7 claves de la reforma universitaria que se aprueba entre críticas
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto que va a reorganizar la duración de las carreras universitarias.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, calcula que la medida supondrá para las familias un ahorro de unos 150 millones de euros, que es lo que cuestan las tasas de un año, al poderse reducir a 3 años la duración de los grados. Así lo ha señalado Wert en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado "el importante ahorro" que provocará en las familias la reducción de algunas carreras universitarias de cuatro a tres años.
Mientras el Ministerio de Educación defiende los cambios para "convenger" con Europa, sindicatos, docentes y estudiantes han protestado por la polémica reforma y argumentan que aumenta el coste de los estudios. El Sindicato de Estudiantes, de hecho, convocará una huelga de 48 horas para protestar por la medida. "Si el Gobierno cree que en los cuatro días que le queda vamos a dejar que supriman el acceso de los estudiantes a la Universidad está muy equivocado", ha explicado Ana García, portavoz de la organización.
Según García, la consecuencia de la norma será la "devaluación" de los estudios en el mercado laboral, por lo que en la práctica dejarán de ser habilitantes para ejercer la profesión. "En la Universidad Complutense de Madrid, un año de master cuesta entre 4.000 y 8.000 euros, lo que permite suponer lo que costarán dos años de master, suponiendo que no suban los precios", ha declarado.
Estas son las claves del nuevo proyecto que va a cambiar la organización del sistema universitario:
1. LA REFORMA "URGENTE" ANUNCIADA
En 2012, el ministro de Educación anunció que se necesitaba una reforma "urgente" del sistema universitario español. José Ignacio Wert empezó a acometer, a golpe de decreto-ley y apoyado en su mayoría parlamentaria, cambios que calificó de "condiciones previas necesarias" para la reforma de calado.
Los recortes se han centrado en un incremento de las tasas, la revisión de las condiciones para obtener becas y su importe, supresión de becas y ayudas, el principio de estabilidad presupuestaria en las universidades, que deben presentar sus cuentas y someterse a un control del déficit (y reducción de gastos en los siguientes presupuestos), y la limitación en la incorporación de nuevo personal universitario.
Adicionalmente, desde 2010 se han recortado más de 6.400 millones de euros en Educación. Todas las reformas han sido recibidas con gran rechazo por parte de la comunidad universitaria, la oposición y los propios estudiantes, muchos de los cuales han tenido que abandonar sus estudios por no poder pagarlos.
Después de estos recortes previos, la hora de la reforma había llegado.
2. LA REFORMA: GRADOS MÁS CORTOS, MÁSTERES MÁS LARGOS
Los cambios emprendidos por Educación permitirán a las universidades ofertar grados de tres años y másteres de dos, junto a los hasta ahora obligatorios de cuatro más uno, con la consiguiente reducción también de horas lectivas y créditos. Cada universidad decidirá qué grados y másteres reduce y amplía.
Con la medida, a partir del próximo mes de septiembre las universidades podrán incluir por lo tanto grados a partir de 180 créditos, en lugar de los 240 que se exigen ahora.
Quedan fuera de la reforma las carreras "con su propia normativa" como ingenierías, arquitectura o ciencias de la salud, que fijan sus propios requisitos para obtener el título. Para acceder al doctorado seguirá siendo necesario haber superado un mínimo de 300 créditos, cinco años de estudios.
Tras la aprobación de este real decreto, el Gobierno prepara la modificación de los requisitos para acreditarse como profesor titular o catedrático, que seguirán unos estándares "equivalentes a los internacionales", y establecer los requisitos necesarios para la creación de nuevas universidades.
El Consejo de Estado ha emitido un dictamen sobre el decreto en el que pide a Educación que aplace la reforma. La cartera de Wert ha rechazado esta sugerencia argumentando que "no existe fecha fija para la implantación de estos nuevos grados" y no se puede pedir un retraso de algo para lo que no hay una fecha exacta.
3. "PARA FLEXIBILIZAR, CONVERGER CON EUROPA Y AHORRAR"
Según la secretaria de Estado de Educación, Universidades y Formación Profesional, Monserrat Gomendio, el Gobierno pretende "flexibilizar" la estructura universitaria para "converger con Europa" y permitir "un ahorro a los estudiantes".
El Ejecutivo ha puesto énfasis en que España optó por un "sistema rígido" durante la implantación de Bolonia, que obligaba a que los grados fuesen de cuatro años y los másteres de uno. Los "países más avanzados" prefirieron un sistema más flexible en el que los grados duran tres, cuatro o cinco años y los másteres entre uno y dos.
La reforma que propone ahora Educación, ha sostenido Gomendio, trata así de converger con Europa y subsanar problemas a la hora de homologar títulos. Señala también que permitirá ahorrar a los estudiantes, ya que el sistema actual los obligaba a cursar un año más, con el consiguiente gasto en tasas universitarias (que cifra en unos 150 millones de euros), mantenimiento y transporte.
4. LICENCIATURAS, GRADOS VIEJOS, GRADOS NUEVOS
La Conferencia de Rectores (CRUE) califica de "imprudente" reformar el sistema de titulaciones universitarias cuando acaban de finalizar las primeras promociones del Plan Bolonia y no se ha evaluado cómo funciona ese sistema.
También destaca que todavía quedan estudiantes de licenciatura en la mayoría de las universidades, lo que generará "caos" tras la aprobación de esta reforma a la hora del reconocimiento de títulos.
Los sindicatos señalan que la medida "generará nuevas disfunciones" en el sistema, al introducir la posibilidad de que un mismo título tenga diferente duración y carga lectiva en dos universidades del mismo país, y critican que la decisión del Ministerio se ha efectuado "sin debate con la comunidad universitaria y sin debate político ni social".
5. DEVALUACIÓN DEL GRADO
El PSOE ha criticado la posible "eliminación de carreras" y la "devaluación del título de grado" al contar con un año menos de aprendizaje, así como los recortes en el profesorado por la reducción de horas lectivas.
Los socialistas critican que el Ministerio se limita a exponer las bondades de la reforma "sin presentar estudios que las respalden y sin que las propias instituciones supuestamente beneficiadas por la reforma las avalen".
Por tanto, exigen que el Gobierno solicite un informe al Consejo de Universidades para valorar los resultados de la vigente ley universitaria y otro a una comisión en la que participen la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Estudiantes Universitarios sobre los efectos que tendrá la medida.
6. A VUELTAS CON LAS PROFESIONES REGULADAS
Izquierda Unida ha criticado los "costes inasumibles" en los másteres necesarios para completar la formación universitaria, que durarán un año más tras la refoma y dejarán a cargo del posgrado parte de la formación que antes se impartía en el grado.
Las titulaciones de grado, aseguran, "no serán suficientes para adquirir la cualificación imprescindible para desempeñar una profesión de alta cualificación en el terreno laboral de la abogacía, el periodismo o la ingeniería'.
La CRUE ha pedido al Ministerio actuar "sin prisas" porque los rectores no quieren "llegar a un punto en que tengan que ponerse de acuerdo para no aplicar el decreto. Esto no tiene que hacerse por mala voluntad, sino por convencimiento".
La número dos de Educación ha asegurado que, en los másteres obligatorios que permiten ejercer las profesiones reguladas, "las tasas son las mismas que para los grados", que los no obligatorios sólo los cursan el 10% de los estudiantes y que "no hay diferencia con las tasas que puedan implantar las universidades".
7. MENOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
IU ha subrayado el recorte de financiación pública que supondrá la medida: "Si antes se financiaban públicamente los cinco años de las licenciaturas, ahora sólo serán los tres años de grado, traspasando a las familias el coste de los másteres y beneficiando a las universidades privadas, que apuestan por los posgrados como su principal ámbito de actividad".
Para el PSOE, otro efecto negativo que la reforma puede tener es "el aumento de los precios de la matrículas que la reforma entrañaría" con esa reducción de la financiación pública, lo que también aumentaría las desigualdades y expulsaría del sistema a los menos favorecidos.
El Consejo de Estado se ha sumado a las críticas en su informe, lamentando "la falta de estabilidad en la regulación de las enseñanzas durante los últimos años" que "no parece beneficiar a la consecución de una educación de calidad en España".
La institución anima al Gobierno a buscar un acuerdo con todas las fuerzas políticas y sociales para cerrar un texto que pueda dar estabilidad al sistema.
