Piden la libertad del padre del 'niño de la maleta', que se enfrenta a entre cuatro y ocho años de cárcel
Muchos miran desde la orilla sur del Mediterráneo hacia la orilla norte y sueñan con una vida mejor. Abou O., un costamarfileño de 42 años, la consiguió. Llegó a España en un cayuco y ahora trabaja en una lavandería de forma legal y tiene permiso de residencia en Las Palmas de Gran Canaria, donde vive con su mujer y su hija.
Abou trata de reunirse desde 2013 con su hijo de ocho años, pero el Estado le ha denegado la reagrupación familiar, ya que le faltaban unos 50 de los más de 1.300 euros necesarios para ello (se exigen 799 euros y 266 por cada familiar, y Abou ya había traído a su esposa y su niña). Así que decidió tomar medidas drásticas.
Se puso en contacto con Fátima, una marroquí de 19 años, que accedió a introducir en el país. Lo que no sabían sus padres es que pasaría la frontera dentro de una maleta. El equipaje fue abierto el jueves 7 de mayo por la Guardia Civil de Ceuta, que puso al menor bajo la custodia de la Fiscalía de Menores y detuvo al padre cuando trató de cruzar la frontera a pie para buscarlo.
Abou se encuentra bajo prisión incondicional, acusado de un delito de tráfico de seres humanos por el que le pueden caer entre cuatro y ocho años de cárcel. El niño se llama Abou, como su padre, está siendo tratado de paludismo que sufre desde pequeño y tiene un comportamiento "ejemplar", en palabras de los agentes y los servicios sociales que cuidan de él en un centro de menores en Ceuta.
¿TRÁFICO DE SERES HUMANOS?
La Red Española de Inmigración se ha volcado para tratar de liberar al padre y reunir a la familia una petición de Change.org. "Pedimos a la Fiscalía que contemple este caso de forma más humana y no aplique la ley de forma estricta, porque está pensada para criminales que trafican con personas", señala David Fernández, vicepresidente del organismo en declaraciones a El Huffington Post.
Fernández critica que se mantenga en prisión a Abou porque "no hay riesgo de fuga, tiene un arraigo demostrado en su localidad" y califica la situación de "desesperada". "Queremos que los partidos políticos reflexionen sobre esta ley y las situaciones que provoca y que se posicionen sobre esta situación", manifiesta.
La Red está muy cerca de reunir las firmas de su petición y quiere también que el niño vuelva con su madre, que vive en Canarias, lo que no sucederá si todo sigue el curso normal. "Quedaría al cuidado de los servicios sociales. Creemos que es mejor que esté con su familia", considera Fernández.
Según Fernández, se desconoce con quién vivía el pequeño en su país de origen. Se cree que estaba a cargo de unos vecinos e incluso de un hermano mayor, que seguiría en el país africano.
PSOE, IZQUIERDA PLURAL Y UPYD SE SUMAN A LA PETICIÓN
Varios partidos ya se han mostrado públicamente a favor de sus peticiones. "Con el Código Penal que entra en vigor en verano, este caso no estaría penado porque debe existir ánimo de lucro para que sea considerado un delito. Confiamos en que esto salga adelante por ello", señala el portavoz de la organización.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha asegurado este miércoles que lo lógico es que se permita que al niño estar con sus padres.
"Lo que ponen de manifiesto esos hechos y esos sucesos es la terrible desesperación de muchas familias", ha asegurado Hernando en rueda de prensa en el Congreso.
Izquierda Plural cree que las razones para pedir la liberación de Abu son "más que justas" y ha criticado que se pretenda aplicar el delito de tráfico de personas a un hombre que sólo quería reagrupar a su familia.
La marroquí implicada en el caso también está encarcelada en España, según la información de que dispone la Red. "Hay distintas versiones sobre lo ocurrido, según hable ella o el padre; no parece que sea familiar y podría haber algún ánimo de lucro. Nosotros nos centramos en la reagrupación de esta familia", explica Fernández.
El Estado denegaba una media del 17% de las peticiones de reagrupación familiar antes de la crisis, según Fernández. Desde 2008, este porcentaje se ha incrementado porque no se acredita, a criterio del Gobierno, dependencia económica suficiente. "Aunque para nosotros sí la hay", aclara el vicepresidente de la Red.
