El Gobierno elimina las tasas judiciales para las personas físicas implantadas por Gallardón
El Gobierno ha aprobado la revisión del sistema de tasas judiciales para suprimirlas a las personas físicas en todos los órdenes e instancia, y el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para racionalizar el reparto de asuntos entre los juzgados. Termina así con una de las reformas estrellas de Gallardón, que aprobó este sistema de tasas hace tres años.
Esta supresión de tasas, prometida por el nuevo ministro de Justicia, se incluye en el decreto de medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social, con lo que se sigue así trabajando "para que la Justicia esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva".
Se mantienen para las personas jurídicas, aunque según ha informado el ministro de Justicia en rueda de prensa, las pymes estarán exentas del pago en las tasas de hasta 2.000 euros.
Catalá ha explicado que la supresión de las mismas para las personas físicas responde a una "reivindicación" de la totalidad de los profesionales del sector que pedían su eliminación.
REFORMA DE LA LEY DEL PODER JUDICIAL
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que la reforma de la ley del Poder Judicial supondrá "agilizar" los tiempos de respuesta de los tribunales.
Además, con esta reforma, que incluye también otras medidas para luchar contra la violencia de género, se quiere lograr "una mayor profesionalización" de los jueces.
Se plantean medidas para especializar juzgados de forma temporal y adscribir jueces o secretarios judiciales al juez que esté conociendo de una causa penal compleja. También se incluyen medidas para equilibrar el reparto entre determinados juzgados.
Además, se extenderá la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para asegurar la especialización y facilitar que las víctimas denuncien.
La reforma contempla también medidas para que el juez de Violencia sobre la Mujer mejore la protección a la víctima al encargarse también de los delitos contra la intimidad, contra la propia imagen de la víctima y del delito de quebrantamiento de condena.
El proyecto contempla que los secretarios judiciales pasarán a llamarse letrados de la Administración de Justicia y que los Institutos de Medicina Legal se convertirán en órganos multidisciplinares para ofrecer una atención integral.
