El Pleno de Alicante ratifica oficialmente la dimisión de Castedo
La 'era Castedo' se desvanece oficialmente... sin ella. El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este lunes una sesión extraordinaria para dar cuenta de la renuncia de la hasta ahora alcaldesa, Sonia Castedo, en una jornada marcada por su ausencia y las críticas de los grupos de la oposición (PSPV, EU y UPyD) por el hecho de que no se le haya concedido turno alguno de palabra.
La oposición ha lamentado que Castedo no haya explicado su dimisión públicamente ni ante la corporación y, en cambio, haya anunciado su presencia en un plató de televisión, el próximo sábado en TeleCinco. Pese a que la oposición ha reclamado reiteradamente su presencia para dar explicaciones en el pleno de este lunes, Castedo no ha acudido y, según fuentes de su entorno consultadas por Efe, no tiene previsto comparecer públicamente en los próximos días.
Castedo hizo público a través de su cuenta de Facebook el pasado 23 de diciembre, día de su 44 cumpleaños, que dejaba su acta de regidora, y por tanto el sillón de la Alcaldía, en el que será sustituida por su compañero de bancada del PP Miguel Valor, responsable del área de Cultura y Deportes en la corporación.
"Hoy dejo mi cargo como alcaldesa y doy por finalizada una importante etapa de mi vida en la que toda la ciudad de Alicante me ha hecho sentirme muy feliz. Por ello, quiero daros las gracias a todos, absolutamente a todos, por permitirme alcanzar el sueño de ser vuestra alcaldesa", escribió.
DOBLE IMPUTACIÓN
La ya ex alcaldesa, que se encuentra doblemente imputada en el 'caso Brugal', concretamente en las piezas separadas donde se investigan el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante y el Plan Rabasa, afirmó entonces que tomaba esta decisión "difícil y meditada" por sus hijas y añadía que jamás había hecho "nada deshonesto".
El anuncio en Facebook de su dimisión se produjo apenas un día después de que el juez Juan Carlos Cerón la citara para declarar como imputada por delitos de prevaricación y tráfico de influencias por favorecer supuestamente al constructor y también imputado Enrique Ortiz en un proyecto para construir unas 13.000 viviendas en el barrio de Rabasa y la instalación en el mismo de la multinacional Ikea.
