Sáenz de Santamaría explica por qué llamó "amnistía fiscal" a la amnistía fiscal
El Gobierno asumió este miércoles por primera vez el término "amnistía fiscal". Lo hizo por boca de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aseguró: "El Gobierno ha hecho una amnistía fiscal aplicando la ley". La frase tiene su importancia porque hasta ese momento, y durante meses, el Ejecutivo había retorcido el lenguaje para evitar pronunciar el término para que la opinión pública no pensase que el Gobierno facilitaba perdonar en cierta medida el fraude fiscal.
Sáenz de Santamaría ha explicado este viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, por qué utilizó el término "amnistía fiscal". Después de rectificar y llamar al proceso "regularización tributaria" y de advertir que no tiene demasiada importancia cómo se le llame ("llamémosle como le llamemos"), ha subrayado que si pronunció las palabras "amnistía fiscal" fue para que se la entendiese. "Yo en dos minutos y medio estoy para que se me entienda. Hubiese dado igual que lo hubiese llamado de otra manera, porque me hubieran titulado como llevan titulando todo este tiempo", se ha quejado.
En este sentido, la vicepresidenta ha destacado que una amnistía es "el olvido legal de los delitos" y que eso no ha ocurrido en este caso. "La forma de llevar a cabo este proceso no limpiaba el origen que podía ser ilícito o delictivo de ese dinero. Si ese dinero se había obtenido ilícitamente, por mucho que se acogiese a este proceso, iba a ser sometido a una investigación", ha explicado, a la vez que ha repetido que "ni se perdonaban delitos ni se condonaba la deuda tributaria pendiente". "La regularización se hizo de acuerdo a las recomendaciones la OCDE", ha recordado.
Sáenz de Santamaría ha defendido que no se publique la lista de nombres de morosos y defraudadores que maneja Hacienda y que el director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, aseguró que era "la repera patatera".
"En España hay un principio de confidencialidad y secreto de los datos de los contribuyentes. El Gobierno lo respeta, pero cumple con la legalidad de que si detrás hay delitos se investiga. Y eso es lo importante, con independencia de los nombres", ha insistido.
GESTORES PÚBLICOS "CON MAYOR EXPERIENCIA"
La vicepresidenta del Gobierno ha dicho, además, que no se puede abrir un debate sobre incompatibilidades de vida pública y ejercicio privado sin reparar en que "todos queremos gestores públicos con mayor experiencia, que conozcan la realidad sobre la que van a decidir o que van a gestionar". Habla, pues, de un debate "conjunto". Para quien, como ella, entiende que la entrada en política debe estar "limitada en el tiempo", entiende que su ejercicio "no puede llevarse por delante" la "capacidad personal" y el "prestigio" de quien se decide a entrar en un partido y en la gestión pública.
