El Gobierno elude culpar a Marruecos de la muerte de uno de los espeleólogos

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha eludido culpar a Marruecos de la muerte de José Antonio Martínez, uno de los dos espeleólogos españoles fallecido en el Atlas, o acusar al país de negligencia o incompetencia en el rescate, después del relato pormenorizado que Juan Bolívar compartió este jueves. El único superviviente de la tragedia contó cómo la Gendarmería, encargada de su socorro, actuó sin medios personales ni materiales, y sugirió que su compañero, que llevaba varios días malherido, terminó muriendo por la incompetencia de los agentes.

"El Gobierno de Marruecos ha tenido desde el principio la buena voluntad de llevar a cabo ese rescate en las mejores condiciones", ha asegurado Sáenz de Santamaría, "pero hay que reconocer que Marruecos es un Estado soberano que tiene sus propios protocolos de actuación", ha continuado. "Nosotros procuramos dar el máximo apoyo, siempre respetando las condiciones del país de origen", ha añadido.

El hermano de Gustavo Virués, el tercer espeleólogo, que murió en el acto por la caída, ha manifestado "el deseo de la familia de que lo que ha sucedido abra una puerta de esperanza para que se mejore la respuesta institucional en estas emergencias".

El Ejecutivo, en boca de su vicepresidenta, asegura que este Gobierno, como los anteriores, se ocupa y se preocupa de lo que le pueda pasar a los españoles en el exterior. "Lo hacemos de forma preventiva, a través de las recomendaciones de viaje, pero también, a lo largo de los innumerables incidentes que hemos tenido a lo largo de esta legislatura", ha dicho Sáenz de Santamaría, que ha recordado las repatriaciones de cooperantes enfermos de ébola, los secuestros de cooperantes en el Magreb o Siria, y el caso de los espeleólogos. "España trata de prestar el máximo apoyo a los españoles en el exterior", ha insistido.

ACCIONES LEGALES DE LAS FAMILIAS

La familia de Martínez ha anunciado este viernes que emprenderá acciones judiciales. El jueves también anunciaron este tipo de medidas el club de espeleología Ilíberis por lo que consideró "un asesinato por la negligencia de Marruecos, por su prepotencia de querer presumir ante el mundo entero que ellos podían hacer el rescate y por la torpeza del Gobierno de España de creerse lo que le decían y no poner los medios necesarios para paliar la situación".

"Queremos unirnos para hacer fuerza y ver si sacamos algo positivo de esto", ha declarado hoy a los periodistas Antonio Martín, tío político de Martínez, que ha ejercido de portavoz familiar. Ha reconocido sin embargo que esta "lucha contra unos gobiernos" puede ser "imposible y absurda" y, aunque no culpa a los gendarmes que acudieron a tratar de rescatarlos, sí "a los que no dejaron que entraran expertos" a la zona.

La vicepresidenta, que en nombre de todo el Gobierno ha hecho llegar a las familias de las víctimas su apoyo y solidaridad en momentos complicados de dolor, ha eludido respaldar estas acciones judiciales. En un momento complicado de las relaciones bilaterales con Marruecos, tras el anuncio este jueves de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a 11 altos cargos y militares marroquíes por genocidio en el Sáhara, Sáenz de Santamaría ha querido diferenciar la acción del Gobierno de esa iniciativa judicial.

Un proceso muy similar de Francia hace un año interrumpió las relaciones bilaterales entre los dos países en materia policial y antiterrorista. La vicepresidenta ha reconocido que en las relaciones diplomáticas con Marruecos surgen "vicisitudes", pero el mensaje que ha querido lanzar al Gobierno de Rabat es que Moncloa "trabajará para preservarlas". Con la amenaza creciente del terrorismo yihadista, el Ejecutivo no quiere poner en riesgo la cooperación policial bilateral. Por eso, entre la espada y la pared entre el apoyo a las víctimas en sus acciones judiciales y la tensión con Marruecos, Saénz de Santamaría ha evitado pronunciarse: "Desconozco cuáles van a ser esas acciones judiciales. Habrá que esperar a la decisión que adopten las familias".