Las claves para entender la lucha de los enfermos de hepatitis C
La lucha que mantienen desde hace semanas los enfermos de hepatitis C entra de lleno en la arena política. Como muestra, dos ejemplos: la visita del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, este lunes a los encerrados en el Hospital 12 de octubre de Madrid y el anuncio del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, de presentar una querella contra el Gobierno si no asegura los tratamientos a los pacientes.
Pero, ¿en qué situación están los enfermos? ¿por qué protestan? Estas son las claves que ayudan a entender su lucha.
Reclaman una partida extraordinaria de 800 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 para tratar a los enfermos más graves de hepatitis C en España. Con ese dinero, argumentan, se podría tratar con los fármacos de última generación a entre 45.000 y 50.000 pacientes graves de esta enfermedad en España, donde, alertan, hay un muerto cada dos horas por hepatitis C.
Cerca de 800.000 personas sufren esta enfermedad en España, pero se calcula que los medicamentos de última generación solo llegarán al 0,6% de los afectados en un año. A pesar de que el moderno fármaco fue autorizado en España el pasado enero, los enfermos afirman que sólo se ha administrado a unas 500 personas y que desde entonces han muerto unos 4.000 enfermos.
El fármaco más avanzado contra la hepatitis C es un principio activo llamado sofosbuvir y comercializado bajo el nombre de Sovaldi por el gigante farmacéutico californiano Gilead. Es conocido popularmente como la penicilina de la hepatitis C por sus elevadas tasas de curación en combinación con otros medicamentos (hasta el 95%).
Estos medicamentos deberían sustituir a la primera generación, el telaprevir y el boceprevir. Ambos mejoraron la tasa de curación (del 40 al 70%), pero hay que administrarlos combinados con otros más antiguos que provocan duros efectos secundarios en pacientes graves. Muchas veces tienen que acabar abandonando el tratamiento.
Simple y duro: es muy caro. Cuesta unos 25.000 euros por cada terapia de 12 semanas, pero como debe prescribirse en combinación con otros fármacos el precio total del tratamiento puede superar los 40.000 euros. El Gobierno ha destinado 125 millones para financiarlo en este ejercicio, de tal forma que sólo unas 6.000 o 7.000 personas, las más graves, tendrán acceso a él.
El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Mario Cortés, quiere que se hagan públicos los detalles de la negociación del Ministerio de Sanidad con los laboratorios para saber cómo se ha llegado al precio de 25.000 euros para financiar el fármaco, ya que, asegura, el mismo tratamiento cuestan 900 euros en Egipto y 600 en la India. En EEUU, 12 semanas de suministro cuesta 84.000 dólares.
Varios grupos de enfermos están encerrados en algunos hospitales españoles. El más numeroso es el que permanece desde hace cerca de 20 días en el 12 de octubre de Madrid. Afirman que no tienen intención de marcharse hasta que el Gobierno no les de una solución, que "pasa poner el dinero encima de la mesa y habilitar una partida presupuestaria extraordinaria".
Además, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C ha convocado para este sábado, 10 de enero, una marcha desde el Hospital 12 de octubre hasta el Palacio de la Moncloa, donde pretenden entregar una carta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y el próximo día 21 organizarán una caravana al Parlamento Europeo para reivindicar su derecho a la vida y denunciar que el Gobierno de Mariano Rajoy les está "dejando morir".
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Por otro lado, la asociación El Defensor del Paciente ha presentado una denuncia contra el Ministerio de Sanidad al considerar que su actuación podría ser constitutiva de delitos contra la salud pública. La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C se querellará contra la exministra de Sanidad Ana Mato por omisión del deber de socorro.
El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ha asegurado que los pacientes que reciban estos tratamientos serán los que decidan las sociedades científicas que deben ser tratados "de manera más inmediata".
Además, ha mostrado su preocupación por las protestas porque, a su juicio, son una muestra de que a los pacientes les están llegando "mensajes distorsionados" sobre las condiciones de uso de estos fármacos.
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha enviado un "mensaje de tranquilidad y esperanza" a los pacientes porque las administraciones están trabajando para que los medicamentos les "puedan llegar" y ha explicado que antes el planteamiento era "cronificar la enfermedad y ahora se abre la puerta a que en el futuro se pueda erradicar" la hepatitis C. También ha recordado que España ha sido uno de los primeros países en incorporar estos nuevos fármacos y que esto ha requerido "negociaciones que, a veces, no son fáciles".
También se quejan. La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), que agrupa a la mayoría de hepatólogos de España, asegura que al menos 30.000 pacientes con hepatitis C deberían beneficiarse de los nuevos medicamentos, frente a los 5.000 a 7.000 que ha calculado el Ministerio de Sanidad para 2015.
Además, han acusado a la autoridad sanitaria de “poner en riesgo la salud de los pacientes” por recomendar tratamientos para algunas situaciones “con una elevada incidencia de efectos adversos graves sin ninguna base científica” contraviniendo las recomendaciones “de cualquier guía nacional o internacional”.
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha dado un plazo al Gobierno central hasta el consejo de ministros del viernes para resolver la situación de 5.000 enfermos en riesgo vital. De lo contrario afirma que presentará una querella ante la Audiencia Nacional, además de "una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el gobierno de la Comunidad de Madrid".
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Gómez ha invitado a Pablo Iglesias, a sumarse a la querella. Precisamente, el líder de Podemos ha participado este lunes en una asamblea a las puertas del Hospital Doce de Octubre, desde donde ha instado al Gobierno a defender el derecho a la vida de los enfermos en lugar de los intereses privados de las farmacéuticas y a evitar que "algunos se forren de dinero mientras hay gente que tiene que morir". Se ha comprometido a llevar la protesta a Bruselas.
UPyD ha pedido que se aprueben "partidas presupuestarias específicas y suficientes" para atender a todos los enfermos de Hepatitis C que lo necesiten.
La portavoz de Sanidad del grupo popular en el Congreso, Teresa Angulo, ha denunciado las "ansias de protagonismo" y "el matonismo político" del secretario general del PSM, Tomás Gómez, que "solo busca titulares" y "no ayudar a los enfermos de hepatitis C".
"Nos parece intolerable que quiera aprovecharse del sufrimiento de los enfermos para buscar un titular y minutos de gloria en la televisión", subraya quien considera que "ese afán de protagonismo no ayuda en nada ni a los enfermos ni a las autoridades sanitarias, que están trabajando para hacer llegar los nuevos medicamentos a los pacientes de hepatitis C a través de un Plan Estratégico".
Algunas, como Asturias y Andalucía, ambas gobernadas por el PSOE, están reaccionando. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestadoque no es admisible que haya laboratorios farmacéuticos que quieran "jugar con la salud" de las personas y ha garantizado que en esta comunidad ningún enfermo de hepatitis C se va a quedar sin acceder al tratamiento que le prescriba un profesional sanitario.
La Consejería de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias también ha afirmado que garantizará el tratamiento con los nuevos fármacos "a todos los pacientes que lo necesiten de acuerdo con los criterios clínicos establecidos y en condiciones de equidad".
