegal es inmenso" y mayor que el de otros países, algo que repercute en toda la UE, agregó.
LA MISIÓN NAVAL
Mientras, los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE han acordado este lunes establecer una misión militar naval para contribuir a desmantelar el modelo de negocio de las redes criminales que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo aunque dejan claro que será necesario el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU o el consentimiento de las autoridades libias para poder actuar en sus aguas territoriales o para poder deshacerse o inutilizar las embarcaciones utilizadas por las mafias.
"Se acaba de tomar la decisión de establecer una misión naval de la UE para desmantelar el modelo de negocio de los contrabandistas y redes de traficantes en el Mediterráneo", ha confirmado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, a través de su cuenta de Twitter.
En una primera fase, la misión, bautizada EUNAVFOR MED y que estará dirigida por el contraalmirante italiano, Enrico Credendino, "apoyaría la detección y supervisión de las redes de migrantes" a través de la recogida de información y patrullas en alta mar de acuerdo con el Derecho Internacional pero sin necesidad de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
Tampoco la necesitaría para llevar a cabo "el abordaje, inspección, incautación y desvío en alta mar de embarcaciones sospechosas de ser utilizadas para el tráfico de personas y el contrabando" de acuerdo con el Derecho Internacional aunque sí se requeriría en el caso de que se hiciera en "aguas territoriales o aguas internas" del estado afectado, es decir Libia o bien contar con su "consentimiento", de acuerdo con el documento para establecer la misión.
Aunque los Veintiocho evitan expresamente hablar de la posible destrucción de las embarcaciones utilizadas por las mafias, contemplan en una tercera fase "tomar todas las medidas necesarias contra una embarcación o sus activos relacionados" incluido deshaciéndose de ellos o haciéndoles inoperativos "en el territorio de ese país" de acuerdo con las condiciones que se fijen en una resolución del Consejo de la ONU o con el consentimiento del país.
