Portal de transparencia: qué información y qué datos encontrarás
El Gobierno se estrena en transparencia con el portal transparencia.gob.es siguiendo la estela -aunque tarde y mal, según críticos como Transparencia Internacional o la Unión Europea-, de las democracias que ponen a disposición de sus ciudadanos información sobre qué se hace con sus impuestos, los sueldos de altos cargos, catálogo de bienes inmuebles, contratos, subvenciones o convenios.
La web contiene 530.000 registros accesibles de información y más de 30.000 informaciones individuales relativas a currículums, convenios o subvenciones que se han incorporado en estos últimos días. Al entrar en la web, aparte del buscador de información, se pueden visualizar tres iconos: uno relativo a información institucional, otro sobre información normativa y un tercero sobre información económica. También hay enlaces a las webs de La Moncloa, el INE y otras páginas oficiales.
Cuando el ciudadano no encuentre la información que busca, podrá solicitarla y deberá recibirla en un plazo de 30 días. En muchos casos, por ejemplo si el usuario quiere saber con qué empresas o lobbies se reúnen los altos cargos, se encontrará con una negativa de una Administración no tan transparente como pretende.
SOLICITAR INFORMACIÓN EXTRA
La fundación ciudadana Civio, una de las organizaciones que más ha abogado por la transparencia en España, critica el sistema de solicitud de información. El usuario tendrá que identificarse mediante un DNI electrónico o mediante una clave personal. "Este sistema, que ha ocasionado problemas por ejemplo en la declaración del IVA el pasado mes de enero, supone un obstáculo al ejercicio del derecho a la información", afirma Civio, que recuerda que el propio Consejo General del Poder Judicial establece que el acceso a la información “es un derecho fundamental de carácter universal en cuya garantía priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso”.
Cuando un usuario quiera solicitar información se encontrará con esta pantalla, que frenará de golpe muchos intentos:
El ciudadano, si tiene alguno de estos certificados electrónicos, puede solicitar a la Administración información que no encuentre disponible en la web y recibirá una respuesta en un plazo máximo de 30 días. No podrá preguntar todo lo que quiera, sin embargo, porque la propia Ley de Transparencia marca límites relativos a la seguridad ciudadana, la defensa nacional o la protección de datos, entre otros.
Si en el plazo de un mes no hay respuesta de la Administración o la información proporcionada es insatisfactoria, se podrá presentar un recurso ante el Consejo de la Transparencia que presidirá Esther Arizmendi. Un Consejo, por cierto, que ha sido muy criticado por la oposición y por organizaciones expertas en transparencia por no ser un órgano independiente.
Para las solicitudes de información que tengan que ver con la Casa Real se utilizará como canal la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. En abril del año pasado, al hilo de casos que afectaban a la Familia Real como el llamado caso Urdangarín, la institución aceptó ser incluida en la Ley de Transparencia pero solo se podrá conocer aquella información que está en los ministerios y que está presupuestada.
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
De los tres grandes bloques de la web, los dos primeros son un archivo centralizado de información que ya estaba disponible.
En el primero, el relativo a las instituciones, se podrá consultar la información sobre estructura de los ministerios, CV de altos cargos y objetivos de los diferentes departamentos.
De entrada ya se ven deficiencias. Aquí se encuentran formatos que chocan frontalmente contra el concepto de transparencia y accesibilidad: un PDF. En secciones como la estructura de los ministerios, por ejemplo, en lugar de una página en la que el usuario pueda navegar por los distintos departamentos, y explorarlos, uno se topa con un simple organigrama en este formato poco usable.
Se echan de menos también muchos datos. ¿Cuántos funcionarios trabajan en cada departamento? ¿Cuántos altos cargos? ¿Quiénes son? ¿Qué presupuesto maneja cada uno? ¿Cómo les puedo contactar? Algunas de las respuestas se pueden encontrar navegando en otros apartados de la web, pero otros no. Y si la tecnología que hace posible conectar unas páginas con otras -el amigo enlace- existe desde el día que se creó internet, ¿por qué no usarla?
INFORMACIÓN NORMATIVA
El segundo apartado también recoge información que centraliza datos que antes estaba en distintas fuentes, como la web del Congreso, los ministerios o el BOE. Ahora se puede encontrar desde un mismo lugar tanto las leyes en vigor como los anteproyectos que están en fase de elaboración, incluyendo informes de órganos como el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado una vez que el texto ha dejado de ser anteproyecto.
De nuevo, en una primera incursión ya se observan carencias. Veamos por ejemplo el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que se vota este jueves en el Congreso.
¿Qué echamos de menos? Para empezar, no estaría de más indicar en qué fase del proceso legislativo se encuentra la normativa. Sería conveniente, y bastante fácil de hacer, añadir la fecha de los documentos, y que estos estén ordenados cronológicamente, o jerárquicamente según la institución, por aquello de tener un orden lógico. Sabemos que el texto ya ha pasado por varias fases en el proceso parlamentario. Se han hecho enmiendas (nos gustaría saber qué partidos han presentado cuáles), y se ha debatido en la Comisión de Interior (hay actas de lo que opinaba cada grupo), y ha salido un nuevo texto en el que se han suprimido artículos propuestos inicialmente, y se ha votado la propuesta de ley (¿qué ha votado cada diputado?). Entre la documentación que nos ofrece el flamante portal de transparencia no encontramos ninguno de esos documentos intermedios, y el caso es que existen y son públicos. No tenían más que cogerlos de la web del Congreso o, si las 36 personas volcadas en el proyecto y los 300.000 euros que ha costado la nueva web no daban para completarla, al menos podrían remitir a la fuente donde sí se encuentra esa información. Comparen:
INFORMACIÓN ECONÓMICA
El tercero es el apartado más prometedor, pero se queda en eso, una promesa. Es el que recoge información de carácter económico, como datos sobre contratación, convenios, subvenciones, subvenciones a partidos políticos, información presupuestaria, cuentas anuales e informes de auditoría, inventario de bienes inmuebles de la Administración General del Estado, información estadística, resoluciones de autorización y reconocimiento de compatibilidad de empleados públicos, retribuciones de altos cargos, o autorizaciones concedidas para ejercer la actividad privada tras el cese. La mayoría de los datos que componen esta sección estaban también disponibles antes de la creación de este portal.
La información, de nuevo, podría ser mucho más útil para el ciudadano. Veamos por ejemplo el listado de bienes inmuebles de Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Además de saber, por ejemplo, que el Ministerio tiene, a través del Instituto de Turismo de España, un edificio en la plaza Santa Catalina de Jaén, uno quiere saber qué superficie y qué capacidad tiene, para qué se usa (¿oficinas, atención al ciudadano, celebración de eventos?), su valor catastral, si pertenece al Ministerio o lo alquila (y a quién y por qué precio), y qué clasificación energética tiene, por mencionar solo algunos datos que faltan.
Esta parte de la web también centraliza datos que ya se conocían a través de los Presupuestos Generales del Estado, como el sueldo de los altos cargos y las subvenciones a los partidos.
En la sección de los presupuestos generales, una de las más golosas, parece que quién la ha diseñado ha decidido dejar al usuario con la miel en los labios. El buscador no es muy eficaz para hacer solicitudes de datos más precisas, por categoría, por tipo de gasto, por ingresos, por departamentos, por política presupuestaria, etc. Por ejemplo, si queremos conocer el gasto de personal del Ministerio de Cultura y tecleamos esa frase en el buscador, el primer resultado corresponde a gastos de diversos ministerios. Tendremos que hacer dos clics para darnos cuenta de que el documento al que nos lleva no nos da la información que buscábamos. En el segundo resultado, los gastos del Ministerio de Cultura, después de los dos clics de rigor sí llegamos a encontrar un documento en el que buscando daremos con la cifra que queríamos.
El listado general tampoco simplifica ni convierte en amigable los laberínticos tomos amarillo, verde, rojo y gris de los presupuestos. Lo que el usuario encuentra es un listado de 20 páginas sin un orden aparente en el que se mezclan partidas como los "Presupuestos Generales del Estado para el AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO del año 2014" con los "Presupuestos Generales del Estado para el Sector Administrativo Estimativo para el Consorcio Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán del año 2014".
Tampoco hay algo que sería básico en este caso: la posibilidad de tener los datos de los presupuestos en un fichero CSV o excell o lo que el Gobierno prefiera, pero que sea descargable para que el usuario pueda explorar los números, aplicar cálculos, hacer comparaciones, cruzar datos, porcentajes, etc. Es decir, no solo observar las cifras sino poder analizarlas y sacar información de ellas. Para poder hacer algo con los números, tendrá que entrar en cada pieza presupuestaria, donde se encontrará dos opciones: de nuevo -¡oh no!- un PDF y un enlace a una tabla en HTML.
Ese problema, por cierto, la nula disponibilidad de documentos descargables, no es exclusivo de la sección de presupuestos, sino una constante y una de las grandes deficiencias del portal.
Lo volvemos a encontrar en la sección de contratos del Ministerio de Fomento, por ejemplo, que nos presenta un listado con el título de la licitación, sin más. Ningún detalle breve pero necesario, como fecha o importe. Uno tiene que clicar en alguno de los contratos y llegar a la web de contratación del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, para encontrar detalles. Si de verdad se quisiese ser transparente, además de los documentos que se ofrecen, deberían ponerse a disposición del ciudadano las ofertas presentadas, con detalles sobre la puntuación obtenida por cada una de ellas. De esta forma el ciudadano conocería todo el proceso y no tendría ninguna duda sobre la mejor relación calidad/precio de la ganadora.
