El juez Andreu impone una fianza de 4,3 millones de euros a 21 imputados por las tarjetas black
21 de los 83 exconsejeros de Caja Madrid -que se gastaron 15 millones con tarjetas black desde 1999 hasta 2012- tendrán que pagar fianzas civiles de entre 11.000 y 610.000, según los casos (4,3 millones en total). El juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, considera que los usuarios de las tarjetas debían saber que se trataba de una "mala praxis". El magistrado descarta que fueran un complemento a su retribución y considera que las usaron "en provecho propio" en perjuicio de la entidad.
Andreu ha tenido muy en cuenta el "contundente" testimonio del exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, que rechazó la que le entregó el expresidente Rodrigo Rato por estimar que se trataba de una "mala praxis", para concluir que los imputados "pudieron y debieron haber puesto de manifiesto esta práctica a fin de evitar la misma".
La más alta de las fianzas, la de 610.000 euros, es la que deberá abonar el exconsejero José Antonio Moral Santín, que representaba a Izquierda Unida (IU) en la caja, para cubrir las responsabilidades penales que puedan derivarse de la causa en la que investiga los gastos por valor de 15,5 millones de euros cargados a las tarjetas B.
En su auto, el juez advierte de que, de no depositar dichas fianzas, se procederá al embargo de los bienes de los imputados y considera evidente que no se trataba de "ningún tipo de retribución o complemento retributivo pues hacerlo con unas tarjetas entregadas de forma discrecional escapa a las normas del sentido común y de la lógica empresarial".
Andreu señala la "inexistencia conocida de soporte contractual (en el contrato de trabajo o mercantil), previsión estatutaria o decisión de los órganos de gobierno, sobre la existencia de esas tarjetas". Añade, además, que su uso no parece conectado con "los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales de los disponentes", y que no las han declarado a Hacienda. Los imputados "pudieron y debieron haber puesto de manifiesto esta práctica a fin de evitar la misma", considera el magistrado.
Según el juez, la emisión de dichas tarjetas respondía única y exclusivamente a los gastos derivados de las labores propias de un consejero, pero los imputados usaron esas visas en fines de semana o festivos, en artículos de lujo y otros productos que "en ningún caso pueden corresponder a gastos de representación".
Para descartar que formasen parte de las retribuciones, el magistrado se remonta a la reunión del Consejo de Administración de Caja Madrid del 30 de octubre, cuando su entonces presidente, Jaime Terceiro, informó de la "entrega de tarjetas visa de empresa a los miembros del consejo y de la comisión de control exclusivamente para gastos de representación".
En este sentido, trae a colación la declaración del propio Terceiro, que el pasado viernes explicó que las visas pasaban por un doble control "cuantitativo y cualitativo", de forma que tenían un límite de gasto de 600 euros que los usuarios nunca llegaron a sobrepasar y cuyos cargos debían justificar ante el secretario general. Esos filtros cambiaron, sin embargo, con la llegada de Miguel Blesa a la presidencia.
¿USO PERSONAL O GASTOS DE REPRESENTACIÓN?
El magistrado menciona así las explicaciones contradictorias dadas por los exconsejeros, ya que mientras unos defendieron que se les facilitó una visa para uso personal, otros señalaron que se les dio para gastos de representación.
Pero "ello no quita que, con independencia de las instrucciones verbales que les pudieran facilitar la persona encargada de la entrega física de la tarjeta", tuvieran y pudieran haber conocido e incluso tener la obligación de "saber para qué y cómo debían hacer uso de los fondos". Y ninguno de ellos, que entre sus funciones estaba la supervisión y control, se preocupó "por conocer los concretos términos" para los que las tarjetas se habían concebido.
Con independencia de los acuerdos a los que llegaran los consejeros sobre el uso de sus visas, el juez concluye que las utilizaron "en provecho propio" y generaron un perjuicio a la entidad.
De esta forma, tipifica estas conductas como un delito continuado de administración desleal, aunque incluye la posibilidad alternativa de considerarlas como apropiación indebida, "teniendo en cuenta que conocían, o debían conocer, que el uso de la tarjeta solo podía estar destinado a gastos derivados de su función".
RODRIGO RATO, SEÑALADO COMO RESPONSABLE
La Audiencia Nacional considera que Rodrigo Rato es el responsable de la emisión de tarjetas B de Caja Madrid, y por tanto, su recurso contra la fianza de tres millones de euros que le impuso el juez Fernando Andreu fue desestimado en noviembre de 2014.
La sección tercera de la sala de lo penal sitúa las tarjetas al margen de "cualquier atisbo de legalidad", y cree que Rato es responsable de "consentir, propiciar y aceptar" este sistema que permitió a 83 exconsejeros y exdirectivos gastar más de 15 millones entre 1999 y 2012.
